El alcalde Toni Pérez en una imagen de archivo. Foto: PEPE OLIVARES.BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm informé este lunes sobre sus pretensiones acerca del nuevo contrato para Limpieza Viaria. Entre una de las premisas que han desvelado, está la de que haya dos tipos de cuotas mensuales que abonará el Consistorio a la futura empresa encargada del servicio, que se dividirá en un precio fijo y uno variable. Este último cambiará en función de la recogida de residuos realizada, así como la eficacia del trabajo elaborado durante el mes. Por tanto, el precio se determinará mes a mes según el tonelaje de residuos recogidos, de los niveles de recogida selectiva alcanzada, de la limpieza y mantenimiento, etcétera.
Asimismo, el nuevo contrato podría implicar también una posible modificación de la ordenanza de Medio Ambiente y la que rige la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos, de forma que se establezcan bonificaciones y penalizaciones para los usuarios que reciclen o ensucien, respectivamente.
Así lo explicó el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, después de la reunión de los técnicos municipales con la oposición donde se les informó de cómo será el proceso de redacción del nuevo pliego, a petición del gobierno local.
Como ya adelantara hace cuatro meses el concejal de Limpieza Viaria, José Ramón González de Zárate, articularán un proceso de "Diálogo Competitivo", en el que el Ayuntamiento escuchará las propuestas y aportaciones que realicen las empresas del sector, e incorporará al pliego de condiciones del nuevo contrato las soluciones que considere más beneficiosas para la ciudad.
Según detallaron los técnicos, el Consistorio elaborará unas bases en las que marcará qué requisitos deberán cumplir las empresas para presentar un proyecto de explotación para Benidorm y, por tanto, para participar de ese proceso de ‘Diálogo Competitivo’. Las mercantiles tendrán un mes de plazo para presentar sus planes para la ciudad. Las empresas que no aporten un proyecto de explotación o que no cumplan los requisitos para hacerlo, quedarán excluidas de la futura licitación.
La encargada de analizar las propuestas será una mesa formada por técnicos municipales y por representantes de los grupos políticos de la Corporación, colectivos y entidades locales, así como representantes de los trabajadores. Serán ellos también los encargados de definir el grueso del contrato, y el proceso se cerrará con las aportaciones de los ciudadanos a partir de una participación pública para saber qué necesita la localidad en este ámbito.
Los objetivos del nuevo contrato son, entre otros: la renovación de todos los equipos, incorporando maquinaria más eficiente y menos contaminante; la incorporación de sistemas de sensorización de contenedores y de gestión de flotas y equipos; la integración de todos los trabajos de limpieza y gestión de residuos de la ciudad; que la empresa recoja la basura de forma selectiva conforme a las exigencias europeas y sea responsable de la limpieza de toda la ciudad.
El alcalde ha aclarado que el proceso de ‘Diálogo Competitivo’ durará aproximadamente un mes, para abrirse a la participación ciudadana”, por lo que a principios de año se estaría en disposición de licitar el nuevo contrato. Pérez ha recordado que “aunque la prórroga del actual contrato finaliza el 31 de diciembre, el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos está garantizado hasta que haya nueva adjudicación, ya que la Ley de Contratos del Sector Público establece la prórroga obligatoria para estos servicios básicos hasta que haya nuevo contratista”. De esta forma, “aunque el pliego de condiciones del contrato marque que la prórroga será de un año, FCC tendrá que seguir prestando el servicio hasta que el Ayuntamiento adjudique el contrato”, ha remarcado.
El Grupo municipal Ciudadanos aprovechó la reunión para denunciar que “el PP sigue sin redactar el pliego del contrato de limpieza y recogida de basuras, caducado en 2018, que el concejal del área viene diciendo desde junio que está casi terminado”. El portavoz de Cs Benidorm, Juan Balastegui, señaló que “hace más de un año que finalizó el contrato y ahora, un año después de encargar también por 18.000 euros un informe al asesor Julio Sánchez, sobre cómo proceder en esta tramitación, nos dicen que ese informe no ha servido de nada, tirando el dinero, y eligiendo una nueva opción que alargará mucho más la situación de incertidumbre actual”.
