ALICANTE. La posible vía de diálogo que podría emprenderse con la empresa promotora de los depósitos del Puerto con el propósito de evitar su instalación no se habría abierto de forma oficial. Cuando menos, así lo ha sostenido este jueves el alcalde, de Alicante, Luis Barcala, en respuesta a una pregunta formulada por el grupo municipal del PSOE, en la que se le cuestionaba sobre cuántas veces se había reunido con los responsables de dicha compañía: XC Business 90.
El primer edil se ha limitado a sostener que no se había entrevistado en ninguna ocasión con los representantes de dicha empresa. Y no ha llegado a anticipar la hipótesis de que pueda propiciarse un encuentro a futuro, a pesar de que, el pasado viernes, sí dejó abierta esa posibilidad con el propósito de negociar un acuerdo que evitase el desarrollo del proyecto, después de que se hiciese pública la resolución del Tribunal Supremo (TS) por la que inadmitía el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que reconoce el derecho de la compañía promotora a la concesión de la licencia ambiental por silencio administrativo positivo.
Al margen de esa contestación, el primer edil ha aprovechado su intervención para poner en valor la labor desarrollada por los servicios jurídicos municipales en relación a la presentación de ese recurso, frente a las manifestaciones formuladas por parte de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición respecto a una hipotética inadecuación de ese recurso buscada de forma voluntaria.
La portavoz del PSOE, Ana Barceló, había incidido, al plantear su pregunta, sobre la posición unánime de rechazo de la corporación a la instalación del proyecto y había reconocido la profesionalidad de los servicios jurídicos que han promovido las actuaciones legales frente al desarrollo del proyecto. Con todo, había cuestionado sobre los entresijos de las supuestas conversaciones que pudiesen haberse mantenido con los responsables de la empresa promotora, y había planteado el ofrecimiento del PSOE para abordar una posición frente al proyecto.
Sea como fuere, lo cierto es que la pregunta formulada por el PSOE no ha sido el único momento del pleno en el que se ha tratado sobre los escenarios del futuro del proyecto. Barcala también ha contestado a otra pregunta posterior planteada por el portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, respecto a qué acciones se pretende llevar a cabo por parte del Ayuntamiento y del Puerto para evitar la ejecución de ese proyecto. Y, en realidad, se ha limitado a señalar que se estaban barajando todas las acciones posibles por parte del Ayuntamiento, desde la solicitud de nulidad de sentencia del TSJ a la revisión de la licencia de obra, todavía pendiente. Respecto a la posición del Puerto, el primer edil ha asegurado que su presidente, Luis Rodríguez, ya se ha posicionado en contra, así como el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre el que ha sostenido que también ha mostrado su alineamiento con el ayuntamiento.
Por último, el primer edil ha emplazado al próximo pleno la contestación a otra pregunta formulada por el portavoz del grupo municipal de Compromís, Rafa Mas, sobre cuándo tenía intención de convocar la comisión Puerto-Ciudad para analizar la situación del proyecto de los depósitos.
Con carácter previo, en el transcurso del pleno, el edil de Seguridad Julio Calero ha respondido a un ruego formulado por el grupo municipal de Compromís, que ya se está trabajando en la organización de un reconocimiento institucional a los empleados municipales que han prestado ayuda frente a la catástrofe de la dana de Valencia. La edil de Urbanismo, Rocío Gómez, ha detallado la relación de actuaciones llevadas a cabo respecto a los trámites efectuados en coordinación con la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) frente a las viviendas irregulares detectadas en zonas inundables de las partidas rurales, en respuesta a una pregunta formulada por el edil del PSOE Raúl Ruiz. Al respecto, Gómez ha sostenido que se mantiene una comunicación permanente y que ya se han completado seis decretos de paralización de obras, a partir de las denuncias formuladas por los vecinos. Con todo, no se ha llegado a pronunciar sobre el supuesto retraso en la intervención respecto a esas denuncias, que -según Ruiz- se habría puesto de manifiesto en una respuesta facilitada por la AVPT a los vecinos respecto a los primeros escritos que llegaron a registrarse en 2022.
La edil de Educación, Mari Carmen de España, ha respondido a otra pregunta formulada por el edil socialista Miguel Castelló sobre el traslado pendiente del Conservatorio de Música Guitarrista José Tomás para señalar que ya se ha mantenido distintas reuniones con la Conselleria de Educación para concretar una ubicación en la que resituar los conservatorios de música y danza de la ciudad, entre las que no se contemplaría la alternativa del PAU 5, al quedar sujeta a su desarrollo urbanístico.
