ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante no asumirá las competencias que permitirán inspeccionar, sancionar y recaudar el importe de las multas que puedan imponerse a los pisos turísticos en situación de irregularidad hasta que pueda disponer del personal necesario para efectuar esa labor. Así lo ha precisado, cuando menos, la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, en el transcurso del pleno ordinario de mayo, este jueves, en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, en ese sentido, en la que el representante de la coalición nacionalista ha alertado de la proliferación de apartamentos irregulares, tras aludir a 400 denuncias recopiladas por la propia formación política.

Gómez, por su parte, ha explicado sí se mantiene el propósito de promover la adhesión al convenio establecido entre la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para el traspaso de competencias sancionadoras respecto a los apartamentos turísticos para reforzar su control, como se había anticipado en enero. Al respecto, ha apuntado que se está creando un departamento de inspección y que, en cuanto se disponga de la propuesta elaborada para plantear el traspaso de esas competencias, se abordará la solicitud, que sí ha formulado ya el Ayuntamiento de València, por ejemplo.

Como viene informando este diario, la posibilidad de asumir esas competencias sancionadoras quedaba establecida en la regulación promovida por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo el pasado julio. El Ayuntamiento de Alicante anticipó, poco después, su intención de asumir esa prerrogativa con el fin de reforzar de forma directa el control a esa modalidad de alojamientos, al tiempo que se anunciaba la adopción de medidas de regulación adicionales, como la suspensión de licencias por dos años de duración que se acabó aprobando el pasado diciembre. Con todo, la solicitud de asunción de competencias no ha llegado a registrarse, a la espera de que pueda disponerse de ese personal específico.

De hecho, ese refuerzo de personal también debería capacitar al departamento municipal a intensificar la vigilancia urbanística respecto a las obras ejecutadas en el conjunto del término municipal, según ha manifestado Gómez en respuesta a otra pregunta formulada por la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, en el transcurso de la misma sesión, respecto a la falta de personal para realizar inspecciones urbanísticas. La edil de Urbanismo ha sostenido que, en la actualidad, se trabaja con la brigada de urbanismo de la Policía Local y que se pretende reforzar esa labor. Todo, después de que Barceló hubiese denunciado que el ayuntamiento tiene "un punto ciego" en urbanismo, derivado de esa falta de personal, como había reconocido la propia Gómez en declaraciones públicas. "Cuando la administración no tiene capacidad de inspeccionar, no hay garantías de que se aplica la legalidad a todos por igual", ha sostenido. Así, se ha referido a los casos del exceso de edificabilidad del hospital privado de Vistahermosa, al convenio sobre el uso del edificio de la calle Italia como sede de 'Alicante Futura', o a las obras de la nueva sede de la Cámara de Comercio en el edificio de Panoramis.

De igual modo, con carácter previo, y también en el turno de ruegos y preguntas, el edil de Deportes, Toni Gallego, ha respondido a una pregunta formulada por el edil de Vox Juan Utrera respecto a la fecha de puesta en servicio del campo de fútbol de Luis Gómez para señalar que las obras concluyeron en marzo aunque ha sostenido que su apertura sigue pendiente de las últimas revisiones, como la relacionada con la legionela, en desarrollo del contrato de mantenimiento de instalaciones deportivas. Además, también ha sostenido que aún se debía incorporar bancos en los vestuarios.

La edil de Bienestar Social, Begoña León, ha contestado a un ruego planteado por el portavoz de EU Podem, Manolo Copé, por el que planteaba la elaboración de una auditoría sobre el estado de los centros sociales de la ciudad, tras el hallazgo de una avería en el ascensor del centro social Isla de Cuba, para sostener que surgen incidencias que requieren de tiempo de solución, aunque ha sostenido que ya se estaba interviniendo en ello y que se habían adoptado servicios para atender a los ciudadanos con dificultades de movilidad.

El edil de Recursos Humanos, Julio Calero, ha replicado ante una pregunta formulada por el edil del PSOE Miguel Castelló respecto a los problemas de falta de personal para cubrir los puestos de conserjes en los colegios, instalaciones deportivas y bibliotecas que conlleva cierres en días alternos y "un funcionamiento anormal". Al respecto, Calero ha sostenido que las necesidades de personal se deben cubrir respetando la normativa estatal, en la que se aplican límites, aunque ha sostenido que se están adoptando medidas como el diseño de un protocolo de gestión de personal, mientras se cumplen los procesos de cobertura de nuevas plazas. 

La portavoz municipal del PP, Mari Carmen de España, ha respondido a otra pregunta formulada por Barceló respecto a los motivos por los que no se atendía a la petición de información solicitada por su grupo para sostener que sí se les atendía sus solicitudes y que se les facilitaba copia de los expedientes solicitados. Así, ha acusado a Barceló de mentir, tras sostener que "sobre los expedientes" que siguen abiertos no se puede entregar información y que los técnicos municipales han dedicado horas a resolver sus consultas. Barceló, por su parte, había señalado con carácter previo, que existen 211 peticiones de información que no se han respondido, relacionadas con esas infracciones urbanísticas, con la contrata de la limpieza, con el estado de conservación del edificio histórico del ayuntamiento o con el proyecto del pabellón de Tómbola, por ejemplo. "Si no tiene nada que ocultar, entrégonosla", ha concluido, tras recordar que el mismo alcalde, Luis Barcala, se quejaba en 2017 de que el equipo de gobierno tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) no proporcionaba la documentación que solicitaba, hasta el punto de acudir a los juzgados. "Ahora, parece que tiene muy mala memoria", ha señalado.

