Miguel Zaragosa, ex alcalde del PP de Santa Pola, es uno de los denunciantes ante la Fiscalía Anticorrupción. Foto PEPE OLIVARESALICANTE. La Fiscalía Anticorrupción de Elche/Orihuela ha reclamado al actual Ayuntamiento de Santa Pola, gobernado ahora por un cuatripartito (PSPV, Compromís, EU y Sí Se Puede), toda la documentación respecto a dos asuntos: el Plan de Humanización y el permiso de la Media Maratón 2018, tal y como ha publicado Alicante Plaza. La petición de la documentación se hace después de una denuncia presentada por el ex alcalde, Miguel Zaragoza, y ocho concejales del PP. En el caso del Plan de Humanización, la Fiscalía ha exigido los 13 contratos menores en los que hasta el momento se ha dividido el proyecto para peatonalizar y mejorar el tráfico rodado del centro de la ciudad. La petición se hace ante la posibilidad de que existiera un supuesto fraccionamiento de contratos.
En concreto, se pide la documentación de tres actuaciones en la Calle Mar, para mejorar la señalización, construcción de una rotonda y mejora de las unidades. Uno de estos contratos menores fue adjudicado a Serrano Aznar Obras Públicas SL. Hay otras tantas actuaciones contratadas para la Avenida González Vicens, también a través de contratos menores, que ejecutaron Hormigones Crevillente SLU para el suministro de hormigón; Áridos Santa Pola, para el suministro de zahorra; Reynober Obras SA, y Mariales Cano SL.
En la calle Deán López y Almirante Antequera también y en los alrededores del Castillo se hicieron mejoras, que fueron adjudicadas, en contratos menores, a Aitana Construcciones y Servicios. La firma Rocamora González también también hizo mejoras en la calle del Mar. Y para la instalación semafórica se contrató a Indra Sistemas SA.
Todos estos contratos han sido requeridos al consistorio, así como los informes que ha realizado la secretaria de la corporación al respecto. Por último, el Ministerio Público también exige la respuesta que le dio el consistorio al Síndic de Gregues tras la queja de Josefa Garri, como presidenta de la Asociación de los Comerciantes que fue uno de los colectivos más críticos con el plan de humanización impulsado por el Ayuntamiento de Santa Pola en este mandato.
En cuanto a la Media Maratón de 2018, que fue organizada por la empresa Educanova y Consultores SL (que utiliza la marca comercial de White Go for it), el fiscal reclama al consistorio santapolero la propuesta de acuerdo autorizada por la Concejalía de Deportes en septiembre de 2017 y ratificada por decreto de Alcaldía en enero de 2018; el informe de Intervención con los gastos satisfechos con cargo al erario público por la organización y ejecución de la prueba deportiva. También requiere el informe de Intervención de los ingresos satisfechos por la empresa en concepto de pago de tasas o resarcimiento de gastos soportados por el ayuntamiento. La sospecha de los denunciantes; es decir, del PP, es que tuvo que mediar un concurso público para que una empresa organizara la prueba. El actual Gobierno municipal defiende que fue la empresa quien pidió permiso para poderla organizar.
Hay que recordar que Santa Pola cambió de operador para la organización de la Media Maratón en 2018, tras el escándalo de los uniformes de la Policía Local, en la que se vieron envueltos dos directivos del Club de Atletisme de Santa Pola, el presidente Roque Alemañ y Pascual Linares, ambos agentes de la Policía Local, ahora investigados por supuesto fraude y prevaricación. El Club de Atletisme de Santa Pola había organizado hasta 2017 todas las ediciones de la prueba deportiva y tenía un convenio suscrito con el ayuntamiento por el cual se le daba una subvención para sufragar determinados gastos derivados de la organización.
De momento, la Fiscalía Anticorrupción está a la espera de recibir toda la documentación para pronunciarse al respecto y ver si hay indicios delictivos en la actuación de los actuales concejales del equipo de gobierno.
