El alcalde de Calp, César Sánchez.CALP. El Ayuntamiento de Calp acatará la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a readmitir a los 14 trabajadores municipales que fueron despedidos, junto a otros 56. Asimismo, el consistorio les abonará los salarios atrasados, cantidad que podría ascender a más de un millón de euros, según comentaron este lunes fuentes municipales.
De esta manera, asume con total normalidad el fallo de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que ha declarado nulos los despidos de 14 empleados del Ayuntamiento de Calp, cuyos puestos fueron amortizados en una reordenación de la plantilla municipal aprobada por el pleno del Consistorio en 2012.
Ahora, el Alto Tribunal declara nulos los despidos de estos 14 trabajadores, que recurrieron la sentencia en primera instancia del juzgado de lo Social de Benidorm, y condena al Ayuntamiento de Calp a su inmediata readmisión en las condiciones anteriores al despido, con el abono de los salarios dejados de percibir desde ese momento hasta la fecha.
De acuerdo con su doctrina, la sentencia del Supremo indica que el Ayuntamiento demandado no siguió el cauce adecuado, tal como establece el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores para extinguir la relación laboral de trabajadores indefinidos no fijos. El Consistorio amortizó las plazas de 56 empleados laborales, en lugar de recurrir al cauce del despido colectivo, como debería haber hecho según la sentencia.
En cualquier caso, la Sala dispone en su fallo que su decisión sólo afecta a los 14 despedidos que presentaron recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo y no alcanza a los otros 42, también despedidos, que consintieron el pronunciamiento de la sentencia recurrida, ya que ésta es firme para ellos.
Hay que recordar que esa decisión adoptada por el ayuntamiento calpino en 2012 fue mucho más amplia y afectó a más de un centenar de operarios públicos, algunos con contratos temporales, otros indefinidos pero sin plaza fija. La decisión se adoptó después de que el Tribual de Cuentas pusiera de relieve la situación de bancarrota del Consistorio de Calp y le obligara a amortizar plazas o reducir masa salarial por valor de dos millones de euros.
