La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Carmen Robledillo, junto al alcalde, Luis Barcala, en la negociación del acuerdo sobre el presupuesto de 2024. ALICANTE. Dicho y hecho. Vox logra su objetivo y prevé mantener este miércoles la primera reunión de la comisión de seguimiento sobre el pacto presupuestario alcanzado con el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), el pasado mes de enero, por el que se garantizó la mayoría necesaria para que esa propuesta de planificación económica quedase aprobada en pleno. Y, a priori, no será un encuentro de trámite: los representantes municipales del partido de Santiago Abascal pretenden instar al PP a que precise cuál ha sido el cumplimiento de los compromisos adquiridos hace tres meses.
Especialmente, respecto a dos puntos que suscitaron la crítica de los tres grupos del eje progresista que conforman la oposición (PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem), al margen de la ausencia de sanciones en la futura regulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Se trata del desarrollo de una oficina de atención a la maternidad en la que se proporcione ayuda a las mujeres gestantes que se encuentren en dificultades económicas, sociales o familiares, y de la puesta en marcha de un servicio para la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas, según se puso de manifiesto en el momento en el que se hizo público el acuerdo entre los dos partidos del centro-derecha.
Lo cierto es que, por ahora, no ha trascendido si alguna de esas dos peticiones ha llegado a tener desarrollo, más allá de las explicaciones que ya se facilitaron en el mismo pleno de presupuestos, así como en respuesta a las críticas manifestadas por las formaciones de la izquierda, respecto a la preexistencia de los programas de ayuda a la maternidad de los que ya se disponía en la Concejalía de Bienestar Social. De ahí que Vox pretenda conocer ahora si se han producido avances adicionales. Y, en caso contrario, reclamarlos. Todo, después de reconocer que sí se habrían adoptado medidas reivindicadas en la negociación del pacto como la dotación de equipos de seguridad personal para los agentes de Policía Local, según fuentes consultadas.
En cualquier caso, Vox pretende aprovechar el encuentro -concertado, en principio, con el edil de Hacienda y Deportes, Toni Gallego- para conocer en qué fase se encuentran las modificaciones de crédito a las que se demoró la inclusión de fondos para cumplir con el resto de acuerdos incluidos en el pacto. Entre ellos, también se incorporó el impulso de un proyecto para construir una comisaría de Policía Local en la Zona Norte, el aumento de la flota de vehículos del cuerpo, la conclusión de las obras del Parque de Bomberos de Playa de San Juan, la segunda fase de la renovación del paseo de la avenida de Niza, la reforma del vial de los Cipreses, un plan de actuación integral en el barrio de San Antón y otro plan de ayuda a la digitalización a autónomos y comerciantes, además del aumento de la asignación económica para la Escuela Taurina Municipal o la construcción de un Museo de la Semana Santa.
Esas modificaciones contables quedaron supeditadas a la disponibilidad de remanentes de Tesorería, en el momento en el que se cerrase la liquidación del ejercicio económico de 2023 en el que se concreten los ahorros disponibles respecto a las partidas no utilizadas en las cuentas prorrogadas desde 2022 (en 2023, no se llegó a aprobar un presupuesto anual ante la falta de apoyos del conjunto de la oposición).
En principio, ese informe estaría ahora en su última fase de elaboración, según concretaron fuentes municipales consultadas, lo que despejaría el camino para que pudiesen planificarse esos posibles cambios con incrementos de partidas. Y también el impulso del concurso para contratar el préstamo bancario de 48 millones con el que se pretende obtener la financiación necesaria para desarrollar el plan de inversiones plurianual al que se daba cabida en el proyecto presupuestario.
Está por ver cuál puede ser el desenlace de ese primer encuentro de la comisión de seguimiento del pacto y si los argumentos que se faciliten pueden suponer un desencuentro entre los dos partidos que vienen coincidiendo en la mayor parte de las decisiones que se debaten en pleno desde el pasado mandato.
Por lo pronto, Vox sigue ejerciendo funciones de oposición, sin que se contemple una hipotética réplica de las alianzas que sí se han formado en otras administraciones desde la celebración de las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo. Entre ellas, la propia Generalitat, además de los ayuntamientos de València, Castellón y Elche, al margen de otras grandes ciudades de la Comunitat.
Sea como fuere, lo cierto es que el PP seguirá necesitando del respaldo de los cuatro concejales de Vox para superar las votaciones que lleguen a pleno en los próximos tres años, al encontrarse en situación de minoría con 14 representantes en una corporación formada por 29 ediles.