El edil de Recursos Humanos, Julio Calero, ha contestado a otra pregunta formulada por el edil socialista Emilio Ruiz respecto a la carencia de conserjes a cargo de los centros educativos de la ciudad para señalar que está tramitándose la creación de nuevas plazas con el fin de llegar a disponer de un total de 74 auxiliares. Con todo, ha señalado que se realizan las correspondientes coberturas en el momento en el que resultan necesarias.
La edil de Bienestar Social, Begoña León, ha respondido a otra pregunta formulada por la edil socialista Victoria Melgosa que se ha dado cobertura al servicio de asistencia jurídica municipal a mujeres víctimas de violencia de género con personal municipal, después de que venciese el contrato por la prestación de ese servicio. La edil de Infraestructuras, Cristina García, ha contestado a otra pregunta formulada por la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, que se está ultimando el proceso para poder llevar a cabo la reurbanización de la Glorieta Pintor González Santana junto a la plaza de América.
Por su parte, la edil de Educación, Mari Carmen de España, se ha referido a la situación de la escuela infantil Siete Enanitos, en respuesta a una cuestión formulada por el edil de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé. De España no ha llegado a responder sobre cuándo se prevé ejecutar la demolición del centro original de la escuela, toda vez que se habría producido la entrada en funcionamiento de las nuevas instalaciones provisionales en el antiguo colegio Antonio Ramos Carratalá. Tampoco se ha referido a la posible fecha para la construcción del nuevo edificio, después de que Copé haya puesto de manifiesto supuestos errores en la adecuación de ese centro provisional, relacionado con la disposición de los enchufes. De España ha negado esos supuestos errores y ha acusado a Copé de generar una alarma sin fundamento.
En el turno de debate de las declaraciones institucionales, no ha prosperado la primera de las propuestas planteada de forma conjunta por el grupo municipal de Compromís y de Esquerra Unida Podem por la que se planteaba la modificación de la ordenanza fiscal para suprimir el cobro de la tasa por la prestación del servicio de salvamento de personas en situación de emergencia dentro de su hogar, después de que haya trascendido el embargo de la cuenta de una joven por no haber asumido el pago de esa tasa tras ser asistida después de registrar un intento de suicidio.
Ese embargo ya habría sido retirado, según se dio a conocer la semana pasada y se ha ratificado en el desarrollo del pleno. En todo caso, la propuesta ha quedado desestimada aunque el edil de Hacienda, Toni Gallego, haya manifestado que los técnicos municipales siguen estudiando, en coordinación con el consorcio de seguros, la posibilidad de eliminar el supuesto de pago de esa ordenanza cuando concurren situaciones de riesgo vital. Además, el alcalde, Luis Barcala, ha apuntado que, en todo caso, en el 90% de los casos, las pólizas de seguro de hogar contemplan el pago de esa tasa. A la postre, la iniciativa solo ha sumado tres votos a favor: los de los ediles de los grupos proponentes.
En segundo término, sí ha quedado aprobada la iniciativa registrada por el equipo de gobierno por la que se plantea instar a la Agencia Estatal de Meteorología la colocación de un radar meteorológico con el fin de poder anticiparse a posibles dana. El edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha defendido que se trata de un dispositivo que permitiría contar con información más precisa sobre la posible existencia de riesgos de episodios de precipitación, toda vez que en la actualidad se depende de la información de los equipos instalados en Valencia y Murcia. Con su instalación, se haría posible anticipar la respuesta de las administraciones para evitar catástrofes como las inundaciones registradas en la provincia de Valencia, según ha explicado Villar.
Por su parte, tanto los representantes de Esquerra Unida Podem como de Compromís, Manolo Copé y Sara Llobell, han considerado que se trata de una propuesta adecuada, aunque han recriminado que se siga promoviendo medidas que favorecerían el riesgo de inundaciones, como el desarrollo de planes urbanísticos en zonas inundables, o la posibilidad de que se construya a 200 metros de la línea de costa. La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha considerado que la propuesta resulta positiva, aunque ha recriminado tanto al PP como a Compromís que hubiesen votado en contra de esa misma iniciativa registrada por su representante en la Diputación de Alicante.
Por último, el edil socialista Raúl Ruiz ha considerado que los 16 radares distribuidos en todo el territorio nacional disponen de un alcance de 200 kilómetros, con lo que no sería necesaria la instalación de un nuevo radar, puesto que no contaría con ningún informe técnico que lo respaldase. Con todo, el alcalde, Luis Barcala, ha sostenido que la propuesta trataría de conseguir que uno de los nuevos radares en fase de licitación que tiene en curso Aemet se situase en la provincia. A la postre, la iniciativa ha quedado aprobada con los votos de PP, Vox y Compromís, la abstención del PSOE y el voto en contra de Esquerra Unida Podem.
