ALICANTE. La aplicación de la ordenanza de convivencia cívica de Alicante, aprobada por Partido Popular (PP), Ciudadanos (Cs) y Vox, en febrero de 2022 solo habría supuesto el registro de una denuncia por un caso de acampada, "que no de ejercicio de mendicidad", y otra sobre un solicitante de servicios sexuales. Así lo ha defendido el concejal de Seguridad, Julio Calero, en el transcurso ordinario del pleno de julio, este jueves, en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz municipal del grupo municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé. En concreto, el líder de la confluencia había cuestionado sobre cuántas sanciones se había aplicado desde que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) estimase el contencioso presentado por la coalición previa, Unides Podem EU, y acordase la anulación de cuatro artículos concretos de dicha normativa: los que afectaban a la prohibición del ejercicio de la prostitución y de la mendicidad en la calle, entre otros que afectan al vandalismo o comportamientos inapropiados realizados por menores.

Al respecto, Calero ha asegurado que, desde la entrada en vigor de la normativa, solo se ha dictado una sanción por incumplimiento del artículo 22 por un caso de acampada en la zona verde anexa a la Playa de La Almadraba sobre un particular que había instalado "una tienda de campaña y sillas" en ese punto. Así, ha considerado que no se trataba de un supuesto que encajase estrictamente como caso de mendicidad. Además, se ha referido a la denuncia en tramitación sobre un demandante de servicios sexuales en plena calle "que se había tratado de aprovechar de la situación de explotación de una mujer". Y, al tiempo, ha desgranado que también se ha tramitado siete denuncias sobre aparcacoches, además de otras dos que estarían en fase de tramitación, otras cuatro relacionadas con pintadas (grafitis) y otras dos más sobre personas que transitaban en la vía pública con el torso desnudo.

En todo caso, Calero ha disentido respecto a la argumentación formulada por Copé en su pregunta para señalar que tres de los artículos declarados nulos por el TSJ se referían "a la subrogación de la responsabilidad de los padres" respecto a determinados comportamientos incívicos y ha incidido en que la norma se concibió como "una herramienta de trabajo, no para sancionar, sino para corregir las situaciones recogidas en el texto". 

El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, por su parte, había recriminado que el equipo de gobierno haya empleado recursos municipales para recurrir en casación la sentencia del TSJ sin esperar, además, la solicitud de complemento de sentencia planteada por los representantes de la confluencia que le precedió.