Hemos hablado muchas veces de la cuestión, pero ya que esta semana ha sido noticia, pues volvemos al tema: el Gobierno, y la Generalitat, han confirmado la liberalización de la AP-7 a partir de enero de 2020, desde Alicante hasta Tarragona. La decisión supone ratificar lo que se había prometido en campaña electoral, y desde hace varios años. Y aunque en un principio supone una decisión de calado para una infraestructura que hemos pagado sobradamente los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, abre una serie de interrogantes de los problemas que puede generar -y que los va a generar porque ya los genera con la presencia del tráfico pesado-, pero sobre todo, porque supone a renunciar a una herramienta para la gestión de la movilidad y, al mismo tiempo, a un instrumento de recaudación para la financiación de las infraestructuras.
Desconozco si lo han hecho, pero antes de tomar la decisión de la liberalización total quizás se podría haber justificado técnicamente, además de saber -como sabemos todos- que la infraestructura está amortizada. También hubiera sido interesante saber cuál va a ser el coste del mantenimiento y si con el canon que pagan las áreas de servicio es suficiente, o habrá que recurrir a las partidas de los Presupuestos Generales del Estado.
La cuestión es que finalmente se ha optado por la postura más cómoda y lógica, aunque quizás no la mejor para la gestión de la movilidad, y renunciando a un instrumento disuasorio. El actual Gobierno defiende que la posibilidad de estudiar peajes blandos se descartó en la pasada legislatura y que ha primado el mismo criterio que con la autopista AP-1 de Burgos y Armiñón; es decir, gratis total, y que no se podía hacer distinciones entre vías de este tipo dentro del territorio nacional.
Pero creo, modestamente, que no se trata de vías de las mismas características y que la gratuidad total de la AP-7 se renuncia a un instrumento de políticas de movilidad. Pongo algunos algunos ejemplos. Así, actualmente, la circunvalación A-70 de Alicante está saturada y necesita de un tercer carril. Lo lógico hubiera sido liberalizar la segunda circunvalación -una de las rescatadas por el Estado- y desviar el tráfico para evitar los atascos que se generan en días laborables. Otro ejemplo: entre La Vila y Benidorm ya dispone de vías de circunvalación amplías y, por lo tanto, no tiene sentido que ese tramo de la AP-7 se liberalice, y en cambio, en Altea, debería ser gratis para su saturación y evitar la construcción de un futura variante. Sueca y Cullera también disponen de vías alternativas para evitar la AP7 de pago.
De igual manera, se podría construir, con una hipotética recaudación de peajes blandos, un acceso a la altura de Gata de Gorgos para ir a Xàbia y de esta manera, evita la duplicidad de tráfico en la N-332 entre Ondara y Gata. Es lo que se está haciendo en Oliva. Otra solución serían carriles paralelos a la misma AP-7 y gratuitos para sortear algunos centros urbanos, sin tanto impacto en el territorio que una variante propiamente dicha. Para Altea sería una buena solución.
En definitiva, hay y había muchas alternativas para modular el tráfico y generar flujos diferentes o evitar duplicidades. Ahora, en cambio, podemos tener una AP7 gratis pero con demasiado tráfico y con algo que empieza a ser un peligro, los camiones de gran tonelaje.
Sí, la decisión de liberalizar la AP7 es lógica y coherente, muy cómoda, pero quizás a los gobernantes hay que solicitarles a veces que busquen soluciones intermedias y más justas. Y haber, al menos, estudiado un sistema de compensación de tráfico no hubiera costado tanto.
Y por último está la cuestión de implantar los peajes blandos. También se debió estudiar, con la posibilidad de que los residentes sí que disfrutaran de la vía de forma gratuita y que se pagara por su uso, y/o en diferentes épocas del año. Porque los residentes entre Tarragona y Alicante en la zona litoral han pagado con creces esta infraestructura, con precios abusivos, a diferencia de los interior o del sur, que han disfrutado de vías alternativas gratuitas. Estudiar peajes para los turistas o visitantes temporales era una manera de compensarles a cambio de mejoras en su red de comunicaciones interna. O para financiar otras obras importantes que desbloquearán otros nudos en la N-332. Siempre lo he defendido, esa es la verdadera tasa turística que podría implantar la Comunitat Valenciana, acorde con las políticas europeas, de pago por uso, y además, capaz de generar políticas de movilidad en función de los flujos de tráfico. Pero el momento era era ahora. Todo lo que venga después será impopular.
Ciudadanos y Partido Popular han pasado su test de estrés particular con la elección de los diputados provinciales. El proceso ha tenido dos perdedores claros: la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, de Ciudadanos, que no tendrá cargo en la Diputación de Alicante, y el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, que quería situar a José Ramón González de Zárate en la institución provincial. Según me llega, Bernabé Cano apretó, y mucho, las clavijas al nuevo presidente, Carlos Mazón, no sólo con las exigencias de quién debían ser los diputados de la Marina Baixa, sino con qué competencias debía llevar y en qué condiciones.
Al igual que ocurre en el resto de España, en Ciudadanos manda Rivera y su delegado en la Comunitat es Toni Cantó. No hay espacio para la discrepancia: a quién lo quiera, se le enseña la puerta de salida. Y ese es el temor que ha tenido en todo momento Mari Carmen Sánchez: salir de la línea oficial era jugarse la expulsión. Su campo está en el ayuntamiento de la capital y intentar que el PP, con su experiencia, le coma el terreno. Lo otro es competencia de Cantó, y por extensión, de Rivera.
En el PP, creo Toni Pérez intentará cobrarse, con el tiempo, esa asignatura pendiente en el próximo congreso provincial.
