ALICANTE. El debate sobre la posible entrada en vigor de la subida de los recibos de la basura en Alicante, que se prevé abordar en un pleno extraordinario el próximo 30 de diciembre, llegará con advertencia de legalidad por parte de la secretaría general del pleno respecto al cumplimiento de la normativa estatal.
Así lo ha anticipado este miércoles el alcalde, Luis Barcala, en una comparecencia pública tras realizar una visita de obra a la rehabilitación del complejo de la antigua fábrica de tabacos, en la que ha asegurado que esa advertencia debe realizarse de forma automática, ya que la actualización de la ordenanza reguladora de la tasa fiscal sobre el servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos responde a una obligación estatal, emanada de la ley promovida por el Gobierno central y aprobada en el congreso de los Diputados.
En este sentido, Barcala ha apuntado que esa advertencia permitirá poner sobre aviso a los concejales del conjunto de grupos políticos representados en la corporación, ante la tesitura de que puedan bloquear la aprobación definitiva de la ordenanza, en el supuesto de que se incorporen alegaciones que modifiquen la propuesta validada de forma inicial en el pleno extraordinario del pasado 5 de noviembre.
De hecho, el primer edil ha sostenido que, en el caso de que la ordenanza no llegue a ratificarse -lo que impediría que la subida de los recibos pudiese entrar en vigor en 2025-, podría dar pie a que los concejales que votaron en contra quedasen expuestos a posibles responsabilidades patrimoniales personales. "Es una cuestión interesante, no somos el único ayuntamiento que ya ha analizado esa cuestión; yo soy de la tesis, como el secretario general, como las áreas de Intervención y de las Secretarías de otros ayuntamientos, que puesto que esto responde a un mandato legal, el hecho de no aprobarla lo que puede hacer es que se incurra en responsabilidades patrimoniales, todos aquellos que hubieran votado en contra de la implantación de la tasa", ha argumentado.
"El más esclarecedor es el informe del Ayuntamiento de Vitoria; nosotros llevamos la tasa porque vamos obligados por el Gobierno de España, porque ya se ha publicado el desmentido de la Unión Europea respecto a que fuese desde ese ámbito desde el que se nos obligaba; la Unión Europea no nos obliga, esto es puro y duro Gobierno de España, que nos obliga a todos los ayuntamientos de España a implantar la tasa" actualizada a los costes reales de la prestación del servicio. "Nosotros más remedio que, por mandato legal, ponerlo; yo apelo a la responsabilidad de aquellos partidos que sostienen el Gobierno de España a que, ya que sus propios partidos nos obligan a todos a la tasa, que por lo menos, no pongan palos en las ruedas", ha abundado.
"Nosotros hemos impulsado la tasa, la hemos votado a favor y la impulsamos hasta el pleno, por lo que hemos cumplido con nuestra responsabilidad; si existiera otro tipo de responsabilidades le sería exigible a aquellos que no han hecho lo mismo", ha sostenido. Así, aunque ha asegurado que el Ayuntamiento de Alicante no dispone de ningún informe jurídico propio sobre las consecuencias del rechazo a la actualización de esa tasa, ha apuntado que "el secretario general lo hará saber en el momento en el que se tenga que producir la votación correspondiente, porque es su obligación hacer la advertencia de las consecuencias que tiene para cada cual el sentido de su voto; es una cuestión de orden, dentro del propio pleno", ha sostenido.
Lo cierto es que la aprobación de la actualización de la tasa es un elemento que puede resultar clave en la configuración del presupuesto municipal de 2025, ya que de la revisión de importes depende de forma directa el ingreso de cerca de 16 millones adicionales por la prestación de ese servicio. Por lo pronto, la propuesta presupuestaria para el próximo ejercicio ya está en manos del departamento de Intervención para que pueda ser sometida a fiscalización, según ha confirmado el propio primer edil este mismo miércoles. En el caso de que el nuevo importe de los recibos de la basura no llegue a validarse, no se podrá contar con esa recaudación adicional, no contemplada en las cuentas de 2024.
Además, respecto al presupuesto, el primer edil ha sostenido que se prevé abordar las negociaciones políticas que resulten necesarias con el conjunto de los grupos, aunque ha dicho desconocer en qué fase concreta se encontraban esas conversaciones ni si se había registrado posibles avances. Por el momento, eso sí, lo cierto es que los cuatro grupos que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento -PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem- siguen manteniendo su rechazo a la propuesta sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del servicio de recogida y eliminación de residuos. Los tres grupos del eje progresista sostienen que perjudica a las rentas más bajas, y que no se ha considerado un reparto equitativo entre los domicilios y las actividades económicas, mientras que Vox sostiene basa su oposición en que responde al "fundamentalismo climático" y recalca que, además, no se ha promovido una rebaja fiscal que pueda atenuar los efectos de esa subida en otros impuestos que dependen del ayuntamiento, como el IBI.
