ALICANTE. Presión y vuelta a la relajación. Vox mantiene su estrategia de tira y afloja en sus relaciones con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), y volverá a mostrarle su confianza respecto al desarrollo de su política presupuestaria, en virtud del acuerdo bilateral alcanzado el pasado enero que garantizó que los populares pudiesen aprobar las cuentas de este año.

En esta línea, el grupo municipal que coordina Carmen Robledillo prevé respaldar también la segunda propuesta de modificación respecto a esa planificación económica promovida por el PP con el propósito de dotar de fondos necesarios para la ejecución de un nuevo paquete de inversiones que, según el PP, ascendería a un importe de 20,9 millones. Fuentes voxistas consultadas señalaron que los objetivos promovidos a través de ese movimiento de partidas se ajusta a los acuerdos alcanzados a principios de año.

Es más, añadieron que el contenido de ese ajuste contable se habría negociado en el marco de las reuniones de coordinación de ese pacto presupuestario celebradas hasta ahora, por lo que no se albergaría ninguna justificación para que sus cuatro representantes pudiesen votar en contra de la propuesta del PP. De hecho, subrayaron que, entre otros elementos, en ese planteamiento se incluye la dotación de fondos necesarios para dotar de nuevas herramientas a la Policía Local, en alusión a los 589.675,91 euros que se pretende destinar para renovar la flota de vehículos de la Policía Local: una de las principales exigencias formuladas por Vox.

Con esa posición, la modificación presupuestaria superará el listón de la mayoría absoluta en el momento en el que la propuesta se eleve a debate y votación en el pleno, previsiblemente, la próxima semana (de hecho, la comisión de Hacienda está convocada para este miércoles), con lo que se despejaría toda incertidumbre sobre una hipotética falta de apoyos, a pesar de que, en las últimas semanas, los representantes de Vox se habían venido mostrando especialmente críticos respecto al retraso en el cumplimiento de los compromisos incluidos en su acuerdo marco con el PP. Entre ellos, los que preveían la creación de las controvertidas oficinas de apoyo a la maternidad y de asesoramiento frente a la okupación ilegal de viviendas, además de otras iniciativas que ya estarían comenzándose a plasmarse en realidad, como la instalación de surtidores de agua en la vía pública.