El alcalde de Alicante, Luis Barcala, preside una reunión de la junta de portavoces, con los líderes de la oposición.ALICANTE. El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, gana tiempo y da largas al Síndic de Greuges en respuesta a sus requerimientos de información relacionados con la última queja presentada por PSOE, Unides Podem y Compromís por el supuesto veto a sus derechos de participación política. Como informó este diario, los tres grupos del eje progresista representados en la corporación acudieron al defensor del Pueblo valenciano en septiembre para denunciar el rechazo sistemático al que, en su opinión, se estaba sometiendo a la mayoría de sus propuestas, de modo que no eran admitidas para su debate en pleno. Todo, en su opinión, pese a que esas iniciativas se refieren a cuestiones directamente relacionadas con la ciudad de Alicante: uno de los requisitos formales exigidos hasta ahora.
El Síndic admitió la queja y abrió un expediente de averiguación de hechos en el que solicitó que el Ayuntamiento le facilitase información sobre las propuestas desestimadas y los motivos en los que se justificó esa desestimación. Pero todo parece indicar que el envío de esa documentación tendrá que esperar. Al menos, esa es la voluntad manifestada por el primer edil en respuesta a esa petición.
El primer edil plantea que se suspenda la tramitación de la queja hasta que se resuelva el recurso presentado por el PSOE sobre otra denuncia similar
En concreto, Barcala sostiene que existe un recurso contencioso-administrativo en curso, iniciado por el grupo municipal del PSOE, basado en las mismas circunstancias: la vulneración de los derechos de participación política por el veto a sus propuestas en el pleno. Por ello, el primer edil plantea al Síndic la conveniencia de dejar en suspenso el trámite de la nueva queja conjunta "hasta que se resuelva el citado contencioso".
En todo caso, en esa comunicación dirigida a la institución autonómica, el primer edil ya apunta la línea argumental que ha venido defendiendo hasta ahora como justificación del freno a las iniciativas de la oposición: que se trata de una decisión adoptada por el secretario general. En esta línea, tanto el primer edil como el conjunto del equipo de Gobierno (PP y Cs) persisten en sostener que es el alto funcionario quien, tras analizar el contenido de las propuestas presentadas, plantea su transformación en declaraciones institucionales (resoluciones políticas sin eficacia ejecutiva), sin que lleguen a debatirse como mociones (acuerdos vinculantes). Así, lo subraya el primer edil en su escrito, al apuntar que las últimas quejas registradas por PSOE, Unides Podem y Compromís "traen causa de un mismo hecho: la calificación realizada por el secretario general del pleno de las iniciativas propuestas para su debate y votación en el pleno".
