SAN MIGUEL DE SALINAS. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias tras la denuncia de la edil de Izquierda Unida, Bienvenida Campillo, por prevaricación, nombramiento y aceptación de nombramiento ilegal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, contra distintos cargos del consistorio, gobernado por el PSPV, y contra varias empresas implicadas -entre ellas, Anse Promociones- en el procedimiento de liquidación económica del Programa de Actuación Integrada del SUS A “Los Invernaderos”, un plan urbanístico sobre una superficie aproximada 469.000 metros cuadrados, en una zona de expansión del centro urbano de dicho municipio con capacidad para albergar del orden de 1.800 viviendas.
La Fiscalía ya ha citado a declarar a la propia denunciante este próximo miércoles, para que dé su versión de los hechos. El alcalde, Juan de Dios Fresneda, ya manifestó a este medio sentirse muy tranquilo tras la denuncia. En ella, Bienvenida Campillo aportó 55 documentos que acreditan indicios de lo denunciado, a fin de que la Fiscalía Anticorrupción investigue los hechos y, llegado el caso, dé traslado de los mismos al Juzgado de Instrucción que corresponda. Se trata de un proyecto promovido, en calidad de agente urbanizador, por la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU), inicialmente conformada y representada por una mercantil principal y otras sociedades propietarias, que se fue tramitando y gestionando hasta que entró en crisis al estallar la burbuja inmobiliaria. El promotor inicial era el empresario ilicitano Ramón Salvador.
El urbanizador (la AIU) dejó sin abonar los créditos bancarios otorgados por diversas entidades financieras, lo que desembocó en la parálisis de la actuación urbanística y el creciente deterioro de la urbanización ejecutada. El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas asumió por acuerdo plenario gestionar la liquidación del Programa. A través del inicio de un procedimiento de cobro en vía ejecutiva, que se resolvió por subasta de las fincas a favor de una mercantil -Anse Promociones, de los hermanos oriolanos Aguiler Vera- que previamente había comprado la deuda a las entidades bancarias acreedoras del préstamo para la ejecución de la urbanización por valor de más 17 millones de euros, sin abonar importe alguno del precio de la subasta, ya que dicha mercantil era al mismo tiempo acreedora y deudora del mencionado importe.
El primer edil señaló que se trata de una "denuncia política" que obedece al "enfado de Campillo, que abandonó el equipo de gobierno hace un mes y está resentida". En cuanto a las acusaciones de presunta prevaricación con este asunto urbanístico asegura que "tengo la conciencia muy tranquila. Todo el procedimiento se ha realizado con el visto bueno de notarios, registradores de la propiedad, el técnico de Urbanismo y con los informes de las empresas que hemos contratado para este asunto, ya que se trata de un tema muy delicado", ha añadido.
El alcalde afirma que "este tema ha salido por vía ejecutiva. Podría haber pujado cualquier empresa de Europa y se le ha dado a la que lo ha hecho". Juan de Dios Fresneda insiste en que se ha contado con todos los informes tanto de técnicos de la casa como externos pues "era un tema que no se podría hacer a la ligera, se ha hecho de la forma más transparente posible".
