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plantea 13 solicitudes de modificación al texto aprobado por pp, cs y vox

Cáritas alega contra la ordenanza de convivencia de Alicante para evitar la persecución con multas

18/01/2022 - 

ALICANTE. El proceso de tramitación de la Ordenanza de Convivencia Cívica de Alicante, aprobada provisionalmente en noviembre con los votos de PP, Cs y Vox, suma ahora las alegaciones presentadas por Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante: una de las organizaciones que ha venido mostrando una posición crítica respecto a parte de la regulación contenida en esa normativa, junto a otras entidades como la Plataforma en Defensa de la Pobreza, o los sindicatos CCOO y UGT, por ejemplo. Las alegaciones de Cáritas se sustancian ahora a través de un paquete de 13 propuestas de modificación al texto original presentadas dentro del plazo de exposición al público.

Portavoces de la organización han precisado, a través de un comunicado, que "desde el momento del conocimiento de la propuesta de texto, Cáritas ha estado preocupada por la repercusión que puedan tener algunos de sus artículos en las personas sin hogar y las mujeres víctimas de la explotación sexual, considerando algunos puntos de su articulado lejanos, incluso contrarios, a las políticas sociales puestas en marcha por las administraciones". En esta línea, Cáritas considera que "algunos puntos del texto propuesto por el ayuntamiento se centran más en la imposición de sanciones como solución a la realidad de las personas sin hogar y las mujeres que ejercen la prostitución que en la búsqueda de soluciones a las situaciones de las personas".

Por ello, como se traslada en el documento de alegaciones, "Cáritas considera fundamental la prevención y la no promoción de la criminalización de la pobreza en el espacio público. El espacio público debe ser un lugar de todas las personas, incluso de aquellas a las que se trata de invisibilizar o expulsar por su realidad de pobreza, exclusión o desigualdad", añade el comunicado. Cáritas ve importante "el establecimiento de normas comunes que faciliten la convivencia entre todas las personas de cara a construir un modelo social que humanice la convivencia y relación. Pero ese modelo no ha de discriminar a parte de las personas que conviven en Alicante, especialmente a las personas que no tienen un domicilio o se ven abocadas a ejercer la prostitución", incide.

En base a ello, Cáritas ha realizado 13 alegaciones al articulado del texto, tanto de supresión, como de modificación e innovación, desde una visión de la no discriminación, protección e inclusión de todas las personas que viven en Alicante. Las propuestas realizadas tienen como fin último "el reconocimiento de los derechos de todas las personas, derechos inherentes a las mismas con independencia de su situación personal".

Por otro lado, Cáritas considera que no tiene sentido penalizar a través de una ordenanza municipal cuestiones que ya vienen sancionadas por la normativa civil y penal, por ello propone algunas de las modificaciones planteadas al texto. Además, con el fin de "explicar el espíritu, contexto y contenido de las alegaciones, desde Cáritas Diocesana se pretende acercar la propuesta a los partidos políticos" que conforman el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs). Para ello se tiene previsto solicitar reuniones en los próximos días, según el comunicado.

Además, Cáritas trasladará -tal como hizo en los días previos a la aprobación del texto de la ordenanza- "la necesidad de contar en Alicante con un plan especial de protección de las personas vulnerables del municipio para dar respuesta a las realidades de exclusión que se encuentran en las calles", según concluye el comunicado.

Al margen de las objeciones promovidas por Cáritas, también han trascendido ya las alegaciones registradas por el grupo municipal de Ciudadanos, como avanzó Alicante Plaza en diciembre. En esas objeciones -que, a grandes rasgos, recogen el contenido de las enmiendas que el partido presentó fuera de plazo- también promueven una rebaja de las sanciones previstas y que no se penalice a las mujeres que ejercen la prostitución, si no básicamente a los que contraten sus servicios.

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