ALICANTE. La primera reunión de la comisión de seguimiento del pacto presupuestario alcanzado entre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), y Vox concluyó, este miércoles, con un baño de realidad sobre la situación económica en la que se enfrenta el Ayuntamiento de Alicante tras la reactivación de la regla de gasto por parte del Gobierno Central. En realidad, se trataría de una situación que se extendería al conjunto de ayuntamientos y de autonomías, en la medida en que esa política de contención del gasto público -recuperada por la Unión Europea (UE) una vez superada la crisis sanitaria de la covid-19- ha bloqueado la disposición de remanentes de crédito (ahorros heredados de ejercicios precedentes) para el desarrollo de toda actuación que no sea la de amortizar deuda.
Por lo pronto, tampoco se ha habilitado la posibilidad de destinar esos fondos a las llamadas inversiones financieramente sostenibles que sí se venían amparando hasta que se produjo la irrupción de la pandemia, lo que ha abocado al equipo de gobierno a comenzar a planificar un goteo de próximas modificaciones de crédito sobre el presupuesto de 2024 para poder incorporar, al menos, las economías generadas en la licitación de determinados contratos (adjudicados por una cuantía inferior al importe previsto en la convocatoria del concurso), así como fondos disponibles por la falta de cobertura de plazas o por los importes de los dos préstamos bancarios contratados en 2022 y 2023 que no se han llegado a gastar para el fin previsto, según se puso de manifiesto en el transcurso del encuentro.
En principio, el objetivo de los populares es promover la primera de esas modificaciones de crédito este mismo mes de abril, lo que permitiría suplementar partidas con cerca de un millón a partir de las cantidades rescatadas en esos tres supuestos mencionados. A priori, se pretende poder elevar la propuesta a debate en una comisión de Hacienda prevista para el lunes 22, según se dio a conocer en la reunión. De lo contrario, se aplazaría hasta el pleno de mayo. Y a ese ajuste contable le seguirán otros que podrían promoverse en junio, y puede que también en julio, según fuentes consultadas.
Esa realidad económica es la que habría motivado que, de algún modo, se
frenase la puesta en marcha de parte de las medidas reivindicadas por Vox el pasado mes de enero, cuando se alcanzó el acuerdo por el que el PP se garantizaba su respaldo para la aprobación del presupuesto de este año.
De ahí que los cuatro representantes municipales del partido de Santiago Abascal, Carmen Robledillo, Mario Ortolá, Óscar Castillo y Juan Utrera, valorasen que la reunión celebrada con el edil de Hacienda, Toni Gallego, había deparado un balance "agridulce" en tanto que se habrían podido cotejar algunos avances, aunque también la existencia de compromisos por cumplir que todavía figurarían en el debe.
Entre las propuestas de Vox que, según sus representantes, ya se habrían comenzado a ejecutar, figurarían la adquisición de nuevos equipos de seguridad para los agentes de Policía Local o el incremento de fondos para elaborar el Plan Integral de las Partidas Rurales (de 5.000 a 18.000 euros), así como la implementación de medidas de mejora en el barrio de San Antón o la ejecución de reparaciones en el retén de Policía de Juan XXIII, por ejemplo.
No obstante, todavía restarían por implementarse otras propuestas que Vox considera esenciales, como la disposición de tres servicios o oficinas concretas: una destinada a facilitar ayudas a madres gestantes, otra de lucha contra la ocupación ilegal de viviendas y otra de asistencia al cuidador. Y, además, también se incluirían otras actuaciones como el impulso de un museo de belenes y otro específico sobre la Semana Santa. "Vamos a estar muy pendientes de la ejecución de todas ellas y vamos a participar directamente en la elaboración de los expedientes de modificación de crédito para que se incluyan en su totalidad. Pondremos encima de la mesa toda nuestra determinación para cumplir con nuestro programa electoral a pesar de no estar en el gobierno municipal", apuntó Robledillo. Según la información compartida durante el encuentro, la disponibilidad de partidas para desarrollar alguna de esas actuaciones pendientes debería incorporarse en la segunda modificación de crédito.
Entre tanto, el equipo de gobierno prevé poner en marcha el proceso de licitación para contratar el préstamo de 48 millones contemplado en el presupuesto ordinario con el que poder financiar la ejecución de más de 50 inversiones en distintos ámbitos de la ciudad, a través de un plan plurianual. La convocatoria del concurso -que se pretende dividir en varios lotes- podría elevarse a aprobación en Junta de Gobierno entre la próxima semana y la siguiente.
La convocatoria de ese concurso sí sería posible ahora después de que se haya cerrado el informe de liquidación del ejercicio económico de 2023 (con presupuesto prorrogado de 2022) del que ahora se ha dado traslado a la Generalitat y al Gobierno Central para su fiscalización, antes de que se dé cuenta al pleno. Según fuentes consultadas, en ese informe se estimaría que el remanente de tesorería disponible supera los 122 millones, aunque no podrá hacerse uso de esa suma más que para cancelar deuda tras la reactivación de la regla de gasto, como se ha dicho.
Sea como fuere, hasta que se produzca la adjudicación de ese crédito, el equipo de gobierno prevé reorganizar y priorizar las actuaciones que pretendía financiar con cargo a ese nuevo mecanismo, y las que tenía previstas con los dos préstamos previos, para poner en marcha aquellas actuaciones que estén más avanzadas y puedan ponerse en ejecución a corto plazo.