Exterior del Palacio de la Diputación de Alicante, en una imagen de archivoALICANTE. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha anulado la adjudicación a la empresa gestora de aparcamientos Saba del contrato de alquiler de 190 plazas de aparcamiento para empleados de la Diputación de Alicante, acordado el pasado mes de marzo por la mesa de contratación de la institución provincial. El Tribunal ha admitido parte del recurso presentado por la otra empresa en liza, APK Gestión de Aparcamientos, y ordena retrotraer el proceso al momento de valoración de las ofertas, al tiempo que anula la de Saba. Lo que supone tanto como dejar sola a APK, dado que solo había dos ofertas.
Así consta en una resolución del Tribunal del Ministerio de Hacienda del pasado mes de junio, consultada por Alicante Plaza, que admite parte de los argumentos de APK, segunda clasificada (solo compitieron dos empresas) en cuanto a que la oferta considerada ganadora por la Diputación incumplía el pliego de prescripciones técnicas de la licitación. Concretamente, en un punto que los técnicos de la Diputación no veían problemático: las plazas ofertadas por Saba no están situadas en el mismo aparcamiento, sino en dos distintos, con el añadido de que podrían verse obligadas a redistribuirse durante el periodo de vigencia del contrato (dos años).
La empresa descartada en la licitación ya alegó en el mismo sentido ante la Diputación, pero los técnicos provinciales descartaron que esta circunstancia fuese suficiente motivo para considerar incumplido el pliego, y de hecho señalaron que, aunque en dos establecimientos distintos, las 190 plazas de Saba constituían "una oferta única". El informe de los técnicos también señalaba que la exigencia de unidad de las plazas constituía "un exceso de celo" por parte de la Administración al redactar el pliego, y destacaban que en cualquier caso Saba garantizaba la disponibilidad de las 190 plazas de aparcamiento.
Sin embargo, el TACRC sí considera que esa división de la oferta en dos aparcamientos distintos incumple el pliego. Concretamente, Saba ofertó 95 plazas en el aparcamiento que gestiona junto a la estación de Adif, en la avenida de Salamanca, y otras 95 en el aparcamiento subterráneo que gestiona en la avenida de Maisonnave. El problema, según se expresa en la resolución del Tribunal, no es tanto esta división en dos aparcamientos, sino que las 95 plazas de la estación podrían 'desaparecer' si se extingue la concesión administrativa con Adif bajo la cual Saba gestiona dicho parking.
En su oferta, la empresa se comprometía a reubicar las 95 plazas del parking de la estación, total o parcialmente (en función de si la hipotética extinción de la concesión fuese total o parcial), en el estacionamiento de la avenida de Maisonnave. Y aquí es donde el TACRC ve el problema: esa posibilidad, que se ejecutaría siempre hipotéticamente durante el periodo de prestación del servicio, supone una "variante" que el pliego de condiciones no admitía. Es decir, Saba incumple el pliego, ergo procede anular la adjudicación.
En contra de la pretensión de APK, que lógicamente pedía que se acordase la adjudicación directa del contrato al anular la oferta ganadora, lo que ha decidido el Tribunal Administrativo es retrotraer la licitación a la fase de valoración de ofertas. Eso sí, excluye del proceso la oferta de Saba por incumplir el pliego, de forma que si la Diputación quiere seguir adelante y formular otra propuesta de adjudicación, no le quedan más opciones que APK, cuyo aparcamiento es el de la calle Carlet, en el barrio de Benalúa y con acceso desde Óscar Esplá. Este diario intentó recabar la postura de la institución provincial al respecto sin éxito.
Según la propuesta de adjudicación que fue finalmente aprobada el pasado marzo y anulada ahora por el TACRC, la oferta de Saba suponía un coste de algo menos de 265.000 euros, impuestos incluidos, mientras la de APK Gestión de Aparcamientos ascendía a 314.600 euros, de forma que la ganadora era la más ventajosa económicamente para la Administración, al margen de las mejoras incorporadas por los licitadores, como precios especiales para las franjas horarias no incluidas. La disputa y la anulación de la adjudicación se refiere solo al Lote 1 del contrato, relativo a las plazas de aparcamiento en el centro, es decir, para los empleados que trabajan en el Palacio Provincial.