No ha salido adelante, sin embargo, la propuesta formulada por el PSOE por la que se planteaba instar al Consell de la Generalitat Valenciana a garantizar el parque público de vivienda protegida en la Comunidad Valenciana y en particular en la ciudad de Alicante, a la vista de que continúa sin promoverse vivienda pública en Alicante después de seis años de mandato del PP y de que "tampoco se ha desarrollado el Plan Vive" lanzado por el Consell, según ha argumentado la edil Silvia Castell.
En esta línea, la representante socialista ha recriminado que se haya habilitado una línea de ayudas para el alquiler de jóvenes que, según ha opinado, sólo daría cobertura a 280 beneficiarios. Tanto Compromís como Esquerra Unida Podem han respaldado la iniciativa, pero no ha sucedido lo mismo con Vox. El edil Juan Utrera ha sostenido que la medida trata de poner solución "a un problema que han creado ustedes". Por el equipo de gobierno, el edil de Vivienda, Carlos de Juan, ha sostenido que la propuesta trata de solicitar que la Generalitat "ejecute ahora algo que ustedes no hicieron" pese a tener siete años para hacerlo, en alusión al Consell del Botànic. De igual modo, ha sostenido que bajo ese mandato, se ha triplicado la ocupación ilegal de vivienda protegida, y ha defendido la vigencia del Plan Vive, en el que ya existen 250 municipios adheridos, 90 de ellos gobernados por el PSOE. En el momento de la votación, la iniciativa ha quedado rechazada con los 18 votos de PP y Vox, frente a los 11 votos a favor de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.
La propuesta promovida por Vox con la que se apremiaba al equipo de gobierno a iniciar el proyecto de instalación de red WIFI pública en determinados puntos de la ciudad de Alicante ha quedado aprobada. El edil Óscar Castillo ha tratado de defender en la exposición de la propuesta que dicha red permitiría beneficiar a la población que no dispone de capacidad para contratar una conexión privada y contribuir a la difusión de Alicante como destino turístico.
El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha mostrado su rechazo al subrayar que se planteaba la instalación de esa red en puntos turísticos. En su defecto, ha propuesto que esa red pública se instalase en plazas de los barrios para reducir la brecha digital. Por su parte, la edil de Compromís, Sara Llobell, ha considerado que la red WIFI no es un sistema efectivo para reducir la brecha digital, tras alertar de que puede ser un elemento de acceso para los hackers. Por el PSOE, Miguel Castelló, ha coincidido en la aportación positiva para la ciudad que supondría contar con esa infraestructura.
El edil de Innovación, Toño Peral, ha sostenido que ya se están desplegando distintas estrategias para reducir la brecha digital y ha destacado que ya se ha instalado una primera red Wifi gratuita en el Castillo de Santa Bárbara, así como en las bibliotecas municipales. Con todo, ha señalado que "tenemos la duda de si la velocidad que puede proporcionar una red pública puede ser contraproducente". "En noviembre hicimos una consulta a la CNMC que estamos esperando que nos conteste para saber a la velocidad máxima a la que podemos instalar esa red wifi", ha apuntado. Así, con la votación, la iniciativa ha sumado 26 votos a favor.
No ha prosperado la iniciativa registrada por Vox con el fin de que se amplíe la disposición de los medios del gabinete de prensa e imagen al conjunto de grupos políticos municipales con el fin de que se facilite un servicio democrático, según ha sostenido su portavoz adjunto, Mario Ortolá. Esquerra Unida Podem ha mostrado su apoyo. El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha recriminado que Vox considere que "son gobierno". La portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, ha coincidido con Ortolá en que solo se informa sobre las iniciativas del equipo de gobierno. Y la portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha sostenido que el reparto de asesores y cargos de confianza es proporcional a la representación democrática. En la votación, la propuesta ha sumado 16 votos en contra (los de PP y Compromís) frente a 13 votos a favor (PSOE, Vox y Esquerra Unida Podem).
Sí ha prosperado la iniciativa promovida por Vox por la que se apremiaba a garantizar el funcionamiento eficiente del servicio de reparación y mantenimiento de infraestructuras en 48 horas en la ciudad de Alicante, como ha defendido el edil Juan Utrera. El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha recriminado el estado de deterioro en el que se encuentran distintos puntos de la vía publica. Y en la misma línea se ha pronunciado el edil socialista Eduardo Rodríguez, quien ha dudado de la eficiencia del equipo de gobierno y ha emplazado con ironía a Vox a incluir ese compromiso en la negociación de los presupuestos "para que el PP lo pueda cumplir el próximo diciembre". Por último, la edil de Infraestructuras, Cristina García, ha defendido que el servicio de reparación en 48 horas lo puso en marcha el PP en 2010. Así, ha defendido la eficacia del servicio actual, aunque ha reconocido que resulta necesario seguir mejorando para que todas las incidencias lleguen al departamento correspondiente de forma ágil. En la votación, la iniciativa ha sumado el apoyo de 18 concejales: los de PP y Vox.
