ALICANTE. La subasta convocada con motivo del proceso de liquidación de la empresa Distribución Amaro González, una de las mayores empresas pesqueras de la provincia, concluye con la adjudicación de sus antiguas instalaciones en el polígono del Llano del Espartal de Alicante a un inversor alicantino que pujó con una oferta final de 3 millones. Es decir, 6 millones menos del precio de partida por el que se había puesto en marcha la convocatoria de venta pública, el pasado mes de octubre, aunque ajustado a su precio actual de mercado, según apuntan fuentes de la plataforma especializada en procesos de subasta Eactivos.com, a partir de las referencias facilitadas por expertos inmobiliarios consultados.
La identidad del comprador no ha sido desvelada, al quedar sujeta a cláusulas de confidencialidad. Tampoco ha trascendido su campo de actividad por las mismas circunstancias. Con todo, según fuentes consultadas, la suya habría sido la mejor oferta que habría concurrido en el proceso, después de que se cerrase el plazo inicial facilitada para el registro de pujas, que finalizó el pasado 3 de noviembre. Desde entonces, las propuestas presentadas habían quedado sujetas a la revisión del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante y del administrador concursal Lexaudit Concursal que pilotaron el proceso de liquidación seguido desde principios de 2021, y la convocatoria de subasta de los bienes de la compañía que se activó a partir de noviembre de ese mismo ejercicio, según pudo precisar este diario.
Fuenes de Eactivos.com han precisado que para la captación de un inversor apto, se desplegaron acciones de comunicación y de marketing estratégicas que habrían concluido con éxito al permitir que los acreedores de Amaro puedan recuperar la mayor parte de la deuda que mantenían con el grupo empresarial. Entre ellos, se encontraban activos ocho bancos, frente a la decena con la que se inició el proceso. Se trata de Banco Sabadell, Caixabank, Cajamar o Unicaja, entre otros. De partida, también figuraron BBVA, Banco Santander, Bankia, Global Caja, Unicaja, Arquia y Targobank, presentes en el proceso de liquidación. Además, entre los acreedores también figuraron Frioantartic SA, y Elektron Comercialización de Energía, proveedores del grupo, y una veintena de personas físicas, así como el Estado, representado por la Tesorería de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y el Fogasa, al margen del organismo tributario de la Diputación de Alicante, Suma, como informó este diario.
