Anticorrupción investiga presuntas irregularidades en un plan para levantar 1.800 casas en San Miguel

SAN MIGUEL DE SALINAS. La Fiscalía Anticorrupción ha admitido a trámite la denuncia presentada el 24 de noviembre de 2022 por IU de San Miguel de Salinas para investigar el procedimiento de liquidación económica del plan SUS-A Los Invernaderos para la construcción de 1.800 viviendas en el municipio, y ha trasladado la denuncia a los Juzgados de lo Penal de Torrevieja para que su decanato asigne un juzgado que abra diligencias y efectúe las investigaciones. Así lo ha informado la concejala portavoz del Grupo Municipal Esquerra Unida de San Miguel de Salinas, Bienvenida Campillo. Fue ella quien presentó hace un año ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante una denuncia contra el alcalde, Juan de Dios Fresneda, y otros concejales de la corporación municipal y contra varias empresas por "supuestos delitos de prevaricación, nombramiento y aceptación de nombramiento ilegal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en el procedimiento de liquidación económica del Programa de Actuación Integrada del SUS-A Los Invernaderos, un plan urbanístico sobre una superficie aproximada 469.000 metros cuadrados, en una zona de expansión del centro urbano de dicho municipio con capacidad para albergar del orden de 1.800 viviendas".

En su denuncia, Bienvenida Campillo, aportó 55 documentos que acreditaban pruebas de lo denunciado, explicando con detalle que se trata de un proyecto promovido, en calidad de agente urbanizador, por la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU), inicialmente conformada y representada por una mercantil principal y otras sociedades propietarias, que se fue tramitando y gestionando hasta que entró en crisis al estallar la burbuja inmobiliaria. 

El urbanizador (la AIU), según la denuncia, dejó sin abonar los créditos bancarios otorgados por diversas entidades financieras, lo que desembocó en la parálisis de la actuación urbanística y el creciente deterioro de la urbanización ejecutada.  

El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas asumió por acuerdo plenario gestionar la liquidación del Programa a través del inicio de un procedimiento de cobro en vía ejecutiva, que se resolvió por subasta de las fincas a favor de una mercantil, que previamente había comprado la deuda a las entidades bancarias acreedoras del préstamo para la ejecución de la urbanización por valor de más 17 millones de euros, sin abonar importe alguno del precio de la subasta, ya que dicha mercantil era al mismo tiempo acreedora y deudora del citado importe.

Se da la circunstancia de que los administradores de dicha empresa adjudicataria de las fincas subastadas son al mismo tiempo, a través de otra sociedad de la que también son administradores, quienes han solicitado la adjudicación de la terminación del programa de actuación integrada SUS-A "Los invernaderos" y la condición de nuevo agente urbanizador.

Para tramitar el procedimiento de apremio, determinados cargos del Ayuntamiento procedieron a realizar nombramientos arbitrarios, en opinión de este Grupo Municipal, exclusivamente para llevar a término ese procedimiento, ya que, como manifiestan en la denuncia, se trata de un pequeño Ayuntamiento, sin personal técnico cualificado para acometer la recaudación en vía ejecutiva de las cuotas de urbanización pendientes de pago y que se desapodera al organismo especializado en el cobro de tributos municipales, asumiendo paladinamente su gestión directa, si bien para ese único expediente, justificándolo en que concurren «circunstancias de índole económica y social, que hacen conveniente la gestión del expediente de recaudación por el Ayuntamiento de manera directa», sin motivar cuáles son.

Así mismo, la interventora municipal, en este tiempo ha realizado sendos informes avisando que los procedimientos no se están respetando. Todo ello motivó una moción presentada por Esquerra Unida solicitando la revisión de oficio de este expediente, a lo que tanto el PSOE como Vox se negaron.

A juicio de la portavoz del Grupo Municipal, "esta actitud no tiene lógica, puesto que, si no tienen nada que ocultar ninguno de los denunciados, no es comprensible que se nieguen a una revisión de oficio». Campillo considera haber cumplido con su deber como concejala electa al haber presentado esta denuncia, ya que asegura que "no denunciar los hechos presuntamente delictivos cuando tienes conocimiento y pruebas de ellos, te convierte en cómplice".