VALENCIA (EP/AP). Alicante se queda al fin el premio gordo entre las inversiones de la Generalitat para la construcción de nuevas infraestructuras judiciales. Al menos sobre el papel. El jefe del Consell, Ximo Puig, y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, detallaron este martes el contenido del Plan de inversiones para el periodo 2017-2021 con una dotación global de 200 millones de euros en la construcción y rehabilitación integral de sedes judiciales, de los que 77,8 se destinan a Alicante. En concreto, se prevé una primera asignación de 53,3 millones para la construcción del nuevo edificio judicial anunciado hace un año en el solar situado frente al actual Palacio de Justicia de Benalúa, junto a la misma avenida de Aguilera. Y otra suma adicional de 24,5 millones para acometer la reforma integral de ese mismo edificio judicial en el que ahora se distribuye la mayor parte de los órganos de la jurisdicción Penal y Civil.
De acuerdo con la planificación dada a conocer por la conselleria, se prevé que el proyecto de construcción del edificio de obra nueva se licite en octubre de 2018, una vez sorteada la ampliación de plazo que resultó necesaria tras el registro de un recurso contra el pliego de condiciones para la redacción del proyecto. Así, ese trabajo (la redacción del proyecto) debe estar finalizado en abril de 2019, de modo que la construcción propiamente dicha pueda comenzar en septiembre de ese año y terminar a principios de 2022. Sobre los detalles del proyecto, sólo han trascendido los avances que la propia consellera titular del departamento dio en febrero de 2017.
Según Justicia, con ese proyecto -que conllevaría una redistribución de los juzgados entre los tres futuros edificios, sin que se trasladasen las dependencias de la Audiencia Provincial, que permanecerían en la Plaza del Ayuntamiento- se trataría de dotar a Alicante de una auténtica Ciudad de la Justicia como la que ya disponen las ciudades de València, Castellón y Elche y que ya se ha comprometido en varias ocasiones a lo largo de la última década sin llegar a ejecutarse. Por lo pronto, para la rehabilitación del actual Palacio de Justicia de Benalúa (con la citada inversión de 24,5 millones) no se concretaron fechas.
El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, ya manifestó este martes su deseo de que la propuesta de inversiones no quede en un mero anuncio y expresó su preocupación sobre el incumplimiento de los plazos anunciados. Con todo, garantizó toda la colaboración del Ayuntamiento para que los proyectos se agilizasen.
El plan de infraestructuras contempla, además, nuevas sedes en diferentes localidades de la Comunitat: 2,5 millones para nuevos juzgados en la Vila Joiosa; 14 millones en Alzira; 750.000 euros en Mislata; 17 millones para el nuevo juzgado en Llíria y otros 17 millones en Torrent. De igual modo, recoge una inversión de 17,5 millones para inmuebles en Gandia, 1,5 millones en Orihuela; 616.000 euros para la nueva Fiscalía en Gandia; 600.000 para la construcción de nueva sede en Sueca y también prevé construir en Xàtiva, aunque sin detallar asignación presupuestaria.
Por otro lado, se acometerá la reforma integral de diferentes sedes judiciales: la del TSJCV que cuenta con un presupuesto de 25,2 millones y un plazo estimado de ejecución de obra de cinco años; un millón de euros para los inmuebles en Nules; 1,6 millones en Vinaròs y 1,1 millones en Torrevieja. Además, se realizarán actuaciones de eficiencia energética y mejora de la climatización en el TSJCV; la Ciudad de la Justicia de valència y en los edificios de la Administración de Justicia de Benidorm, Novelda, Elda, Villena, Paterna. Alicante, Castellón, Segorbe; Elche, Sagunto, Quart de Poblet y Vinaròs.
