Carreteras pide medidas cautelares en el TSJCV contra la aprobación del plan parcial de Cala Mosca

ORIHUELA. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha trasladado al Ayuntamiento de Orihuela que la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana ha presentado un contencioso contra el acuerdo del pleno del 2 de septiembre de 2021 en el que se aprobó definitivamente la modificación puntual del Plan Parcial de Mejora del Sector D-1 Alameda del Mar que corresponde al proyecto de urbanización de Cala Mosca, tal y como ha desvelado Cambiemos.

El grupo municipal celebra que desde el organismo público se haya presentado este recurso y sobre la cual refuerzan su postura de que la aprobación de esta modificación del plan parcial que da el visto bueno a la urbanización estaría sustentado por “irregularidades”. Cambiemos viene defendiendo que se paralice el proyecto y en el pleno advirtió de que además, la aprobación tendría graves consecuencias para el Ayuntamiento.

No es la primera vez que Carreteras advierte de deficiencias para llevar a cabo el proyecto. En agosto de 2019 y tras subsanar varias cuestiones documentales, el Director General de Carreteras emitió un informe desfavorable. Se centraba en la afección a la Red de Carreteras del Estado. El proyecto urbanístico contempla la construcción de más de 2.200 viviendas junto a la N-332 a su paso por Orihuela Costa. Carreteras justificaba su decisión desfavorable al considerar que hay deficiencias en el Estudio del Tráfico y no representa de forma correcta y coherente en los planos las zonas de protección de la N-332. También añadía que no se había establecido las determinaciones necesarias para conseguir las servidumbres acústicas.

Carreteras volvió a emitir un informe desfavorable respecto a la respuesta que trasladó el Ayuntamiento con un nuevo estudio para subsanar las deficiencias indicadas. En julio de 2021, dos meses antes de que llegara a pleno, Carreteras emite otro informe en el que anuncia que sus dictámenes son de carácter vinculante, a lo que el agente urbanizador, el grupo Gomendio envió un escrito de oposición y queja.

20 días después de que PP y Cs aprobaran en pleno la modificación parcial del plan urbanístico, Carreteras solicitó el 22 de septiembre al Ayuntamiento la información sobre ese acuerdo plenario, respuesta que se materializó el 9 de noviembre. Carreteras volvió a recordar que la aprobación definitiva de este plan urbanístico “contraviene la legislación sectorial de carreteras”. En ese escrito le reprochó también que se aprobara aún cuando en septiembre de 2020 había un informe desfavorable. De este modo requirió al equipo de gobierno la anulación o revocación del acuerdo plenario.

No obstante, esa aprobación llegó titubeante al pleno de septiembre. Cs, grupo que ostenta la concejalía de Urbanismo, había llevado a comisión informativa previa al pleno de julio la modificación del plan parcial en cuestión. Sin embargo, el PP en la votación en la comisión se declinó por la abstención, decisión que pilló por sorpresa a Cs. El portavoz del PP, Rafael Almagro, consideró que la propuesta se había hecho de forma “muy arrebatada y con prisas” y pidió más tiempo para estudiar bien el proyecto. Ante este voto, Cs y grupo proponente decidió también abstenerse. PSOE y Cambiemos votaron en contra. Finalmente, y pese a que estos dictámenes son meramente orientativos y no vinculantes, el alcalde decidió no incluirlo en el orden del día. No obstante, en el pleno siguiente –en agosto Orihuela no celebra plenos y los convoca en la primera de septiembre- PP y Cs sí votaron a favor.

El escrito del TSJCV en el que le comunica al Ayuntamiento que Carreteras ha interpuesto un recurso en el que solicita medidas cautelares contra la aprobación definitiva del plan, le otorga un plazo de cinco días para presentar alegaciones. Está fechado en el 4 de febrero.