ALICANTE. El mandato municipal actual se abrió en junio de 2015 con un discurso más o menos compartido por todas las formaciones políticas sobre la necesidad de la regeneración, de la transparencia y del cambio respecto a las circunstancias en las que se había desarrollado la última etapa del PP al frente del Ayuntamiento, bajo los mandatos de Luis Díaz Alperi y de Sonia Castedo (quien, finalmente, tuvo que ser forzada a dimitir por su propio partido a menos de medio año de la cita con las urnas, en diciembre de 2014).
La sombra de corrupción que extendió el caso Brugal (todavía pendiente de juicio y, por tanto, sujeto a todas las presunciones posibles) era el ejemplo paradigmático que destacaba sobre otros asuntos no menos controvertidos, como la adjudicación de los telecentros, el caso Isjoma, el caso Magallanes, la adjudicación del Plan E o la feria outlet del Puerto, entre los más conocidos.
Todas las siglas, especialmente las de la izquierda, aunque también las de los partidos emergentes como Ciudadanos (Cs) o Podemos, organizaron sus campañas en torno al discurso de la transformación, de la limpieza, de la ética y de la estética. El listón de la manida línea roja se puso necesariamente bajo. Tres años y medio después, se han registrado varios episodios que han rebasado esa altura en prácticamente todas las fuerzas que han ocupado responsabilidades de gobierno. Varios de esos casos, denunciados por grupos opositores o incluso alentados por 'fuego amigo', han concluido en la dimisión de los responsables de los acuerdos que desataron la polémica.
-Expulsión de Belmonte: La primera controversia de calado relacionada con los contratos municipales trascendió en marzo de 2016, cuando se dio a conocer que la exconcejal de Acción Social y Vivienda por Guanyar, Nerea Belmonte, había adjudicado dos contratos menores de 4.000 y 7.000 euros a una empresa (TechData) creada por dos militantes de su círculo de confianza en Podemos. Ella defendió que se había solicitado tres propuestas y que se había adjudicado a la mejor. El resultado: fue expulsada de las filas de Guanyar y del equipo de Gobierno, pero mantuvo el acta como concejal no adscrita. En el pleno de elección de nuevo alcalde tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri cambió el sentido del voto que emitió en 2015, entonces a favor de la investidura del candidato del PSOE y se decantó por la abstención, lo que permitió que Luis Barcala (PP) tomase la Alcaldía.
-Caso Comercio: La segunda controversia de relevancia afectó al propio alcalde socialista, en abril de 2017. La tramitación de hasta 25 encargos directos relacionados con campañas de promoción del comercio de la ciudad, con la organización de la Gala del Comercio y con la mejora de la señalética en los mercados municipales por un importe global de 189.000 euros desembocó en el procesamiento de Echávarri y de dos de sus cargos de confianza (su jefe de Gabinete, Eduardo Díez, y el asesor de Comercio, Pedro de Gea) por un delito de prevaricación, en relación a un supuesto fraccionamiento de contratos, después de que el PP elevase una primera denuncia en Fiscalía que reprodujo más tarde en el juzgado. Echávarri, que defendió que no había existido más que una anomalía administrativa y que todo partía de una denuncia política, acabó presentando su dimisión el 9 de abril y será juzgado en otoño de 2019.
-Liga de la Educación: En enero de 2018, el PSOE tuvo que ofrecer explicaciones ante el pleno a instancias del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) por la concertación de dos acuerdos distintos con la Liga de la Educación y la Cultura Popular: una ONG vinculada a dirigentes socialistas como el exdiputado extremeño Victorino Mayoral, y el exdiputado alicantino, Agustín Jiménez. Los dos acuerdos ascendieron a cerca de 400.000 euros y se tramitaron a través de dos concursos públicos sin que los ediles socialistas se inhibiesen a la hora de aprobar su adjudicación, pese a que llegó a plantearse que existía deber de abstención. El primer contrato concedido a dicha ONG se aprobó en la Junta de Gobierno Local, en agosto de 2017, tras convocarse un concurso por un importe de casi 220.000 euros para el desarrollo de un programa de cohesión social en la escuela. La adjudicación del segundo, de 200.000 euros, se ratificó el pasado 5 de enero, tras otro concurso sobre formación permanente de personas migradas, y con cargo a los fondos europeos EDUSI. En ese caso, no hubo ninguna dimisión. Tampoco nadie exigió que las hubiese.
-Compostaje: En mayo de 2018 trascendió la controversia en relación a la acumulación de pagos mensuales a un colaborador de la Concejalía de Medio Ambiente por el control de los contenedores de compostaje puestos en marcha por el entonces concejal de Guanyar, Víctor Domínguez. En suma, a dicho colaborador -al parecer, militante de Esquerra Unida (a la cabeza de Guanyar)- se le pagaron algo más de 8.000 euros de manera directa.
