Calp rechazará la responsabilidad patrimonial de los concejales en el despido de 14 operarios públicos

CALP. El alcalde de Calp, César Sánchez, ha convocado un pleno municipal para este martes para dilucidar cómo se ejecuta la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al consistorio calpino a readmitir a 14 operarios públicos y las responsabilidades patrimoniales que de ello se derivan. Y es que tanto Compromís como PSPV solicitaron que los ediles -en su mayoría- que propiciaron esos despidos que no participaran en la votación -que se abstuvieran- y de esta manera, que se aprobara la responsabilidad patrimonial para que ellos mismos asumieran con los costes. Finalmente, un informe jurídico externo, encargado por el equipo de gobierno, descarta la abstención y por lo tanto, la responsabilidad no se aprobará merced al voto en contra del PP, que tiene mayoría simple en el pleno.

El informe jurídico establece que el pleno no es el órgano competente para incoar, o, en su caso, resolver, un expediente de responsabilidad patrimonial referido a autoridades o personal al servicio de la corporación, lo que a juicio del letrado de Abogados y Asesores Noguera, los concejales que no deben abstenerse en esta cuestión: "todos tienen interés en el asunto, en un sentido u otro".

Una vez conocido el resultado del informe, el PP ya ha dejado claro que rechazará la responsabilidad patrimonial de sus concejales que aprobaron, en febrero de 2012, la amortización de plazas en el ayuntamiento y, por tanto, el despido de medio centenar de trabajadores. Los que recurrieron al Supremo lograron que los despidos fueran declarados nulos y ahora toca readmitirle e indemnizarles. No obstante, una vez readmitidos, volverán a ser despedidos bajo el argumento de que sus plazas ya no forman parte del organigrama municipal.

Hay que recordar que en su momento, el PP se basó en el dictamen del Tribual de Cuentas, que puso de relieve la situación de bancarrota del Consistorio de Calp y le obligó a amortizar plazas o reducir masa salarial por valor de dos millones de euros.

Compromís considera que la interpretación que hace el informe jurídico "es de nuevo extremadamente forzosa, pues si bien es cierto que la ley no prevé expresamente el órgano competente para la iniciación del procedimiento", "entendemos que el pleno es el máximo órgano del ayuntamiento y que por tanto no hay inconveniente alguno para  que sea este quien decida". 

Pese a ello, la coalición valencianista dice que "no se sorprende que el gabinete jurídico que asesoró favorablemente para la adopción del acuerdo -es decir, los despidos- pretenda evitar que se depuren responsabilidades en sede plenaria, ni nos sorprende tampoco que se interese un informe sobre la competencia de dirimir estas cuestiones después de que se cuestione el deber de abstención". Compromís pide que sea el alcalde, César Sánchez, quién aclare la cuestión en la sesión de hoy.