ELCHE. Aunque fue en febrero cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) falló anular el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana (Pativel), un mes después siguieron haciéndose públicas más sentencias de los distintos recursos presentados. Además del conocido de Grupo TM, una de las principales promotoras del arco mediterráneo, también se estimaron los de la 'Agrupación de Interés Urbanístico Sector MR-10 La Vila de la Marina' y de la Asociación de Afectados por el Pativel en la que figuraban interesados de otros municipios.
En este sentido, tras la anulación del TSJ el 19 de febrero, los promotores de La Marina —que junto a vecinos, reivindicaron durante tiempo la paralización o indemnización del Pativel al tener terrenos para construir en el sector MR-10, de la pedanía ilicitana, y uno de los pocos de toda la comunidad que aún se mantienen vírgenes a nivel urbanístico— pidieron también que subsidiariamente se les reconociera la situación jurídica individualizada consistente en conceder a los terrenos integrantes del sector MR-10 del Plan General de Elche el mismo tratamiento otorgado por el Pativel que los sectores sectores ZSO-4, ZSO-5 y ZSO-6 del Plan General de Guardamar. En el MR-10 por ejemplo, la promotora oriolana Veraky SL, tenía intención de construir un camping. Ligado a este tipo de actuaciones, durante estos últimos años, vecinos de la partida han denunciado no poder utilizar estos terrenos porque se limitaban las opciones de crecimiento y economía de La Marina.
Así, la Sección 1 de la Sala de lo Contencioso del mencionado tribunal estimó también el recurso de los promotores ilicitanos, de nuevo, como en las anteriores sentencias que anularon la normativa, en base a la falta de un estudio económico-financiero, así como la omisión de los informes del impacto de género, familia e infancia y la evaluación ambiental estratégica. Eso sí, en la sentencia se rechazaron el resto de argumentos esgrimidos por la AIU, referentes a que no habían sido notificados del borrador final del Pativel con sus cambios, que se había sometido a información pública durante 20 días y no 45.