Igualmente, también ha salido adelante la iniciativa presentada por Compromís por la que se insta al Gobierno Central a liberar el peaje de la AP7 en el tramo entre El Campello y Monforte del Cid y a dar continuidad a la exención tarifaria aprobada para la AP7 entre Alicante y Tarragona. La iniciativa ha contado con el respaldo de Vox, PSOE y PP, después de que sus respectivos representantes hayan considerado que la gratuidad puesta en marcha por el Ministerio de Transportes estaría teniendo resultados positivos a la hora de descongestionar el trazado de la A-7 que actúa como circunvalación de la ciudad. Es más, tanto la portavoz del PSOE, Ana Barceló, como el edil de Transportes, Carlos de Juan, han considerado que la medida debería extenderse más allá del 15 de febrero: el plazo acordado hasta ahora. De este modo, la propuesta ha quedado aprobada por unanimidad: la primera de las dos únicas iniciativas que ha sumado ese respaldo a lo largo de toda la sesión.
Al tiempo, ha salido adelante la segunda propuesta promovida por Compromís por la que se instaba a la mejora del transporte público para el barrio de San Gabriel mediante la ampliación de la línea 14 y la línea 3N e iniciar los trámites para implantar un Bus de Transporte Rápido a San Gabriel, según ha defendido la edil Sara Llobell. El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha considerado que la propuesta "se queda corta", ya que, en su opinión, el barrio de San Gabriel, así como otros barrios, requieren de un mejor servicio público de transporte. El edil de Vox, Óscar Castillo, ha coincidido en la necesidad de mejorar el servicio en el barrio de San Gabriel, aunque ha recriminado que Compromís plantease una ZBE que, a su juicio, "abocaba a los vecinos a quedarse en el barrio".
Por el PSOE, el edil Raúl Ruiz, ha coincidido en las carencias del servicio de transporte en el conjunto de los barrios de la zona sur y ha solicitado un compromiso de mejora con la extensión del servicio de tranvía. Por último, el edil de Transportes, Carlos de Juan, ha considerado que las peticiones planteadas en la declaración no son viables desde el punto de vista técnico, ya que ampliarían el tiempo de recorrido y obligarían a formular una modificación de contrato. En todo caso, ha sostenido que, de un modo u otro, el equipo de gobierno iba a respaldar la propuesta al coincidir en que resulta necesario implementar mejoras en el servicio de transporte de San Gabriel. De este modo, la propuesta ha quedado aprobada por unanimidad.
La propuesta formulada por Esquerra Unida Podem para instar al Gobierno de España y al Consell a implantar el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases público y local, y al equipo de gobierno de Alicante a realizar una campaña de concienciación y conocimiento del funcionamiento y de los beneficios económicos y ambientales de dicho sistema no ha prosperado. El edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha considerado que se trata de una iniciativa de contenido ideológico. Además, ha señalado que el Gobierno todavía no ha desarrollado la normativa por la que se debe establecer el recargo con el que se regulará el sistema. En la votación, la iniciativa ha contado con los 14 votos en contra del PP, y los 11 votos a favor de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem, así como la abstención de cuatro ediles de Vox.
Por último, se ha debatido y aprobado una última declaración institucional promovida por el PP por la que se planteaba la reprobación del portavoz de Compromís, Rafa Mas, a colación de las declaraciones formuladas contra la edil de Infraestructuras, Cristina García, en las que criticó su supuesta negligencia a la hora de gestionar la reparación de desperfectos registrados en la vía pública, entre otros puntos. La propia García ha señalado que esas manifestaciones habrían sido, a su juicio, una manifestación de machismo hasta el punto de que ha llegado a augurar que las palabras pronunciadas por Mas suponían un ataque sobre su condición de mujer. La posición de García ha contado con el respaldo de Vox.
No obstante, tanto el portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, como la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, han considerado que las declaraciones de Mas no atendían a la condición de género, sino que suponían una crítica sobre su gestión, independientemente de que hubiesen sido más o menos afortunadas. Mas, por su parte, ha mantenido la misma posición y ha asegurado que, a pesar de todas las propuestas de reprobación que puedan plantear en su contra, no iba a dejar de poner de trasladar su denuncia respecto a lo que ha considerado ineficacia en la gestión de cualquier concejal. En el momento de la votación, la iniciativa ha contado con 18 votos a favor (los de PP y Vox), frente a los 11 votos en contra de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem. Se trata de la segunda propuesta de reprobación sobre Mas que prospera tras la aprobada en el pleno de noviembre por circunstancias similares: las manifestaciones vertidas en redes sociales sobre la portavoz de Vox, Carmen Robledillo.