ALICANTE. La provincia de Alicante cerró noviembre de 2025 con 29.697 viviendas turísticas, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra supone un descenso del 27,9% respecto al mismo mes del año anterior, cuando el registro provincial alcanzaba las 41.179 viviendas, y marca el nivel más bajo de toda la serie incluida en el fichero estadístico.
La evolución reflejada por el INE muestra un cambio significativo en el comportamiento del parque de viviendas turísticas en la provincia a lo largo de los dos últimos años. Tras situarse en 33.115 viviendas en febrero de 2023, el número fue creciendo hasta alcanzar un máximo de 44.589 en agosto de 2024, coincidiendo con el periodo de mayor actividad turística. A partir de ese punto, la serie inicia una trayectoria descendente, con 41.179 viviendas en noviembre de 2024, 40.273 en mayo de 2025 y finalmente 29.697 en noviembre de 2025.
El ajuste es aún más visible en términos de capacidad de alojamiento. Las plazas asociadas a viviendas turísticas en la provincia pasan de 214.284 en noviembre de 2024 a 148.256 en noviembre de 2025, lo que representa una reducción interanual del 30,8%. En comparación con el máximo de la serie, registrado en agosto de 2024 con 231.458 plazas, la caída alcanza el 36%.
- La placa identificativa de un bloque turístico de Alicante. -
- Foto: RAFA MOLINA
El tercer indicador del INE, las plazas por vivienda turística, también refleja una reducción. En noviembre, la media se sitúa en 4,99 plazas por vivienda, frente a las 5,20 de un año antes y las 5,23 de mayo de 2025. Es el valor más bajo del periodo analizado, que abarca desde agosto de 2020.
El 9% del total del país
En el contexto autonómico y nacional, los datos provinciales se alinean con una tendencia general de descenso, aunque con mayor intensidad en Alicante. Según los datos, España contabiliza 329.764 viviendas turísticas, lo que supone una caída interanual del 12,4%, mientras que la Comunitat Valenciana registra 48.411 viviendas, con un descenso del 25%. Con estas cifras, la provincia de Alicante concentra el 61,3% de todas las viviendas turísticas de la Comunitat y el 9% del total nacional.
La comparación muestra que la contracción del parque de viviendas turísticas en Alicante es más acusada que la media estatal y ligeramente superior a la autonómica, tanto en número de viviendas como en plazas ofertadas. En España, las plazas vinculadas a viviendas turísticas se sitúan en 1,62 millones en noviembre de 2025, frente a 1,89 millones en noviembre de 2024, lo que supone una reducción del 14%, menos intensa que la observada en la provincia.
Este ajuste estadístico se produce en un contexto de refuerzo normativo y administrativo sobre las viviendas de uso turístico (VUT) en el Consell y en distintos municipios de la provincia. En ciudades como Alicante, el Ayuntamiento ha solicitado formalmente asumir competencias para inspeccionar, sancionar y recaudar multas por infracciones relacionadas con pisos turísticos ilegales, tras constatar un aumento continuado de expedientes entre 2023 y 2025. Según datos municipales, en la ciudad se estiman 4.108 pisos turísticos registrados y 518 ilegales, con un total de 418 expedientes de infracción incoados en tres años.
El refuerzo del control se suma a otras medidas ya en marcha, como la moratoria de licencias y la tramitación de una modificación del planeamiento urbano que fija límites máximos de plazas por habitante para nuevas autorizaciones de alojamientos turísticos.
En otros puntos de la provincia, el debate sobre el papel de las viviendas turísticas presenta matices distintos. En Elche, donde se contabilizan alrededor de 850 pisos turísticos, esta modalidad representa el 51% de la capacidad total de alojamiento, con 4.024 plazas, por delante de hoteles y campings. El municipio ha experimentado una reducción tras la actualización del registro autonómico, que ha introducido filtros más exigentes para la inscripción de viviendas en plataformas digitales.
Mientras tanto, localidades más pequeñas como Polop, han optado por una regulación directa mediante ordenanza municipal, con la prohibición de VUT en el casco antiguo, la limitación al 15% del total de viviendas en determinadas zonas y la exigencia de autorizaciones específicas por parte de comunidades de propietarios. La ordenanza, apoyada en un estudio universitario, introduce criterios diferenciados según el tipo de suelo y el grado de protección patrimonial. No es el único caso. Con el nuevo registro estatal de alquileres de corta duración en vigor desde julio del año pasado y el refuerzo de las competencias locales y autonómicas, la evolución de este tipo de alojamientos va a la baja, aunque la provincia sigue siendo de las que más ofertas de estas plazas ponen sobre la mesa.