Sea como fuere, el aviso del primer edil ya ha motivado la respuesta de representantes de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición. En primer término, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Ana Barceló, quien ha manifestado, a través de un comunicado, que "si quiere negociar la distribución de la tasa de basuras, debe de rescatar la batería de enmiendas que registró el principal grupo de la oposición para redistribuir la tasa de residuos en función del valor y el tamaño del inmueble, ahorrando costes a viviendas más modestas y aumentando el gravamen a las de mayor volumen y valor catastral".
"Barcala se está escudando en la obligatoriedad de aplicar una normativa europea, estatal y autonómica, pero es una cuestión de voluntad política aplicar una redistribución progresiva de esta tasa. Bruselas no dice cómo se tiene que redistribuir la tasa entre las familias alicantinas y los negocios, esa es una cuestión política. El alcalde no puede coaccionar a la corporación y amenazar con responsabilidades patrimoniales por votar libremente lo que cada uno considere. Estamos de acuerdo en la necesidad de rehacer la ordenanza, pero debemos aprovechar este proceso para avanzar hacia una fiscalidad que beneficie a las clases medias y trabajadoras y que proteja a la población más vulnerable", ha añadido.
La portavoz socialista ha recordado que Barcala "tiene encima de las mesa desde hace tres meses nuestra propuesta para una redistribución progresiva de la tasa de residuos". "No vamos a aceptar que se aplique una subida generalizada a todas las familias de Alicante", ha enfatizado.
Barceló ha subrayado, además, que -a su juicio- Barcala "cerró todas las vías de negociación cuando pensaba que sacaría adelante la norma con EU Podem y, después, cuando vaticinó que el PP la podría aprobar en solitario gracias a la ausencia de un concejal de Vox, como ocurrió en el pleno en el que la norma fue aprobada de forma inicial". "No le ha salido bien y ahora apela al sentido de estado, como es un alcalde que carece del sentido de la institucionalidad", ha concluido.
Al tiempo, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, también se ha posicionado respecto a las manifestaciones del alcalde para asegurar que "las amenazas veladas del alcalde hacia el patrimonio personal de los concejales que voten en contra de la tasa de residuos son de una bajeza moral incalificable. Que se siente a negociar de verdad si quiere que aprobemos esta tasa", ha asegurado.
En esta línea, ha apuntado que "presentamos diecinueve enmiendas y se nos aceptó una parcialmente. Y fuimos el único grupo que presentó una enmienda a la totalidad en la que postulamos la devolución de esta propuesta de ordenanza al equipo de gobierno y que se recogiera lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular".
Según ha considerado, la propuesta de ordenanza fiscal promovida por el PP "es un ejercicio coercitivo que impone una vez más sanciones sobre la ciudadanía, sin respetar el principio de 'quien contamina, paga'. Y tiene un claro efecto discriminatorio para los colectivos de nuestra ciudad más vulnerables económicamente que va a producir un efecto negativo en las personas de menor capacidad adquisitiva".
A su juicio, "la tasa sigue sin diferenciar entre grandes empresas y familias de barrios desfavorecidos, lo que genera una carga injusta y desproporcionada sobre quienes menos tienen. Tampoco prevé bonificaciones más allá del uso del 5º contenedor y en un porcentaje que, como máximo, llegaría al 20%, cuando otras ciudades contemplan bonificaciones con hasta un 50% para las familias que certifiquen situación de vulnerabilidad, para las familias numerosas y para los pensionistas. ¿Quién en su sano juicio votaría a favor de esto?", ha añadido.
Por último, ha apuntado que "lo que no dice el alcalde es que esta tasa se centra únicamente lo que deben pagar los ciudadanos y no recoge el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos y la incineración.
Y no debemos olvidar que la responsabilidad de la gestión de residuos recae justamente sobre los ciudadanos de Alicante, mientras que en el pasado estos recursos fueron utilizados para financiar campañas políticas de quienes ahora nos piden 'responsabilidad política'". "El estudio económico sobre el que se fundamenta esta ordenanza fiscal no está hecho como procede y por tanto debe dejarse sin efecto su aprobación. No se recogen los costes indirectos y esto puede suponer un vicio de nulidad. Que se deje de amenazas y haga su trabajo como corresponde y no las chapuzas a las que nos tiene acostumbrados", ha concluido.