El expresidente de la APA, Joaquín Ripoll, junto a su sucesor a partir de enero de 2015, Juan Ferrer, en una reunión sobre el traspaso de funciones. Foto: APLa Autoridad Portuaria cerró 2015 con una subida neta de 752.000 euros en ingresos generados por la actividad comercial. El ejercicio, con Ferrer y Gisbert al frente, se saldó con un recorte de la deuda del 72% gracias al cobro de 3,5 millones por cantidades pendientes
ALICANTE. Los balances contables de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) al cierre del ejercicio de 2015, publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves, arrojan un resultado que invita al optimismo por lo que respecta a las perspectivas de crecimiento. Durante ese año, en el que la APA tuvo a dos presidentes, Juan Ferrer y Juan Antonio Gisbert, tras el cese del expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll (acordado el 21 de noviembre de 2014 por el pleno del Consell), el volumen de negocio registró un incremento del 7,33% respecto al curso anterior con una subida neta de 752.370 euros (de 10.263.775 euros se pasó a 11.016.145) gracias, fundamentalmente, a la subida de los ingresos por tasas de utilización. O lo que es lo mismo, por la buena evolución del tráfico portuario con más llegadas de buques y la entrada de un mayor volumen de mercancías. En su conjunto, los ingresos por tasas pasan de los 1.294.247 a 1.630.454 euros (336.207 más). También suben las tasas de ocupación (123.559 euros más) y las tasas de actividad (83.553).
Sin embargo, y aunque parezca contradictorio, el resultado anual se salda con cifras en positivo pero con un ligero descenso respecto a los números de 2014, el último con el expresidente de la Diputación Provincial y exlíder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, al frente de la APA. La diferencia podría ser llamativa en términos porcentuales, al situarse en una caída del 11%. No obstante, en números absolutos se traduce sólo en 67.336 euros menos. ¿A qué obedece esa reducción, teniendo en cuenta el aumento de ingresos? Básicamente a la disminución de ingresos derivados del Fondo de Compensación Interportuario, que pasa de 1.655.000 de 2014 a los 862.116. en realidad, el recorte en esas transferencias de fondos estatales se come básicamente la buena evolución del resto de los ingresos, ya que se trata de una reducción de 792.884 euros respecto al año anterior.
Es más, si no se hubiese aplicado una drástica política de ahorro en el capítulo de gastos, el resultado económico se hubiese cuadrado con un descenso todavía más acusado respecto a 2014. Lo cierto es que, pese al sorprendente incremento del desembolso en el capítulo de personal (de 4.601.126 euros se pasa a 4.865.471 con subidas en todos los conceptos: salarios, indemnizaciones por despidos y cargas sociales), la Autoridad Portuaria se esmeró en 2015 con los recortes en otros gastos de explotación, que se vieron reducidos en casi 400.000 euros (de 4.05.259 euros se bajó a 3.601.895). El tijeretazo se aplicó en todos los conceptos, salvo en el de reparaciones y conservación (destaca el derivado de la contratación de servicios de profesionales independientes y el de suministros y consumos). La reducción es especialmente significativa respecto al ejercicio de 2014 en apartados que podrían considerarse discrecionales como los gastos de publicidad y propaganda (de 89.025 euros se pasó a 58.678 en 2015); dietas y gastos de viaje como gasolina, autopista, aparcamientos, peajes, etc. (pasó de 50.338 a 28.692); en publicaciones y suscripciones, libros, prensa, revistas, etc. (de 27.396 euros, a 14.581) y en un críptico apartado delimitado como "varios" (que va de 96.229 euros a 73.343).
En el balance destaca el ahorro de casi 400.000 euros en gastos de explotación, en muchos casos discrecionales, como gastos de publicidad y propaganda o dietas y gastos de viaje
Respecto a las deudas, el Puerto arrancó 2016 con deudores comerciales no corrientes (con vencimientos superiores a un plazo de un año) por un importe de 722.938 euros. El informe de auditoría elaborado por la Intervención General del Estado (a través de su delegación territorial en Alicante) destaca especialmente este aspecto, al subrayar que los saldos de deudores comerciales se han reducido en 3,5 millones tras los esfuerzos desarrollados para aminorar la morosidad. Según esa auditoría, también publicada en el BOE, la APA habría aprovechado además el cobro de esas cantidades pendientes para reducir sus propias deudas con entidades de crédito, que se habrían recortado en 5,9 millones, es decir, en un 72%, como destaca la propia auditoría.
