Benidorm encarga, ahora sí, la fiscalización de la liquidación del contrato de Ortiz con la estación

BENIDORM. Tras tres días después del pleno en el que se tendría que haber resuelto el contrato y la liquidación de la estación de autobuses con la empresa participada por el alicantino Enrique Ortiz, Benidorm aún no tiene claro qué es lo que va a hacer. Este jueves se convocó una junta de portavoces que encerró a los concejales del gobierno y oposición durante seis horas junto al secretario municipal y el interventor. Tras esto, quedaron en que se elaboraría una nueva propuesta que informará el secretario municipal en base a la presentada como enmienda en el pleno.

Hay que recordar que el interventor, el viernes antes del pleno puso reparos a la moción, entre otras cosas, porque no se le había enviado la propuesta para que la fiscalizase. Ahora sí, según explicó el portavoz del gobierno, José Ramón González de Zárate, el departamento de Intervención tendrá que hacer un informe para que se complete la liquidación del contrato con la UTE  Estación de Autobuses de Benidorm. 

Según indicó el portavoz del PP, no hay cambios sustanciales respecto al pleno de enero. Cabe destacar que tras el receso de más de hora y media la valoración de las instalaciones se redujo en más de cuatro millones, quedando en 25.429.196,76 euros, donde ya estaría incluido el IVA.

El Ayuntamiento de Benidorm con esta medida quiere dar ejecución a la sentencia del TSJ, quien resolvió que se tenía que liquidar el contrato y sacar de nuevo la concesión a licitación.

Para ello, el pleno también tenía que aprobar los nuevos pliegos, aunque finalmente toda la propuesta se quedó sobre la mesa a petición de los grupos de la oposición debido a los informes contradictorios entre el secretario municipal y el departamento de Intervención. Es más, indicaron en su momento que no serían ellos los que levantaran el reparo de Intervención a la moción del gobierno local por las posibles consecuencias futuras.

Al parecer, durante la junta de portavoces, el técnico habría pedido que se aclararan todas las cantidades económicas, como la valoración, la indemnización, las amortizaciones, etc. Algo que ya había solicitado por escrito en uno de sus informes cruzados con el secretario municipal.