El alcalde, Luis Barcala (PP), en el acto sobre el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto. ALICANTE. El Gobierno del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Alicante mantiene el rumbo fijo en la aprobación del presupuesto municipal de 2019, el primero sin el control previo del Ministerio de Hacienda tras la cancelación del llamado Plan de Ajuste al que el gabinete que coordina Luis Barcala ha confiado buena parte de su gestión desde el pasado mes de julio.
Este martes, menos de una semana después de haber informado sobre las previsiones de la propuesta a los componentes del Consejo Social de la Ciudad (un foro consultivo en el que no se emite ningún dictamen ni se produce ninguna votación), llega el turno de defender el proyecto ante los miembros de las cinco Juntas de Distrito: los órganos de representación vecinal en las que se integran colectivos de todos los barrios de la ciudad.
Tras esa cita, se prevé convocar, este jueves, a los delegados sindicales que representan a los trabajadores del Ayuntamiento para exponerles también las líneas maestras del documento en un suerte de reunión de la Mesa de Negociación. Se trata de la última fase de proceso de información y consultas requerido formalmente para la tramitación del presupuesto municipal que, sin embargo, no se ha cumplido a rajatabla hasta ahora. En principio, la defensa de la propuesta presupuestaria debería conllevar la apertura de un periodo mínimo para que los representantes de cada uno de esos foros pudiesen formular sus posibles aportaciones al documento.
Ese supuesto no parece que vaya a darse en esta ocasión, aunque sí es cierto que sigue abierta la posibilidad de que cualquier interesado pueda formular alegaciones en el momento en el que la propuesta pueda quedar aprobada en el pleno de manera inicial y se someta a exposición pública durante un mes.
Al margen del momento en el que se habilite ese trámite de audiencia, todo parece indicar que una vez formalizados estos dos últimos pasos, la propuesta quedará aprobada en la próxima Junta de Gobierno para que pueda ser elevada a la Comisión de Hacienda. Será entonces cuando el documento se someta al primer test de relevancia, ya que los cuatro grupos de la oposición (PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís) tendrán la oportunidad de posicionarse formalmente por primera vez sobre su contenido.
Hasta el momento, ninguna fuerza ha dado a conocer cuál es su posición oficial sobre la propuesta de planificación económica del PP, aunque sí ha habido ciertos avances preliminares durante el periodo de conversaciones previas. En esos contactos, al menos Guanyar y Compromís sí han expresado cierta satisfacción al comprobar que el PP había incorporado varias de sus peticiones. En esta línea, sus representantes han reconocido, incluso, la existencia de "buena sintonía". Ahora bien, se da por seguro que ambos grupos políticos presentarán su propia batería de enmiendas para tratar de que queden reflejadas todas sus propuestas.
PSOE y Compromís, por su parte, han expresado su malestar por la exclusión de la mayoría de sus reivindicaciones (cuando no todas). A expensas de que pueda producirse algún último encuentro con el concejal de Hacienda, Carlos Castillo, se prevé que ambos grupos también presenten sus respectivos paquetes de enmiendas. En las filas del PSOE se ha llegado a sondear la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad: casi un presupuesto alternativo, como ya planteó el PP en la tramitación de los últimos presupuestos impulsados por el exalcalde socialista, Gabriel Echávarri.
Para que la planificación contable del PP prospere, requiere reunir más votos a favor que en contra en el momento en el que la propuesta se debata en pleno (previsiblemente, antes de que finalice la primera quincena de febrero). Con los 8 votos de sus concejales, y el probable respaldo del concejal no adscrito, Fernando Sepulcre (que ha secundado todos los presupuestos municipales del mandato para no bloquear el funcionamiento de la ciudad), el PP necesita del apoyo explícito o de la abstención de al menos otros dos grupos políticos para contrarrestar un hipotético voto en contra de PSOE y Compromís, con nueve concejales en total.
El argumento con el que el PP trata de conseguir que los grupos de la oposición no obstaculicen la aprobación del presupuesto es el de la responsabilidad, al insistir en que sin una nueva planificación económica se estará condenando a esta corporación y a la que surja de las urnas tras las elecciones municipales del 26 de mayo a plantear modificaciones de crédito constantes para poder afrontar cuestiones de puro funcionamiento institucional como el pago de las nóminas de los funcionarios. Además, los populares también vienen arguyendo la oportunidad que supone poder afrontar nuevas inversiones por un valor de 16 millones, al margen de cuál sea el color político del futuro equipo de Gobierno a partir de junio.
