Terrenos donde se proyecta la Ciudad de la Justicia de Alicante, con los actuales juzgados al fondo. Foto: APALICANTE. Pequeño contratiempo para la futura Ciudad de la Justicia de Alicante. Un recurso del Colegio de Arquitectos, admitido por el Tribunal Central de Recursos Administrativos, ha obligado a corregir una de las cláusulas del pliego de condiciones para licitar la redacción del proyecto y la dirección de obra. Y, por tanto, a ampliar el plazo de licitación y retrasar el resto de trámites. Así, este plazo, que venció a mediados de mayo, se alarga ahora hasta el último día del mes de julio, según ha publicado este martes el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
Como publicó Alicante Plaza, la Conselleria de Justicia licitó en marzo los contratos para la redacción del proyecto y dirección de obras de lo que será la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante. El anuncio del concurso se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea para establecer los plazos, y se fijó el 10 de abril como límite de recepción de ofertas, por un importe máximo de 1.119.242 euros.
El plazo, finalmente, se alargó hasta el 14 de mayo tras la publicación del anuncio de licitación en el DOGV. Sin embargo, una vez finalizado, el Tribunal Central de Recursos Administrativos ha estimado parcialmente el recurso del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, que pedía modificar algunas cláusulas del pliego de condiciones. Concretamente, en lo relativo a las exigencias de visado. La resolución favorable a las pretensiones de los arquitectos, así, ha obligado a la Conselleria a modificar el pliego en los citados términos, tal como publica el DOGV.
De esta forma, y en relación a las obras que se ejecutarán en base al proyecto redactado por el adjudicatario (que es lo que se ha licitado ahora), el pliego establecía que para marcar el estado de ejecución se tendría en cuenta "la última certificación ordinaria aprobada por la administración (contada a origen) o de visado por el colegio oficial". Tras el fallo del Tribunal, esta exigencia se 'relaja', de forma que se admitirá, alternativamente a la última certificación ordinaria, un "certificado expedido por el destinatario de las obras" (es decir, la Generalitat) o, a falta de este certificado, "una declaración del empresario".
Además de obligar a modificar el pliego, el fallo del Tribunal Administrativo obliga a retrotraer la licitación al momento en que se presentó el recurso, de forma que el contrato tiene que volver a salir a licitación con su nueva redacción. Por este motivo, el DOGV publica la ampliación del plazo de admisión de ofertas, que ya estaba vencido, hasta el 31 de julio. Es decir, un mes y medio de retraso sobre los plazos previstos. La apertura del sobre número 2 de los licitadores se abrirá el 10 de agosto.
