BENIDORM. Finalmente, el gobierno de Benidorm ha convocado para el próximo lunes 23 de enero un pleno extraordinario para aprobar los nuevos pliegos de la concesión de la estación de autobuses de Benidorm. Un procedimiento que como ha contado este diario de largo, se abrió hace años para dar cumplimiento a la sentencia que lo obliga. De este modo, la empresa Estación de Autobuses de Benidorm SL, que pertenece al conocido empresario alicantino Enrique Ortiz, será relegado por el nuevo adjudicatario. Una licitación no obstante que puede terminar ganando él mismo. Hay que tener en cuenta que en caso de que quede desierta, tendrá que mantenerse en el servicio.
El alcalde, Toni Pérez, anunció el pasado viernes 13 de enero que los técnicos habían dado por concluido el expediente y se podía llevar a pleno. Dio a elegir a la oposición cuándo se celebraría: el lunes 16 de enero o ya el 23 puesto que empezaba Fitur, y el propio primer edil tenía que estar en Madrid desde principios de semana. Con todo, la oposición formada por PSOE y Cs solicitaron que fuera la segunda opción para poder analizar el pliego y plantear las dudas a los técnicos redactores del pliego.
De este modo, todo parece señalar a que el lunes habrá una nueva licitación lista para ser publicada, puesto que cuenta con la fiscalización y documentación que lo avala.
Se da así carpetazo a un asunto que lleva sobrevolando al Ayuntamiento dos décadas, y que se terminó por embarrar del todo en 2012 cuando el Tribunal Supremo ratificaba la sentencia del Tribunal Superrio de Justicia y obligaba al consistorio a licitar de nuevo la instalación.
De lo que ha trascendido hasta ahora es que saldrá por un plazo de 26 años, 10 meses y 8 días y por 24.516.647,32 euros. Con este importe, se cubrirá la obra realizada y no amortizada. Además, se dividirá en dos lotes, por un lado, la gestión del servicio de transporte, y por otro, la zona comercial y el hotel.
Pero, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Ortiz consiguió en 2003 la concesión de la construcción y gestión de la terminal por 40 años. Sin embargo, pidió, y concedió el gobierno local de Vicente Pérez Devesa, incrementar de 500 a 10.000 metros cuadrados la zona comercial, en la que habría cabida para un hotel. Toda una serie de cambios significativos que llegó a deununciar una empresa que había optado en el proceso de licitación. El TSJ dio la razón al demandante, considerando que no se trataba de una modificación sino que se tendría que haber vuelto a licitar con un proyecto nuevo al que pudieran participar todas las mercantiles otra vez.
La carambola ha hecho que el propio Ortiz vaya a ser compensado ya que fue el propio Ayuntamiento el que le dio permiso en su momento para ejecutar una obra que no estaba prevista en el pliego que salió a licitación. Por ello, tras idas y venidas entre el empresario y el Consistorio, se creó una comisión paritaria en la que se llegó al acuerdo de indemnización por valor de 24,5 millones de euros. Un montante que tendrá que pagar el primer año la empresa que se haga con la nueva concesión.
