ALTEA. Los municipios turísticos también consiguen ganar a la especulación inmobiliaria. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Altea, José Orozco, ha confirmado que van a iniciar los trámites de las dos primeras operaciones de compra para ampliar el número de viviendas públicas de la localidad. Lo hacen bajo el convenio con la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática para la cesión de los derechos de tanteo y retracto. El Consistorio firmó el acuerdo hace un año, para la que ha recibido 111 solicitudes, materializándose ahora las dos primeras de toda la comarca de la Marina Baixa, tal y como aseguraron fuentes de la Conselleria.
Una vez adquiridos estos inmuebles, las viviendas se destinarán posteriormente a alquiler social a las familias con mayor necesidad habitacional, según recoge el convenio que caducaba este mes. Hay que recordar que el pleno del Ayuntamiento aprobó en la última sesión continuar con este acuerdo por otros cuatro años más. Con ello, pueden interceder en el proceso de venta y adquirir casas de protección oficial o privadas que están realizando grandes tenedores –más de cinco inmuebles– o aquellas relacionadas con impagos, de bancos, la Sareb, etc.
En función del informe municipal, Altea se puede hacer una idea de cómo está la demanda de vivienda. De los 111 expedientes tramitados durante el año en el que ha estado en vigor el convenio, el 78% de ellos proceden de urbanizaciones, un 21% es del núcleo urbano y solo un 1% es de una transacción en suelo no urbanizable. Por lo que respecta al tipo de casa, el 82% es plurifamiliar y el 18% restante es unifamiliar.
Uno de los datos más significativos está en los transmisores del inmueble que da muestra de cómo se mueve el mercado en el municipio: el 88% de los expedientes procedían de sociedades mercantiles o grandes tenedores. El resto, de particulares.
Orozco mencionó algunos de los requisitos para valorar la compra de estos pisos, pensados para ciudadanos en riesgo de exclusión social y otros colectivos. Así, mencionó que desde el Consistorio trabajarán para hacer un registro municipal propio de solicitantes de vivienda pública para que pueda acceder diferentes sectores de la sociedad, como los jóvenes. De este modo, recordó que con el convenio anterior, solo podían tener en cuenta a aquellos que se habían dado de alta en el EVHA de la Generalitat. Para ello, tenían que acreditar que estaban en situación extrema de vulnerabilidad y no hacía falta que estuvieran empadronados en Altea –como así se pedirá ahora–, solo demostrar la nacionalidad española.
En Jaume I y Camp Preciós
En el argumentario del edil del área durante el pleno, mencionó que de momento, están rechazando aquellas operaciones que no estén en el núcleo urbano. El motivo es que los beneficiarios de estas viviendas públicas no necesiten vehículo propio para desplazarse por Altea, favoreciendo su inserción laboral y social. De este modo, adelantó que hay dos operaciones en marcha. Una en la avenida Jaume I de 90 metros cuadrados, para la que se hará una inversión de 87.000 euros, a razón de 966 euros el metro cuadrado. Y otra en Camp Preciós, de 119 metros cuadrados, que tendrá un coste de 69.500 euros (584 euros el metro cuadrado).
Según explicó el edil, estas inversiones las pueden concluir sin hacer uso del presupuesto anual porque disponen de una partida de 198.000 euros del Patrimonio Municipal del Suelo por la plusvalía de la transferencia de edificabilidad en la operación del hotel Altea Hills.
