"Aunque confío en la justicia, hay plan b para el Pativel; es una línea roja que no se puede rebasar"

ALICANTE. La Conselleria de Infraestructuras, Movilidad y Política Territorial acaba de poner en marcha la Agencia de Protección del Territorio, con sede en Elche. Imma Orozco Ripoll, la secretaria autonómica de Política Territorial, considera que la agencia será un hito, como lo ha sido en Baleares y Galicia, para ayudar a ordenar y regularizar las miles de viviendas fuera de ordenación que hay en la Comunitat y también para disuadir de futuras construcciones ilegales. Mientras la AVPT avanza su puesta en funcionamiento, Orozco aborda otros temas de su competencia con Alicante Plaza.

-Los planes de acción territorial también han sido un objetivo del Botànic. ¿Por qué en algunos no se contempla la movilidad ferroviaria o tranviaria?

-Trabajamos la planificación urbanística. Ahora está en exposición pública el plan de Castelló; después irán los de Alicante-Elche y el de València. El de la Vega Baja ya está a punto. La parte de movilidad es fundamental y estructural, pero la gestiona otra parte de la Conselleria de Infraestructuras y Política Territorial. Me consta que están trabajando por un modelo de movilidad sostenible, y tendrán en cuenta todas las posibilidades del área funcional Alicante-Elche.

"El PAT de la Vega Baja es una oportunidad para crear un nuevo modelo para la comarca, de acuerdo con sus características y haciéndolo compatible con el cambio climático"

-¿Qué características tiene el plan de acción territorial de la Vega Baja y si se ha adaptado a las consecuencias que generó la Dana de 2019?

-La Dana, más que corregir lo que se estaba trabajando desde Política Territorial, lo que ha hecho es reafirmar lo que estábamos haciendo ya. El objetivo es y era trabajan en la sostenibilidad y resiliencia del territorio. Cuando hablamos de sostenibilidad, lo hacemos desde el punto de vista ambiental, pero también social y económica. No es un documento restrictivo, que ordena desde una visión supramunicipal y facilita la implantación de una economía de acuerdo con la capacidad de acogida del territorio. Si queremos seguir dándonos cabezazos contra la pared, por un modelo de monocultivo, del residencial y turístico, se podría hacer, aunque sería complicado en esta etapa de emergencia climática que vivimos. Apostamos por un cambio de modelo, que no demonice el modelo residencial, pero sí que lo moderniza y lo hace mucho más compatible con la apuesta de futuro, que es asumir los objetivos ODS que permiten construir ciudades más amables con las personas, con servicios más cercanos y que eviten grandes desplazamientos para lo básico. El PAT de la Vega Baja es una oportunidad para crear un nuevo modelo para la comarca, de acuerdo con sus características y haciéndolo compatible ante la vulnerabilidad de los efectos del cambio climático. Estamos muy satisfechos del documento final, que está punto de ser aprobado, y que se ha elaborado con una amplia participación, pues se ha llegado a consensos importantes con los 27 ayuntamientos.

-¿Hay zonas de muchas zonas con saturación urbanística?

-No es lo mismo la situación de las comarcas centrales de la Comunitat Valenciana que la Vega Baja. Hay municipios con una situación bastante extrema en la Vega Baja, que multiplica por 8 el índice que la estrategia territorial de la Comunitat Valenciana les concede. Multiplican por ocho, insisto. Por eso, se ha intentado revertir esa situación, sin incurrir en responsabilidades patrimoniales. Hay propuestas como el Pativel con suelos transitorios para facilitar ese progresivo cambio de modelo. Posiblemente, genere alguna discrepancia, pero tenemos muchos argumentos para aprobar el PAT de la Vega Baja.

-¿El Pativel ha cumplido su función de ser un elemento de protección del territorio de la primera línea del litoral?

-Está cumpliendo su función.

-El Pativel está anulado. ¿Hay plan b si el Supremo no corrige esa decisión?

-Si, y tanto. Soy optimista porque era muy difícil que admitieran el recurso de casación, y lo han admitido. Además, aceptando los tres argumentos sobre los que recaía la anulación. Tengo fe y esperanza en que la justicia sabrá leer que es un plan de acción territorial, que no es una transformación urbanística. Lo que sí tenemos claro es que el Pativel es una línea roja, que está en un punto en el que no se podrá rebasar. Nunca. Sería una irresponsabilidad que alguien lo hiciera. No obstante, la Generalitat tiene un plan b, y c, por si, en un momento dado, la justicia confirmara la anulación del plan, para mantener, al menos, el mismo nivel de protección que tiene ahora el Pativel.

-¿La pandemia ha cambiado la concepción del urbanismo?

-La pandemia ha ratificado el camino que ya iniciaron los municipios, y que la Generalitat avala, y encamina, hacia la sostenibilidad. Y cuando hablo de sostenibilidad lo hago desde las tres vertientes: ambiental, económica y social, y además, resiliente, que nos permitan afrontar los retos del futuro, como el cambio climático o pandemias de manera justa para toda la justicia y que procure la equidad, independientemente de dónde habiten. Veo que hay un cambio de no retorno en ese punto. Estamos a punto de adjudicar la redacción de la Agencia Urbana Valenciana, que debe servir de cuaderno de Bitácoras para la Comunitat y sus municipios. Aunque no tendrá rango de norma, sus determinaciones se deben trasladar a las normas y que sirvan para notificar si es necesario para estrategia territorial de la Comunitat Valenciana, u otras normas.

"Soy una férrea defensora de que las infraestructuras deben ser codecididas, no sólo desde el Gobierno central, sino también desde la autonomía y los gobiernos locales"

-Además del caso de la ampliación del Puerto de València, ¿hay otros puntos en los que se produce un choque entre la necesidad de una infraestructura y la sostenibilidad?

-Sí que es cierto que las grandes infraestructuras, las que se diseñan en Madrid, es uno de los elementos que más afectan a la ordenación del territorio y, por tanto, a determinar cómo afrontamos el cambio climático. Soy una férrea defensora de que las infraestructuras deben ser codecididas, no sólo desde el Gobierno central, sino también desde la autonomía y los gobiernos locales. De lo contrario se pueden producir errores importantes que hipotequen el futuro de la Comunitat Valenciana. El impacto de la variante de Benissa es un ejemplo. ¿No había alternativas? Probablemente, las había, si contemplamos un escenario de emergencia climática y de reducción de los vehículos y apuesta por otra movilidad. En València es más visible porque tenemos las grandes infraestructuras de la capital en un radio muy concentrado, pero hay reproducciones en todo el territorio que hipotecan el crecimiento.