El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, y la vicepresidenta primera, Julia Parra, durante el desarrollo del pleno.ALICANTE (AP/EP). La Diputación de Alicante garantizará la ejecución y finalización de las obras y subvenciones impulsadas por la propia institución en los municipios de la provincia mediante la ampliación de la dotación presupuestaria y los plazos de ejecución y justificación de sus principales planes de inversión, en función del acuerdo aprobado por unanimidad en el pleno de este miércoles.
Fuentes de la institución provincial han precisado que han prosperado las dos propuestas que desarrolla, en este sentido, el área de Infraestructuras para introducir mejoras significativas en los planes provinciales Planifica y + Cerca 2020/21. El diputado titular, Javier Gutiérrez, ha agradecido este respaldo que permitirá, en primer lugar, aumentar el presupuesto Plan Planifica con 10 millones de euros más, hasta los 120 millones de euros de inversión, con una subvención de 81 millones de euros por parte de la institución provincial. Los nuevos fondos se incorporarán en tres ejercicios, con cerca de 620.000 euros en 2022, 5,4 millones en 2023 y casi 4 millones de euros en 2024.
"Se incrementa más de un 14% la aportación de la Diputación en cada una de las obras incluidas en el plan provincial para asumir el encarecimiento experimentado por los materiales y la energía, garantizando así la implantación, mejora y ampliación de servicios públicos en nuestros municipios que, de otra manera, no saldrían adelante, en vistas de la situación que está viviendo el país", ha argumentado Gutiérrez. El diputado de Infraestructuras ha asegurado que la medida es ejemplar "por la capacidad de reacción, la rapidez y el compromiso mostrado con los alicantinos con transparencia y objetividad, sin modificar las reglas del juego, y dejando total libertad para que los ayuntamientos decidan a qué actuación quieren destinar las cantidades adicionales".
Toda la corporación ha aprobado también la ampliación del periodo de finalización de las inversiones subvencionadas desde la Diputación a través del Plan +Cerca 2020/21. Los ayuntamientos dispondrán de cinco meses más para llevar a cabo sus proyectos. El plazo se amplía del 31 de julio al 31 de diciembre de 2022 y se podrá justificar el gasto hasta el 31 de enero de 2023.
Gutiérrez ha explicado que con esta medida “damos solución, respuesta y tranquilidad a todos los municipios adaptando el plan provincial al ritmo de las obras para dar las máximas facilidades y garantizar que todas las inversiones se terminan a tiempo”. El titular de Infraestructuras ha informado de que el grado de ejecución de este plan provincial es actualmente del 84%, con el 65% de las actuaciones terminadas y el 25% a punto de concluirse, y ha anticipado que "está ya preparado para salir el próximo + Cerca 22/23".
Durante la sesión plenaria también se ha acordado la ampliación de los plazos del Plan +Deporte, tal y como ha explicado el diputado del área, Bernabé Cano, quien ha concretado que se ha ampliado del 31 de julio al 15 de noviembre el plazo de justificación de la subvención "para conseguir la ejecución del cien por cien de las obras incluidas en este programa".
Por otra parte, y a instancias del PSOE, se ha debatido una moción para que la Diputación colabore con los ayuntamientos de la provincia en la elaboración de un censo de edificios afectados por el amianto y la creación de una línea de ayudas en los presupuestos de 2023 para subvencionar la retirada de este elemento peligroso en instalaciones e infraestructuras públicas.
En nombre del equipo de gobierno, el diputado Javier Gutiérrez ha confirmado el voto a favor de la moción y se ha comprometido "a estudiar vías para agilizar el cumplimiento de estas medidas en favor de la salud pública". El titular de Infraestructuras ha recordado, además, la obligación de los ayuntamientos de planificar la eliminación de este material en los edificios públicos y ha pedido a la Generalitat Valenciana el estudio de ayudas y subvenciones específicas para edificios privados.
Fuera del Orden del Día, se ha debatido, además, la moción presentada por el Grupo Popular en defensa de la asignatura de Música y en contra de los nuevos proyectos educativos del Consell en los que se elimina la obligatoriedad de la misma en 3º de la ESO, “lo que traerá la pérdida de la continuidad en el aprendizaje y la formación musical del alumnado”, según ha denunciado el diputado popular Juan Bautista Roselló. Éste ha advertido, asimismo, que las nuevas modalidades de Bachillerato "van a hacer que la música deje de impartirse en muchos institutos, afectando a la plantilla de esta especialidad en una Comunidad como la nuestra con una fuerte tradición musical".
Desde el grupo Ciudadanos, la vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, ha manifestado que "causa estupor que el gobierno de la Generalitat actúe en contra de nuestras tradiciones culturales en lugar de trazar estrategias de apoyo al mundo de la música, también en el ámbito educativo". En este sentido, ha pedido incorporar una enmienda de adición a la moción presentada por el Grupo Popular para "aumentar las subvenciones para impulsar actividades que difundan la importancia de la educación musical en edades tempranas y promover actividades que trabajen la música de manera transversal entre el alumnado en todas las etapas educativas".
Tanto desde el Grupo Socialista como desde Compromís se ha negado que el nuevo currículo vaya a suponer una disminución de las horas de música "ya que habrá un aumento del horario en Infantil y Primaria y se ofrecerá como optativa en 3º de la ESO". En este mismo sentido, se ha defendido la oferta en 32 centros educativos del Bachillerato Musical y Escénico.
Por otra parte, los socialistas también han presentado al pleno un texto para reclamar la abolición de la prostitución. La moción, a la que se ha incorporado una enmienda del Grupo Popular en la que se pide al Gobierno una Ley Integral en este sentido, insta también a los ayuntamientos a iniciar los trámites para la aprobación de una ordenanza.
El texto ha contado con el apoyo de los populares, desde cuyas filas la diputada Mª Carmen Jover ha defendido que "ninguna mujer ejerce la prostitución si existen otras oportunidades" y la abstención de Compromís, quien ha reclamado que esta ley vaya acompañada de medidas económicas y sociales. Por su parte, el Grupo Ciudadanos ha votado en contra, ya que, según ha apuntado Gutiérrez, la norma que promueve el Ejecutivo central "va mucho más allá, restringiendo incluso la producción de revistas o programas audiovisuales", al tiempo que la ha tildado de "puritana y moralista" y promotora de "un recorte de libertades".
El diputado se ha mostrado en contra "de que nos digan qué tenemos que hacer con nuestro cuerpo y nuestra moral, dirigiendo este país a unos modelos de hombres y mujeres que tienen que coincidir necesariamente con su idea prestablecida". El diputado provincial ha argumentado que "la inacción durante años con relación a la prostitución ha sido lo que ha dado pie a que el ejercicio de esta actividad quede supeditado a las mafias" y ha pedido que "el peso de la ley recaiga contra las tramas y la explotación sexual, pero con regulación y libertad para aquellas mujeres y hombres que ejercen la prostitución libremente".
Desde Compromís, por su parte, se han defendido varias mociones, una de ellas a favor del derecho las mujeres para decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos, que ha salido adelante con el apoyo del Grupo Socialista y la abstención de los grupos del equipo de gobierno, según el mismo comunicado.
Finalmente, el pleno ha rechazado una moción de la coalición sobre los derechos lingüísticos valencianos, así como la propuesta, también de Compromís, en la que solicitaba la reprobación del diputado Alejandro Morant por "la actitud, insultos y faltas de respeto" que, en opinión de Fullana, tuvo en el último pleno hacía él mismo y hacia el colectivo LGTBI.
