ALTEA. El alcalde de Altea, Jaume Llinares, pedirá este jueves el respaldo de los grupos políticos municipales para que el consistorio pueda iniciar las negociaciones para la adquisición de los activos de la cooperativa agrícola, en concurso de acreedores desde febrero de 2021 y sin actividad desde 2020. La entidad agrícola asciende a 28 millones de euros a través de las dos sociedades concursadas, aunque existe ciertos acreedores duplicados, con lo que la cantidad podría algo menor.
El portavoz del grupo Compromís, Diego Zaragozí, ha explicado que el equipo de gobierno considera que los activos de la cooperativa -tanto las instalaciones como los terrenos- son estratégicos para el ayuntamiento y por lo tanto, quiere pujar por su compra. Zaragozí ha explicado que en el caso de los terrenos que son propiedad de la entidad están afectados por un plan urbanístico con la calificación de industrial y que el ayuntamiento quiere participar de la gestión de ese suelo y establecer criterios para las industrias o empresas que se quieran instalar en esta zona. Otra de las salidas de ese terreno, según Zaragozí, sería acoger a muchas empresas están ubicadas en el núcleo urbano de Altea y que necesitan ampliar sus instalaciones.
Por último, el edil ha comentado que el propósito de operación de adquisición de los bienes de la cooperativa pretende ser una salida para los pequeños agricultores que se han visto afectados por la bancarrota de la entidad agrícola y ahora no pueden seguir con su actividad. "Creemos que la paralización de la actividad agrícola puede tener impacto en el paisaje del término de Altea y queremos evitarlo, en la medida de nuestras posibilidades", ha dicho el concejal, que también ha recordado que el objetivo de aprobar este trámite es hacer público, al resto de agentes interesados, que el ayuntamiento sí que está trabajando en la adquisición de los bienes de la cooperativa.
Hay que recordar que la entidad cesó su actividad el 13 de febrero de 2020 y a los pocos días despidió a la mayoría de los 106 trabajadores con los que contaba. El concurso de creedores no se solicitó de manera definitiva hasta un año después, en febrero de 2021. Desde entonces, la administración concursal es quien administra las dos sociedades, la cooperativa y su sociedad Villaranja, después de recabar el número de los acreedores y la deuda que corresponde a cada uno de ellos. El administrador tasó los activos en 11.802.181 euros, del que el principal son los terrenos de la partida de Montagut, valorados en 3,9 millones.
