Atrapados en el plan #XarxaLlibres: Bigastro no puede pagar a los padres

ALICANTE. Acceder al plan de gratuidad de los libros de texto XarxaLlibres, impulsado por la Conselleria de Educación y sufragado por ayuntamientos y diputaciones, ha sido toda una experiencia para todos los implicados. Pero para algunos municipios ha sido toda una odisea. Es el caso del municipio de Bigastro, un consistorio endeudado hasta las cejas (debe casi 12 millones de euros a los bancos), que tuvo que aplicar un Expediente de Regulación de Empleo o que en los tiempos más negros de la crisis le cortaron la luz a sus instalaciones públicas. Ahora se ha visto atrapado en el programa XarxaLlibres, también por su deficiente situación económica y, sobre todo, por hacerla pública.

Y ese es el gran problema por el que no recibe los fondos: el consistorio está considerado como ayuntamiento financieramente no sostenible. De ahí que el equipo de gobierno del PP optara por no respaldar la adhesión al plan de los libros. Sin embargo, los votos del PSPV lo permitieron y el consistorio, en contra de la voluntad del PP, accedió. Al tener la calificación de no sostenible, el municipio no puede recibir los fondos del plan y ha tenido que ser la Conselleria de Hacienda quien asuma el 33% que le correspondía al ayuntamiento (el otro 33% corresponde a la Diputación de Alicante y el 33% restante a la propia Generalitat).

Con las peticiones de padres realizadas, a Bigastro le corresponden 76.000 euros. Ese primer pago ya se hizo en diciembre de 2015, según explican desde la Conselleria y confirma la alcaldesa, Teresa Belmonte. Sin embargo, por su condición de ayuntamiento no sostenible, no puede recibir el resto. La Conselleria de Hacienda se vio obligada, en julio de 2016, a emitir un decreto para pagar a los consistorios que se encontraban en esa situación, como Aigües, Monóvar y Finestrat. A los que lo había declarado públicamente, como Bigastro, y a los que lo ocultaron. Por eso, Conselleria anuncia que el Ayuntamiento de Bigastro recibirá en breve el segundo pago. Pero falta el tercero, el de la Diputación, que no llega porque según ha desvelado el PP en el pleno de la Diputación, no hay un informe que lo autorice y por lo tanto los padres están sin cobrar la segunda parte del programa de gratuidad de los libros.  Y desde Hacienda sostienen que la Diputación puede pagar ya con el decreto en mano, sin esperar a ningún informe específico.

Pero para lo que la Conselleria de Hacienda es una cuestión de tiempo, para la Diputación se ha convertido en un motivo de exigencia. Por ello, PP y Esquerra Unida han aprobado en la institución provincial una moción, con los votos en contra de PSPV, Conmpromís y el tránsfuga Fernando Sepulcre, para instar a la Generalitat a liberar fondos para las corporaciones provinciales de la Comunitat con la finalidad de destinar dinero a aquellos ayuntamientos que, por incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no han podido sumarse en igualdad de condiciones.

La iniciativa del PP basaba su petición a la Generalitat en las dificultades que sufre el municipio de Bigastro para recibir la financiación para la gratuidad de los libros de texto, mientras que la de EU amplía este espectro a todos los municipios de la Comunitat que pudieran verse en una situación similar.

La diputada de EU, Raquel Pérez, ha defendido la postura en contra de la ley de Estabilidad Presupuestaria de la que su partido siempre ha hecho gala, y ha reconocido que pedir a la Generalitat que se salte esta norma puede "conllevar un delito de prevaricación". Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Castillo, le ha respondido que en ningún caso su formación pide "a nadie que prevarique", sino que se encamina a dar solución a un plan que, en su opinión, "ha sido un fracaso absoluto" y una iniciativa "improvisada".

A su vez, el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, ha acusado a Castillo de "tener una manía impresionante" a Xarxa Llibres y le ha achacado que "exponga a un pueblo para sus batallitas" personales contra la gestión de la Generalitat.

Mientras, la portavoz adjunta del PSOE, Carolina Gracia, ha explicado que el propio decreto del programa ya prevé la posibilidad de ayudar a los municipios que no cumplan con la ley y le ha preguntado a los populares si quieren buscar soluciones o "seguir poniendo piedras en el camino".

Ahora, el problema radica en los municipios que hicieron pública su condición de no sostenibles, como Orihuela, que le pueden obligar a devolver el dinero.