La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el presidente de la Audiencia, Juan Carlos Cerón, en una visita al Palacio de Justicia de Benalúa, en imagen de archivo.ALICANTE. La construcción del nuevo edificio judicial de Benalúa, concebido como una suerte de Ciudad de la Justicia para Alicante similar a la que ya existen en el resto de grandes ciudades de la Comunitat (València, Elche y Castellón), parece no tener ya marcha atrás. La Conselleria de Justicia prevé firmar este jueves el acuerdo de adjudicación para la redacción de su proyecto constructivo y dirección de obra a la oferta presentada por Ayesa. El importe de adjudicación supera el millón de euros (1.120.000) y se calcula que el coste de las obras supere los 35,6 millones, según precisaron este martes portavoces oficiales del departamento que coordina Gabriela Bravo. La última cifra que se había dado a conocer al respecto hablaba de una dotación global de 53 millones para la construcción de ese nuevo edificio judicial y para la urbanización del conjunto de la parcela, a través del Plan de Infraestructuras Judiciales para el periodo 2017-2021.
La titular del departamento autonómico fue, precisamente, quien anunció la rúbrica del contrato, en su visita a las nuevas dependencias de la Fiscalía, situadas en el edificio actual del Palacio de Justicia de Benalúa (en las que el Consell ha invertido 138.600 euros). En ese acto, Bravo señaló que, una vez superada la dificultad que supuso la impugnación del proceso de licitación de la redacción del proyecto por las condiciones del pliego, se había conseguido desbloquear su adjudicación, de modo que las obras podrían iniciarse incluso antes de que finalizase este ejercicio. Con todo, el conjunto de la actuación prevista en la parcela en la que se ubicaba el antiguo cuartel militar de San Fernando, también situado junto a la avenida de Aguilera, no se habrá desarrollado como muy pronto hasta dentro de cuatro años. Ese plazo comenzará a contabilizarse en el momento en el que se dé comienzo a los trabajos.
La construcción del nuevo edificio en el solar que ocupaba el cuartel militar de San Fernando dará paso a una reorganización de dependencias por jurisdicciones
Por lo pronto, como ya publicó Alicante Plaza, en los presupuestos de la Generalitat de 2019 se prevé una primera dotación de 880.000 euros. Así, el grueso de la suma requerida para su construcción queda programada como inversión plurianual en las tres anualidades posteriores, hasta 2023. La propuesta consiste en la construcción de un inmueble de nueva planta con el que se podría abordar una reorganización de los órganos judiciales en diversas dependencias.
De este modo, según los planes detallados por Bravo en el arranque de 2017, el actual edificio de Benalúa -que se prevé someter a una reforma y acondicionamiento integral, ajustada a las condiciones de conservación que impone el catálogo de edificios protegidos con una inversión de 24,5 millones- quedaría para los juzgados de lo Penal. El edificio de Pardo Gimeno, seguiría estando reservado para los juzgados de lo Contencioso y de lo Social. Y, por último, el nuevo edificio cuya redacción de proyecto se adjudica ahora albergaría los juzgados de lo Civil, el Registro civil, Menores, Fiscalía, los calabozos, dependencias para abogados y procuradores y el Insituto de Medicina Legal.
