Foto: EUROPA PRESSVALÈNCIA (EP). La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 21 años de prisión para el ex delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconseller de Gobernación y Justicia con el PP Serafín Castellano por el conocido como cártel del fuego, el amaño de contratos de extinción de incendios.
Así se desprende del escrito que el fiscal ha remitido al Juzgado Central de Instrucción 6 de Madrid encargado de esta causa, en la que hay 17 acusados, entre ellos el empresario Vicente Huerta, para quien reclama 33 años de cárcel.
En concreto, el ministerio público atribuye a Serafín Castellano los delitos de falsedad en documento público; un delito continuado de cohecho; prevaricación; malversación; y asociación ilícita.
Según se desprende del relato fiscal, los acusados, en periodo comprendido entre 1999 y, al menos, 2018, en relación con la actividad de contratación del sector público en el ámbito de la navegación aérea, fundamentalmente en el de la extinción de incendios forestales, desarrollaron "múltiples conductas ilícitas".
Algunos acusados lo hicieron con ocasión del ejercicio de su actividad como autoridades y funcionarios públicos relacionados con los procesos de contratación, como es el caso de Serafín Castellano, conseller de Justicia y Administraciones Públicas entre 1999 y 2000; de Sanidad entre 2000 y 2003; y de Gobernación y Justicia entre 2007 y 2014.
Se creó una "asociación" de personas y empresas del sector de extinción de incendios que, con previos pactos "clandestinos y ánimo de lucro", imponían a las administraciones contratantes precios superiores de los que derivarían de la libre y transparente concurrencia y ello mediante el reparto fraudulento del mercado; o con el uso de mecanismos de expulsión de otros eventuales ofertantes y de ardides o técnicas fraudulentas de elevación de los costes de contratación de los servicios a satisfacer por parte de la administración contratante.
En todo caso, los empresarios acusados actuaban ante la administración en los procesos de contratación con una "engañosa puesta en escena", que aparentaba libre concurrencia, mediante la cual obtenían la adjudicación contractual para quien se habían propuesto.
En otras ocasiones, fue con ilícito auxilio de autoridades y funcionarios, que se obtenía la imposición a la administración contratante de incrementos de estos costes mediante generación arbitraria e injustificada de modificaciones contractuales, de prorrogas, o mediante la admisión y satisfacción indebida de facturas no justificadas.
Dentro de esta operativa, Vicente Huerta realizó regalos y dádivas a tal fin. Esto se produjo en favor de Serafín Castellano, entre otros.
Al respecto, el fiscal relata que Huerta mantenía una "intensa y corrupta" relación con Serafín Castellano. Ambos y la familia y amigos del exconseller compartían múltiples actividades de ocio en las que fijaban la forma de proceder para lucro del primero y sus empresas con ocasión de la contratación pública con la administración regional.
Vicente Huerta, a cambio, realizaba regalos y pagos a Serafín Castellano y a quienes eran teóricamente invitados por este último; todo, costeado por el empresario y sus empresas. Se entendían entre sí para que, en beneficio de Avialsa T35, se ampliasen a costa del erario público contratos mediante prorrogas indebidas; se omitiera la imposición de penalizaciones por incumplimiento de las condiciones impuestas en los mismos; se adjudicasen y firmasen contratos, sin declararlos desiertos como procedía, ante el incumplimiento de cláusulas establecidas en los pliegos y se satisficieran indebidamente importantes cantidades.
A cambio de todo lo anterior, Vicente Huerta, a través de sus sociedades vinculadas, premiaba económicamente a Castellano en forma de cacerías, monterías, hospedajes, viajes, material cinegético, dinero en metálico y otros presentes (baúles con jamones 5J y similares).
Castellano intervino, en el seno de la administración regional, en la adopción de iniciativas, decisiones y acuerdos económicamente beneficiosos para Vicente Huerta y sus sociedades vinculadas. Formalizó numerosas resoluciones en su condición de conseller en favor del empresario y sus sociedades, sin desestimar nunca petición alguna formulada por este último ni, pese a su íntima relación, abstenerse.
La Abogacía de la Generalitat Valenciana reclama 15 años de prisión para Castellano, al que atribuye un delito de prevaricación; cohecho; malversación de caudales; falsedad en documento público y delito de organización criminal. Junto a la cárcel, reclama multa e inhabilitaciones.
Para Vicente Huerta, esta acusación solicita 12 años de cárcel por un delito de organización criminal; otro de alteración de preciso en concursos públicos y un delito de cohecho.
En cuanto a la responsabilidad civil, la Generalitat reclama una indemnización provisional de 904.407,28 euros que deberá ser abonada de forma solidaria por Castellano, Huerta y todos los acusados de la organización o grupo criminal y las empresas que formaban parte de la misma.
