Reparto de comida del banco de alimentos en València. Foto: KIKE TABERNERLa crisis que estalló en 2008 mostró la peor cara de las entidades financieras, esas que, como dijo Mark Twain hace más de un siglo, te prestan un paraguas cuando brilla el sol y te lo quitan en cuanto empieza a llover. Miles de empresas que habrían podido sobrevivir quebraron por la cicatería de unos banqueros que cortaron el grifo de manera inmisericorde azuzados por unos irresponsables del Banco de España que se han ido de rositas porque eran intocables y unos gobiernos, el de Zapatero y el de Rajoy, incapaces de contener la sangría.
Rajoy, presionado por la UE, aplicó una receta para salir de la crisis que puede que tuviera resultados macroeconómicos pero dejó demasiados daños colaterales en forma de más pobreza y más distancia entre los que siempre ganan y los que no llegan a fin de mes. La crisis derivada de la pandemia ha acentuado a buen seguro esa distancia, de la que aún no existen datos porque las últimas estadísticas se refieren al momento anterior a la pandemia. A ella llegamos con 674.000 valencianos en pobreza severa —menos de 534 euros de ingresos al mes—, el 13,4% de la población, la segunda autonomía con mayor tasa. Para una familia con dos adultos y dos menores, esto significa sobrevivir con menos de 281 euros mensuales por persona.
Además, otras 800.000 personas están en riesgo de pobreza y/o exclusión social, lo que totaliza 1,47 millones en pobreza o en riesgo de sufrirla, el 29,3% de la población en la Comunitat Valenciana, según los datos de la EAPN España y la EAPN Comunitat Valenciana (European Anti-poverty Network / Red Europea de Lucha contra la Pobreza) dados a conocer recientemente por Casa Caridad. La cifra aumentó en 134.000 personas el año anterior a la pandemia, ya que son datos de la renta de 2019.
Existe otro indicador denominado AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion), que identifica la privación material severa —dificultad para adquirir algunos productos básicos— y que sí recoge parte del impacto de la pandemia, pues las encuestas se realizaron entre septiembre y diciembre de 2020. El aumento en la Comunitat Valenciana fue del 4,8% en 2019 al 11,5% en 2020, el mayor de toda España, y afectaba a 577.874 personas frente a las 239.011 personas que tuvieron dificultades en 2019.
Por no aburrir con más datos que no deberían aburrir, solo añadir que la situación a finales de 2021 es probable que sea peor porque la recuperación va muy lenta y el verano no ha sido tan bueno como se esperaba.
Lejos de vislumbrarse una mejoría, nos dirigimos hacia una tormenta perfecta que van a sufrir especialmente quienes están al borde del abismo y todavía no reciben ayudas como la renta mínima. El aumento al mismo tiempo de los precios de las materias primas, del transporte de mercancías y de la energía van a provocar una subida de precios que meterá a más familias en el pozo de la pobreza. Si nos alarmamos con la subida de la luz en verano, el prohibitivo precio del gas en invierno puede ser dramático en no pocos hogares. Además, la respuesta al aumento de la inflación por parte del BCE puede ser, además del cierre del grifo del crédito a los estados, la subida de tipos de interés, con el consiguiente coste en intereses para la gente, las empresas y los gobiernos.
Ante ello, la pachorra gubernamental ya demostrada con el precio de la luz continúa, a pesar de los avisos de subidas de precios de las industrias y del sector de la alimentación, que nunca antes había anunciado tal cosa, y no porque no subiera precios. El Gobierno confía en que los españoles tiren de sus ahorros —son muchos los que han ahorrado durante el confinamiento— para que la campaña navideña dé otro impulso a la recuperación. Sin embargo, ese hipotético aumento del consumo del que tendremos un primer test el Black Friday no librará de la debacle a las familias que viven al día sin expectativas de aumentar sus ingresos.
Frente a la austeridad merkeliana, la tendencia en esta crisis en Europa y en España ha sido la contraria: mucha red social y mucha inversión pública para estimular la economía. También más gasto corriente y más deuda. La teoría keynesiana de estimular la economía en tiempos de crisis está muy bien, pero la fórmula no era solo aumentar la inversión pública sino también estimular el consumo privado. Ahí entra la política fiscal, que el Gobierno solo ha tocado para subir algunos impuestos. Keynes recomendaba reducir los impuestos o al menos no aumentarlos para incentivar el consumo, y subirlos una vez conseguida la recuperación.
No parece que esa sea la idea del Gobierno ni del Consell, a pesar del riesgo de que parte de la ya menguada clase media se siga deslizando hacia abajo como consecuencia del aumento de los precios de productos básicos. No tiene mucho sentido presumir de cobertura asistencial, que tampoco es que sea para presumir, y no hacer nada para evitar que aumente el número de familias que la necesitan.
Tanto el Gobierno central como la Generalitat valenciana no consideran que haya que bajar el IRPF a las rentas bajas, pese a que son los que en relación con sus ingresos más carga impositiva van a soportar por el IVA de los precios que están aumentando. El IVA no se les puede bajar porque es igual para todos, pero el IRPF sí, con un efecto directo en su renta disponible y no demasiado impacto en la recaudación.
El Gobierno de Ximo Puig creó una Comisión para el Estudio de la Reforma Tributaria: siete hombres y cinco mujeres; nueve catedráticos y profesores universitarios, dos altos cargos y una registradora; ningún empresario, autónomo, asalariado del sector privado ni amo de casa. Este viernes se dio a conocer un informe con las recomendaciones de esta Comisión al Consell, entre las que cabe destacar una a propósito de esta columna: bajar el IRPF a las rentas más bajas, concretamente a los cuatro primeros tramos de los diez que tiene la escala autonómica, con alrededor de un millón de beneficiarios.
Si el grupo de expertos dice que hay que bajar el IRPF a las rentas bajas, los partidos del Botànic están a favor de bajar el IRPF a las rentas bajas y una de las propuestas fiscales del PP de Mazón es bajar el IRPF a las rentas bajas, todos ellos podrían aprobar el mes que viene una enmienda a la ley de Acompañamiento con dicha rebaja ya para 2022.
Sería lamentable que, por primera vez en la historia de la actual Generalitat, el Gobierno valenciano no aprobara el proyecto de presupuestos en tiempo y forma. La Ley de Hacienda Pública valenciana establece que el Consell deberá remitir a Les Corts el proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat "antes del 1 de noviembre de cada año". Sería lamentable porque estos señores y señoras a los ciudadanos sí nos obligan a cumplir la ley.