La Intervención General hace especial hincapié, además, en una última información relevante derivada de otro claro cambio de rumbo en la dirección de la APA: la extinción de la Fundación del Puerto. La auditoría incide en que durante los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, la APA destinó a esa Fundación "por vía de subvenciones o convenios" un "promedio anual" de 257.000 euros. La literalidad del análisis no puede ser más tajante: "El importe destinado a la Fundación en 2015 disminuyó a 51.000 euros".
La Fundación Puerto Alicante de la Comunidad Valenciana se creó en 1998 como instrumento de apoyo a la coordinación y para la solución de demandas de la comunidad portuaria. Su creación como fundación privada (compuesta por el Puerto y otros 41 patronos en el momento de su disolución), se justificó al presentarse como mecanismo "necesario" para dar respuesta a las nuevas demandas que se experimentaban con el incremento de los tráficos portuarios y las nuevas formas logísticas.
El ya expresidente de la APA, Juan Ferrer, acordó su extinción el 29 de junio del año pasado en cumplimiento de un mandato de Puertos del Estado. En declaraciones a Europapress, Ferrer explicó entonces que la liquidación se encuadraba "en el marco de los planes de reestructuración y racionalización del sistema público y fundacional", y argumentó que "tenemos una indicación expresa de Puertos del Estado de extinguir la fundación y que tenga una dependencia económica significativa del puerto. Por tanto, la fundación no tiene viabilidad económica y se ha planteado su extinción".
La auditoría de la Intervención General del Estado subraya que la APA destinó a la Fundación un promedio de 257.000 euros anuales entre 2012 y 2014, bajo el mandato del expresidente de la Diputación
Los partidos que hasta mayo de 2015 ocupaban los bancos de la oposición tanto en las Cortes como en el Ayuntamiento de Alicante, PSPV y Compromís, venían denunciando en los últimos años que la Fundación se había convertido en una especie de chiringuito en el que se venía dando cobijo a asesores y colaboradores del PP durante los años de gestión de Ripoll (llegó a la APA en 2012, tras el pacto alcanzado con la cúpula del PPCV para que renunciase al acta de concejal en el Ayuntamiento de Alicante). El también expresidente provincial del PP, imputado por cinco delitos en el caso Brugal por el supuesto trato de favor a Enrique Ortiz en la adjudicación del vertedero de la Vega Baja, llegó a confiar la presidencia de la fundación a quien fuese su vicepresidenta y mano derecha en la institución provincial, Mari Carmen Jiménez.
El actual portavoz del tripartito de Alicante, Natxo Bellido, se felicitó del acuerdo de extinción de la fundación, en el momento en el que Ferrer lo hizo público, y sostuvo -igualmente en declaraciones a Europapress- que se trataba de un "organismo ligado al enchufismo, a las malas prácticas, sin ninguna función real y que además, estaba retrayendo fondos sin ninguna justificación de la Autoridad Portuaria". Es más, añadió que su partido, Compromís, había presentado una serie de informes ante la Fiscalía Anticorrupción en los que se daba cuenta de esas supuestas irregularidades.
Ripoll fue cesado del cargo en noviembre de 2014. Juan Ferrer, que había sido director general del Puerto, le sustituyó en la presidencia de la APA a partir del 1 de enero de 2015. El 10 de septiembre, ya tras las elecciones municipales y autonómicas de 2015, el nuevo Consell del Botànic (PSPV más Compromís, con el respaldo de Podemos) aupó al frente del puerto al exdirector general de Economía de la Generalitat bajo el mandato de Joan Lerma, exdirector general de la CAM y exdirector general de Ruralcaja, Juan Antonio Gisbert.