La edil de Turismo, Ana Poquet, ha respondido a otra pregunta formulada por el edil de Vox, Juan Utrera, respecto a la instalación de sombrajes en el acceso al ascensor del Castillo de Santa Bárbara para sostener que la Concejalía de Infraestructuras sí dispone de un proyecto diseñado para ello, "que no podrá situarse este verano", según ha recalcado, después de manifestar que las carpas que se situaron en 2023 no volverán a utilizarse "al no ser seguras". Utrera había remarcado que la justificación que se había dado hasta ahora -la protección del Castillo como BIC- no era un impedimento para su instalación.

La edil de Infraestructuras, Cristina García, también ha respondido a otra pregunta formulada por la edil de Compromís, Sara Llobell, respecto a la fecha de apertura del campo de La Cigüeña, cuyas obras quedaron finalizadas hace un mes y sigue sin poder utilizarse, con los consiguientes problemas para sus usuarios. García ha sostenido que la puesta en uso del campo se producirá en cuanto se disponga del certificado final de los trabajos ejecutados. El edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha respondido a otra pregunta formulada por el portavoz de EU Podem, Manolo Copé, respecto a la retirada de puntos de alimentación y de suministro de agua a las colonias felinas en el Parque de El Palmeral para sostener que solo se habían reubicado por motivos sanitarios.

El edil de Seguridad, Julio Calero, también ha contestado a otra pregunta formulada por Copé respecto a si se tiene previsto retirar sanciones impuestas a entidades dedicadas a la distribución de alimentos a personas sin hogar, para señalar que la actuación de la Policía Local consiste en actuar en actuaciones de seguridad ciudadana, en alusión a un incidente registrado el pasado enero, en el que se produjo una pelea multitudinaria, en el que se produjo una agresión que estaría judicializada. Además, ha sostenido que en ese caso se levantó acta. Y ha señalado que, en todo caso, no procedería levantar una sanción puesto que ello implicaría incurrir en un delito de prevaricación.

Por su parte, el edil de Vivienda, Carlos de Juan, ha concretado, respecto a otra pregunta formulada por Vox en el pleno ordinario de abril, que, por el momento, el equipo de gobierno no tiene previsto cubrir la plaza de gerente del Patronato de Vivienda. Y el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, también ha respondido a otra pregunta formulada por el portavoz de EU Podem que se estarían poniendo "todos los medios a nuestro alcance" para mejorar la gestión de los residuos orgánicos. En esta línea, ha aludido a una inversión de 2,4 millones en la implantación de una línea específica de tratamiento respecto a ese tipo de desechos. 

Necesidades de los barrios, como La Albufereta

En el turno del debate de mociones, no ha prosperado la propuesta promovida por Vox para que se crease una comisión específica para analizar la situación y necesidades del barrio de la Albufereta. El edil Óscar Castillo ha considerado que ese foro resultaba necesario con el fin de atender las reivindicaciones de los residentes de ese ámbito en cuestiones como la limpieza, la seguridad o las infraestructuras. No obstante, en el turno de debate, el portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha considerado que -pese a que esas reivindicaciones están justificadas- existen 45 barrios en toda la ciudad y se ha cuestionado si los problemas se iban a debatir respecto a algunos barrios y no respecto a otros. Además, ha apuntado que otras comisiones, incluidas las promovidas por Vox, no se estarían convocando, por lo que ha dudado de su operatividad. Así, ha planteado una enmienda por la que ha planteado extender el alcance de la comisión al conjunto de barrios, tras incidir en la necesidad de aplicar un equilibrio territorial. Con todo, la enmienda no ha sido estimada por cuestiones técnicas, según ha defendido el alcalde, Luis Barcala, al no contemplarse en el caso de las mociones. 

Por Compromís, la edil Sara Llobell, también ha recriminado a Vox el registro de iniciativas centradas en barrios individuales en cada pleno y ha considerado que existen varias necesidades de mejora no contemplados en la propuesta de los voxistas. Además, también ha advertido el riesgo de plantear una comisión específica sobre un barrio concreto, lo que podría conllevar la anulación de funciones de las Juntas de Distrito. Por el PSOE, la edil Victoria Melgosa, ha incidido en el olvido del equipo de gobierno respecto a las necesidades de La Albufereta y del conjunto de barrios de la ciudad, por lo que ha considerado que "lo que necesita La Albufereta no es una comisión, es acción". "No necesitan más diagnósticos, necesitan resultados", ha concluido, después de señalar que ya existen informes sobre las necesidades de ese barrio. Por su parte, la edil de Infraestructuras, Cristina García, ha señalado que se ha atendido todas las solicitudes de información planteadas por los vecinos de La Albufereta y ha sostenido que se siguen ejecutando inversiones en ese ámbito. Y, como los grupos del eje progresista, ha señalado que no procede promover una comisión concreta sobre un barrio particular.

En la réplica, Copé ha insistido en que la comisión limitada a un barrio resulta inadecuada y que, además, no resulta funcional puesto que no se convocan. Castillo ha cuestionado a García qué inversiones se habían ejecutado en La Albufereta. Melgosa ha insistido en la necesidad de resultados. Y García ha enumerado la inversión en el proyecto de regeneración de La Almadraba y ha asegurado que "en los últimos años se ha trabajado mucho para mejorar La Albufereta". En último término, la iniciativa solo ha sumado los 4 votos de Vox. PP y PSOE han votado en contra, mientras que Compromís y Esquerra Unida Podem se han abstenido.