Los acusados por el supuesto amaño del PGOU investigado en 'Brugal', en la primera sesión del juicio. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. La Fiscalía Anticorrupción mantiene el grueso de su escrito de acusación inicial y ratifica las conclusiones para los tres principales procesados en el juicio por el supuesto amaño del Plan General de Alicante, investigado en el marco del 'caso Brugal'. En esta línea, al término de la fase de audiciones y de exposición de la prueba documental, los fiscales Felipe Briones y Pablo Romero han confirmado, este lunes, la reproducción de sus peticiones de condena para el empresario Enrique Ortiz y para los exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.
Así, en función del escrito de acusación registrado en 2018, Anticorrupción considera a los dos exdirigentes políticos responsables de los delitos continuados de revelación de información privilegiada, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. En esta línea, solicita que se les imponga una pena de 10 años de prisión. Para Ortiz, por su parte, demanda 8 años de cárcel como autor de un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, tráfico de influencias y prevaricación.
En realidad, en relación a los tres principales encausados, Anticorrupción solo introduce una modificación por lo que respecta al cálculo de las presuntas dádivas. En concreto, por lo que concierne a los viajes a Ibiza a bordo del yate de Ortiz disfrutados por Castedo. En este supuesto, la Fiscalía rebaja su valor global a 98.966,69 euros (43.954 el primero y 55.012 el segundo) en lugar de los 231.000 euros especificados en el informe pericial, elaborado a petición de la propia Fiscalía. Se trata de una corrección a aplicar tras computar el coste de esos desplazamientos solo para dos personas (Castedo y su esposo), en lugar de valorar el precio total de los viajes, en los que participaron más personas, como alegaba un segundo informe pericial aportada por la defensa de la exregidora.
Esa nueva cuantificación tiene relevancia por lo que respecta a la petición de multas tanto para Ortiz como para Castedo. Para el primero, la petición de sanción prevista por el delito continuado de corrupción de autoridades queda fijada en 1.764.447 euros. Para Castedo, por el delito continuado de cohecho se solicita una multa de 175.468 euros.
Anticorrupción sí incorpora, no obstante, novedades por lo que respecta a los dos abogados del despacho Salvetti, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo. Así, solicita que también se condene a ambos por un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos al mantener que participaron en la resolución de las alegaciones que se formularon a raíz de las dos exposiciones al público del que iba a convertirse en el nuevo PGOU (no llegó a estar vigente, puesto que el Ayuntamiento desistió de su tramitación, después de haber pedido a la Conselleria de Urbanismo que lo validase tras su aprobación provisional). Respecto a ese nuevo delito, la Fiscalía solicita penas de multa de veinte meses con cuota diaria de cien euros, además de su inhabilitación especial para el asesoramiento y asistencia técnica en materia urbanística y de planeamiento para cualquier administración pública por tiempo de tres años.
Anticorrupción rebaja el coste de los viajes de Castedo a Ibiza en el yate de Ortiz e incorpora como prueba documental el pacto de conformidad de Ortiz, del que después se retractó
Por su parte, la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Alicante a través del letrado José María López Coig, también ha mantenido las conclusiones de su escrito de acusación inicial, aunque con una petición de penas inferior, de 2 años y nueve meses para los tres principales encausados: Ortiz, Alperi y Casteo. Inicialmente, solicitaba condenas de 4 años para los dos expolíticos y de 5 para el empresario. Por último, la acusación popular que ejerce la agrupación local de Esquerra Unida (EU), representada por José Luis Romero, ha confirmado igualmente su escrito de calificación, con la única salvedad de la retirada de la acusación del delito de aprovechamiento de información privilegiada que ese había atribuido a Ortiz, pero que fue finalmente retirado del objeto del proceso por parte del juez instructor. Se trata de una modificación también aplicada por la Fiscalía y por la acusación particular. Así, EU también continúa solicitando 10 años de prisión para los dos exalcaldes y 13 para Ortiz.
Las defensas, por su parte, también se han mantenido en sus posiciones iniciales para solicitar la libre absolución de ocho de los nueve procesados (el noveno, el empresario Ramón Salvador, alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía) entre los que, al margen de Ortiz, Alperi, Castedo, su hermano y Gutiérrez, también se incluye al hermano de Ortiz, Virgilio Ortiz, y otras dos personas que tuvieron algún grado de vinculación a sus empresas, Pablo Rico y Santiago Bernáldez. En sus intervenciones, los abogados defensores han solicitado, además, que en caso de que no se tuviese en cuenta la petición de absolución, se aplicase la atenuante de dilaciones indebidas por el retraso en la resolución de la causa.
La exposición de los informes de cada una de las partes se desarrollará a partir de este martes. En principio, se ha previsto que esa última fase del juicio termine este próximo viernes. Por lo que respecta a la prueba documental, las acusaciones y las defensas las han dado por reproducidas con la salvedad de la incorporación del escrito de conformidad que llegó a firmar el empresario Enrique Ortiz, en abril de este año, pese a que después acabó retractándose de ese acuerdo. El añadido de ese pacto se ha producido a instancias de la Fiscalía.
