ALICANTE. La deuda histórica contraída por la Generalitat con los administrados que requieren de los servicios de la justicia, con los profesionales del sector y con la misma ciudad de Alicante desde hace más de 20 años comienza a cumplirse -ahora sí- con el lanzamiento de las obras del nuevo complejo judicial que agrupará la mayor parte de los órganos judiciales de la capital. Tras varios anuncios de plazos incumplidos desde finales de la pasada legislatura (básicamente, por falta de disponibilidad presupuestaria, primero, y por la complejidad del proyecto, después), la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas convocó oficialmente el concurso para encomendar su construcción el pasado 15 de mayo, con la previsión de que las obras puedan contar con adjudicatario al final del verano.
El plazo para la admisión de ofertas por parte de compañías interesadas en asumir el encargo se cerrará el próximo 13 de junio. Y nada parece indicar que la licitación vaya a quedar desierta, toda vez que, el pasado jueves, día 26, fueron hasta 16 las empresas que giraron visita de inspección al solar del antiguo cuartel de San Fernando en el que quedará situado el nuevo complejo judicial para conocer in situ las condiciones de la parcela. Se presume que, al menos varias de ellas (al margen de otras que no participaron en esa visita) puedan pujar por asumir el que pasa por ser el mayor contrato de obra pública actualmente en liza en la ciudad (y, posiblemente, en toda la provincia) convocado por el conjunto de las administraciones, con un presupuesto de salida de 85,6 millones.
Las prestaciones del edificio se venían anticipando prácticamente desde el momento en el que se adjudicó la redacción de su proyecto a la empresa Ayesa, en enero de 2019. Se ha diseñado un edificio distribuido en varios volúmenes que generará un espacio abierto a la ciudadanía a modo de plaza o patio central, que con accesos desde la avenida de Aguilera y desde el parque-plaza de la Ciudad de la Justicia, desarrollado por el Ayuntamiento en la mitad norte del solar del antiguo cuartel. El nuevo edificio tendrá hasta tres plantas de sótano (en los que se habilitará 186 plazas de aparcamiento, además del archivo y de las dependencias del Instituto de Medicina Legal: uno de los responsables de las últimas modificaciones introducidas en el proyecto) y siete plantas en altura, como ya ha informado Alicante Plaza.
En la planta baja, se ubicará la Oficina de Denuncias especializada en Violencia de Género y la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito. La planta primera quedará reservada para la disposición de hasta 23 salas de vista: todas salvo dos, de mayor tamaño, que se ubicarán en la planta segunda, donde también se posicionará el centro de mediación y la oficina de atención social. Entre la planta tercera y la quinta se distribuirán todos los juzgados de lo Civil y lo Penal que ahora se encuentran emplazados en el Palacio de Justicia de Benalúa; en la sexta planta se situará la nueva sede de la Fiscalía; la séptima se reservará para futuras ampliaciones, y la planta ático albergará el decanato y la secretaría de coordinación, según se detalló este lunes durante la presentación del proyecto.
Por su parte, los juzgados de lo Contencioso-Administrativo permanecerán en las dependencias actuales, en el edificio de cristal de la calle Pardo Gimeno. Sin embargo, todas los demás órganos judiciales distribuidos en los bajos de otros edificios próximos quedarán centralizados en el nuevo complejo judicial, de modo que las ocho sedes judiciales distintas existentes en la actualidad quedarán centralizadas en solo tres en un radio de 50 metros, según detallaron los responsables de Ayesa en la presentación del proyecto. No en vano, ese nuevo complejo dispondrá de 46.857 metros cuadrados construidos: más del doble de los 19.929 de los que se dispone ahora en el conjunto de esas distintas sedes.
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, concretó que el objetivo es que la construcción del complejo pueda iniciarse en una fecha por concretar del último trimestre de 2022 para finalizar 33 meses después, durante la primera mitad de 2025, salvo que surjan contratiempos imprevistos (presentación de recursos o retrasos en la ejecución de los trabajos, etc.). Se trata, en consecuencia, de un proyecto de ejecución plurianual, para la que los presupuestos autonómicos de 2022 recogían ya una primera partida de 16 millones, que deberá complementarse en los próximos ejercicios para dar continuidad a las obras.
A su conclusión, el siguiente reto del departamento autonómico es acometer la ya anunciada remodelación del actual edificio del Palacio de Justicia, en el que se vienen sucediendo intervenciones parciales desde hace varios años. En principio, la pretensión dada a conocer hasta ahora es que ese inmueble quede reservado para usos institucionales asociados a la administración de justicia, así como sede de la biblioteca, aunque se especula con la posibilidad de que también pueda llegar a albergar las secciones de la Audiencia Provincial que ahora se ubican en un edificio específico (también propiedad de la Generalitat) situado en la Plaza del Ayuntamiento.
En esa hipótesis, ese inmueble quedaría liberado y abierto a un posible acuerdo de cesión al Ayuntamiento para que pudiese reorganizar las dependencias que tiene repartidas en varios edificios privados en el todo el Centro, como el antiguo Hotel Palas, propiedad de la Cámara de Comercio, entre otros. Sea como fuere, la reforma del actual Palacio de Justicia sería un proyecto a perfilar en el último tramo de la próxima legislatura autonómica.
Por lo pronto, la ejecución del nuevo complejo está llamada a completar la trama urbana tras el vacío generado por la demolición del antiguo cuartel, en el año 2000, de modo que pueda favorecer la conexión entre los barrios de Benalúa, Alipark y Princesa Mercedes. Parte de esa vertebración quedó organizada a partir de la puesta en marcha del parque-plaza de la Ciudad de la Justicia, en la parte norte del solar del antiguo cuartel, que, según se destacó en el acto de presentación, ya se diseñó de manera coordinada para que se pudiese dar encaje a la construcción del nuevo complejo judicial.