Foto: RAFA MOLINA.BENIDORM, (AP/EFE). El Ayuntamiento de Benidorm abonará durante el presente año 1,8 millones de euros más a la empresa encargada de la recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, según consta en un informe realizado por el Área de Intervención.
El pleno acordó el pasado diciembre que la empresa FCC continuara realizando los trabajos, pese a que el contrato finalizó a final de año, hasta la nueva licitación.
Para este ejercicio está prevista la sustitución de varios vehículos de la flota de recogida y limpieza por valor de 623.598 euros, además de la reparación de otros por un coste de 388.477 euros.
A ello hay que sumar que el Ayuntamiento debe asumir la repercusión íntegra de los costes salariales derivados del convenio laboral que la empresa tiene con sus trabajadores de Benidorm, que asciende a 872.714 euros.
Todo ello, señala el interventor municipal en su informe, supone un incremento del precio del coste del servicio de 1,79 millones al pasar de los 9.272.839 euros abonados en 2019 a los 11.065.238 euros que habrán de pagarse en 2020.
El grupo Ciudadanos (cS), a través de su portavoz Juan Balastegui, ha criticado que el gobierno “haya aceptado pagar costes extras” debido a que la mercantil no tenía la obligación de continuar el servicio después de que su contrato finalizase.
Además, también ha censurado que el Ayuntamiento tenga que pagar “casi un millón de euros más en costes salariales sin aumentar el número de operarios de limpieza a causa del convenio que FCC tiene en exclusiva con sus trabajadores de Benidorm”.
Fuentes municipales contestaron a las declaraciones de CS, afirmando que "este Ayuntamiento abonará en 2020 por el servicio de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos prácticamente el mismo importe firmado en 2013 por el entonces gobierno socialista, y que supuso una reducción del contrato del 25% con la consiguiente minoración de servicios".
Según detallaron, la diferencia entre el importe de 2013 y el que se va a abonar en 2020 viene marcada por la subida anual del IPC y por la salvedad de tener que abonar el alquiler de nuevos vehículos, al estar los actuales completamente amortizados desde 2010.
"Olvida el señor Balastegui que en 2019 este Ayuntamiento abonó a la concesionaria un millón de euros menos de lo presupuestado, en aplicación de la auditoría externa Faura Casas. Un millón de euros que es objeto de reclamación judicial por parte de la concesionaria.
Como la concesionaria no quiso avalar el importe objeto de reclamación judicial, el Ayuntamiento no abonó el año pasado esa cuantía sobre la que existen discrepancias, que sin embargo sí estaba recogida en el presupuesto. En caso de que la empresa lo hubiera avalado, el Ayuntamiento habría pagado 10,2 millones de euros por el servicio en 2019. Un importe que, por otro lado, tendría que satisfacer si los tribunales acaban dando la razón a la empresa concesionaria", concluyeron fuentes municipales.
