El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto a los portavoces de los grupos políticos municipales.ALICANTE. El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, rebate las conclusiones del informe de recomendaciones remitido por la Sindicatura de Greuges en respuesta a la queja formulada por Unides Podem y Compromís respecto al bloqueo de las iniciativas políticas promovidas para su debate en el pleno de la corporación. Y no solo eso. En su escrito de respuesta, el primer edil responde que no dará cumplimiento a esas recomendaciones (básicamente, que facilite su inclusión en el orden del día de las sesiones plenarias para que puedan ser debatidas) al rechazar su validez.
En concreto, en un escrito fechado el 13 de enero, el primer edil sostiene que "con todo el respeto que nos merece la institución y la persona del Síndic de Greuges", representado por el exalcalde y exdiputado autonómico por el PSPV-PSOE, Ángel Luna, "lamentamos no poder admitir su recomendación, puesto que su aceptación supondría la vulneración de normas imperativas y una importante quiebra del sistema de control de la legalidad de las actuaciones municipales".
En esta línea, el escrito de réplica del primer edil apunta que "nos es imposible aceptar su resolución en tanto que no se ha dado" en el motivo por el que Unides Podem y Compromís presentan su queja "ninguna vulneración de derechos constitucionales o legales". "El derecho" de los autores de la queja "a formular iniciativas para su debate y votación en el pleno se ha respetado escrupulosamente y solo el rechazo de la ordenación legal y reglamentaria de esas iniciativas impidió su debate".
Es más, en esa comunicación, que ya obra en poder de la Sindicatura, se expone que el secretario del ayuntamiento ya apuntó en un escrito de 17 de septiembre que existían errores en la calificación de las iniciativas presentadas por ambos grupos políticos, por lo que planteaba la modificación de esas propuestas, de modo que dejasen de ser mociones para ser consideradas como declaraciones institucionales, sin que ello implicase la modificación de su contenido para ser debatidas y votadas en el pleno. Así, el escrito recalca que "la decisión de negarse a sí mismos y a la ciudad el debate y votación de la iniciativa, fue del grupo autor de la queja".
Además, Barcala añade en su argumentación que "no es posible aceptar la recomendación" del Síndic, conocida el pasado 16 de diciembre, en la medida en que supondría impedir que se formulen "los informes previos que el secretario tiene la obligación legal de formular sobre las propuestas que se elevan al pleno". Así, el escrito del alcalde insiste en que "no es la advertencia al pleno después del debate del asunto, la forma exigida al secretario de control de la legalidad, que debe realizarse previamente".
Ese control atribuido al secretario, según enumera Barcala, deber abordarse a través del informe legal preceptivo en los casos en los que concreta la Ley, en el control de la regularidad de los expedientes antes de considerarlos completos para que puedan ser incorporados en el orden del día del pleno, o a través de la asistencia al alcalde en la formación del orden del día. Por ello, el primer edil incide en que "reservar al momento previo a su votación en el pleno la advertencia de ilegalidad, podría ser un incumplimiento del secretario de su deber de informar previamente, y con ello, una deslealtad a la corporación, permitiendo que se debate y en su caso se apruebe una resolución ilegal". "La orden que esta Alcaldía diera al secretario para que, obviando las normas aplicables, cumpliera con su recomendación, podría ser calificada como ilegal e injusta".
El alcalde asegura que incurriría en una ilegalidad si ordenase al secretario que cumpliese la recomendación de la Sindicatura para que se permitiese votar cualquier iniciativa de la oposición
De ahí que concluya que "la posibilidad de debatir y votar cuestiones de interés general que afecten al municipio de Alicante está contemplada en el artículo 91 del Reglamento Orgánico del Pleno, y se ofreció a los autores de la queja la posibilidad de modificar la calificación de su iniciativa para que incluirla en el orden del día, un ofrecimiento que fue rechazado". Por todo ello, Barcala resuelve que "considerando que la actuación municipal denunciada en la queja no constituye ninguna forma de vulneración de derechos constitucionales de su promotor, y no pudiendo, por imperativo legal, aceptar su recomendación, le pido que tenga por realizadas las anteriores manifestaciones y por dada respuesta a su resolución".
En todo caso, la respuesta no ha hecho más que avivar las críticas de los grupos políticos de la oposición. Cuando menos, el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, ha apuntado este lunes que "el motivo de la queja no es que no se nos ofreciese la posibilidad de modificar nuestras iniciativas, sino precisamente el hecho de que no se permitiese que las presentásemos con la finalidad pretendida". Así, ha incidido en que, a su juicio, la respuesta del alcalde vuelve a cercenar los derechos de participación política que motivaron la presentación de la queja, en la medida en que "se plantea que transformemos nuestras propuestas en declaraciones institucionales, que no suponen ningún grado de obligación para el equipo de Gobierno, cuando las planteamos como mociones, que sí tienen eficacia y deben ser tenidas en cuenta".
También se ha referido a esa respuesta el portavoz municipal de Unides Podem, Xavier López, quien ha considerado que "el gobierno de Barcala se ha convertido en insumiso". "Actúa por libre con el único objetivo de boicotear la acción de la oposición", ha añadido. En esta línea, ha asegurado que "no nos queda más remedio que exigirle que desista de esa posición o estudiaremos continuar adelante con medidas legales para garantizar la capacidad de los grupos municipales de fiscalizar una gestión cada día más opaca", ha concluido.
