ALICANTE. El alcalde de Alicante, Luis Barcarla, se ha adherido a la red de alcaldes de municipios de más de 100.000 habitantes que han suscrito el manifiesto contra la incautación de los superávits municipales a los ayuntamientos acordada por el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En el pacto figuran alcaldes de distintos signos políticos que han rechazado el acuerdo alcanzado por Hacienda y la FEMP en el que además de apoderarse de los ahorros de sus vecinos, se excluye a los municipios que no tiene superávit del reparto del fondo de 5.000 millones de euros proviniente de los Presupuestos Generales del Estado. El alcalde recuerda que Alicante tiene que afrontar déficits como los 10 millones de euros del autobús urbano y los gastos de la Emergencia Social y Económica ocasionados con el confinamiento por la pandemia.
"Exigimos a la FEMP y al Ministerio de Hacienda la rectificación de forma inmediata de los términos del acuerdo, así como la iniciación de nuevas negociaciones que permitan establecer unos criteros de reparto de los fondos basados en la igualdad y en la solidaridad, tal y como ya se ha hecho con el conjunto de las comunidades autónomas a través del fondo de 18.000 millones de euros habilitados por el Gobierno de España", ha reclamado Luis Barcala.
Barcala ha recordado que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha mantenido este criterio incluso antes del acuerdo entre Hacienda y la FEMP aprobando la cancelación anticipada de toda la deuda municipal, unos 19 millones de euros, para reducir al máximo las cantidades de remanentes que pudiera incautar el Gobierno y que ahora quedarían en unos 29 millones de euros procedentes de los impuestos de todos los alicantinos". "Nos hemos opuesto desde el principio, personalmente como vocal de la Junta Directiva de la FEMP y también como ayuntamiento, a que el Gobierno se apodere de nuestros remanentes, máxime cuando la factura ocasionada por la Covid-19 hay que pagarla como es el caso del déficit de alrededor de 10 millones de euros que ha supuesto mantener en funcionamiento en Alicante las líneas del autobús del transporte público colectivo durante el confinamiento y durante la desescalada para garantizar el acceso a los servicios básicos y a los lugares de trabajo, además de las facturas que ha generado la Emergencia Social para atender a las personas y familias vulnerables o el apoyo al sector productivo como autónomos y pequeñas empresas, que han sufrido el cierre de sus negocios y mermas importantes de sus ingresos, para ayudarles a que puedan mantener la actividad, al que se han destinado más de 13 millones de euros del presupuesto municipal detrayéndolo de distintas partidas", ha añadido el alcalde.
"Los ayuntamiento somos la administración más cercana al ciudadano y al lugar al que primero acuden cuando tienen problemas, de ahí que sean los ayuntamientos los que tengan que tener una atención especial por parte del Gobierno de España que hasta ahora no han tenido y que encima, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez pretende ahora esquilmar privándole de los ahorros en lugar de facilitar el acceso a dichos fondos regulados por la Ley de Estabilidad Presupuestaria para poder hacer frente a los gastos de atención social y económica que genera la pandemia" ha resaltado Luis Barcala.
El pacto de los alcaldes de municipios de más de 100.000 habitantes ha sido suscrito por los máximos representantes de ciudades principales del país como Madrid, València, Granada, Cádiz, Lleida, Murcia, Pontevedra, Reus, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza y también Alicante, independientemente de su color político, que reclaman una reunión con el Ministerio de Hacienda para replantear las ayudas estatales a los municipios, reducir las limitaciones financieras impuestas a los ayuntamientos eliminando la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad, al menos para el año 2021, avanzar en un nuevo sistema de financiación de las entidades locales que mejore el actual y definir el acceso a la financiación europea de los ayuntamientos respecto a los fondos asignados a España por importe de 140.000 millones de euros.
