Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Dos autorizaciones de pago para cerrar el año. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), aprobó este jueves, en una Junta Local de carácter extraordinario y urgente, dos acuerdos por los que da alas al abono de más de 2,8 millones relacionados con la concesión de ayudas a les Fogueres y con la prestación del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales. En la sesión, eso sí, no llegó a aprobarse la propuesta de presupuesto municipal para 2022, que seguiría en fase de fiscalización en el departamento de Intervención, según precisaron fuentes consultadas.
Por partes. El primero de los acuerdos, relacionado con les Fogueres, comprende la concesión de ayudas por una suma global de 590.551 euros como resolución de la convocatoria de subvenciones puesta en marcha el pasado mes de agosto. Se trata de un paquete de ayudas concebidas para contribuir a financiar los gastos de almacenaje y reparación de los monumentos que debe soportar cada comisión y cada barraca como consecuencia de la cancelación de las dos últimas fiestas. Para ello, se concretó una baremación de importes máximos en función de la categoría de cada agrupación.
En esa convocatoria, se incluyó, además, otra línea específica destinada a cubrir gastos de funcionamiento de esas mismas entidades festeras. Así, tras analizar las solicitudes presentadas, el bipartito autoriza ahora la distribución de las ayudas demandadas por 89 comisiones de fogueres y por 40 barracas, con la salvedad de que su abono queda condicionado a la justificación de los gastos realizados.
La segunda de las autorizaciones de pago corresponde a la prestación del servicio de limpieza escolar y del resto de dependencias municipales. En este caso, el acuerdo permite el abono de más de 2,2 millones correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de este año. El pago quedó avalado tras la aprobación del correspondiente expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito (el mecanismo previsto para gastos no presupuestados), ya que el servicio lo sigue asumiendo en precario la UTE compuesta por Clece y Fissa pese a que la duración de su contrato se extinguió en febrero de 2020.
A priori, la contrata debería quedar regulada durante los primeros meses de 2022, tras la selección de un nuevo concesionario, después de que, en noviembre, se reactivase el proceso de licitación del servicio con una tercera convocatoria. La primera quedó anulada por el propio equipo de gobierno con la intención de introducir modificaciones de mejora. La segunda quedó paralizada por el recurso presentado por CCOO, que fue admitido por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). Y esa resolución fue la que permitió convocar un nuevo procedimiento, después de que la Concejalía de Infraestructuras corrigiese el pliego para introducir las condiciones salariales correctas que corresponde aplicar a la plantilla a cargo del servicio, como demandaba CCOO.
Al tiempo, la Junta de Gobierno de este jueves aprobó todavía un tercer acuerdo más. En este caso, relacionado con la prestación del servicio de transporte público en autobús. Se trata de la autorización de un gasto de 507.612,55 para cubrir el importe de la subvención municipal a determinados colectivos de viajeros en el uso de ese servicio (bonos de la tercera edad, por ejemplo), después de que se haya constatado la recuperación del volumen de pasajeros en niveles similares a los existentes antes de la irrupción de la pandemia del coronavirus. La ampliación de ese gasto corresponde al periodo comprendido entre julio y diciembre de este año.
