VALÈNCIA. El gobierno autonómico de Carlos Mazón evita recurrir a los derechos de adquisición preferentes de tanteo y retracto para aumentar el parque público de vivienda. De esta forma, mientras en la anterior legislatura, la Generalitat Valenciana de Ximo Puig aprobó una norma que ampliaba los supuestos para poder ejercerlos y utilizó en varias ocasiones estos instrumentos para comprar viviendas, hasta 500 unidades en dos años, no ha sido así con el Consell actual del PP, que no se ha visto seducido por estos mecanismos y en 2024 no realizó ninguna operación bajo estas fórmulas.
El tanteo o retracto son dos derechos de adquisición preferente que posibilitan a la administración, en determinados casos, quedarse una vivienda cuando se va a proceder a su venta -tanteo- o después de que se haya vendido -retracto-. Estaban regulados en la normativa autonómica desde 2004 para las viviendas de protección pública, pero a mediados de 2020 la Generalitat Valenciana, con Unides Podem al frente de Vivienda, aprobó un nuevo decreto que ampliaba los casos, permitiendo a la Generalitat, por ejemplo, intervenir en la venta de edificios entre operadores privados, así como quedarse inmuebles en proceso de subasta por impago de hipoteca o las transmitidas por dación en pago. También, incorporaba como novedad la posibilidad de ceder estos derechos a los ayuntamientos para que ampliaran o crearan sus parques públicos.
El texto fue bastante polémico, pero no impidió que el gobierno autonómico de entonces lo sacara adelante e hiciera uso del mismo con varias operaciones. De hecho, según datos de la actual Conselleria de Vivienda de Susana Camarero, en 2021, primer año completo desde que entró en vigor la nueva norma, la Generalitat Valenciana adquirió 195 viviendas por esta vía. Solo en un par de meses, el equipo que dirigía el entonces conseller de Vivienda Héctor Illueca (Unides Podem) adquirió cinco inmuebles completos formados por cerca de 80 pisos en Valencia y Alicante por cerca de 4 millones de euros. Las compras se dinamizaron un año más tarde, en 2022, con la incorporación de 304 unidades, último ejercicio en el que gobernó al completo la coalición formada por PSPV, Compromís y Unides Podem.
En cambio, ya en 2023 fueron 57, teniendo en cuenta que en julio se consumó el cambio en el Consell tras la victoria del PP en las elecciones autonómicas del 28 de mayo, mientras que en 2024 ha sido un ejercicio 'en blanco', con cero viviendas adquiridas a través del tanteo o retracto.
La mitad de las compras, en la provincia de Valencia
Un análisis más detallado de los datos que maneja la Conselleria de Vivienda revela que poco más de la mitad de las adquisiciones llevabas a cabo entre 2021 y 2023, unas 276 viviendas, se concentran en municipios de la provincia de Valencia, donde su capital, con 84, es la localidad que más adquisiciones registra. Le sigue muy de cerca, no obstante, la ciudad de Sagunto con 79 viviendas, a la vez que otras poblaciones con un número relevante de habitantes, como es el caso de Gandia con 17, reúnen igualmente cifras elevadas. Aun así, y sin salir de la provincia, esa cantidad es superada por Alberic (26) y Sueca (20), mientras que la Pobla de Farnals (14) se sitúa tras ellas.
En Alicante, de nuevo la capital y municipio con más habitantes es la población de la provincia que más acciones contabiliza, con 43, seguida de Monòver, donde se han comprado 36. Del mismo modo, se han registrado más de una decena de adquisiciones en Catral (18), El Pinoso (16) y Gata de Gorgos (13). Y en Castellón, destacan por número sobre todo las compras realizadas por la Generalitat Valenciana en las localidades de Borriana (21) y Castelló de la Plana (10), además de La Vall d’Uixó (8) y Moncofa (8) o Vila-Real (6).
Del mismo modo, es también relevante que de todas las adquisiciones realizadas por la Generalitat Valenciana entre 2021 y 2023, el grueso, unas 545, hayan sido de viviendas libres, y solo once, todas ellas concentradas en el año 2021, son de protección pública de promoción privada (VPP). Estas últimas se ubican todas ellas en la provincia de Alicante, y más concretamente en Alcoi (4), Villena (3), Aspe (3) y Elche (1).
"Política sin coherencia ni rigor"
Desde el departamento que dirige Susana Camarero no ven eficientes estos mecanismos, un hecho que justifica su decisión de no incluirlos como opción en su política de adquisición de vivienda. En este sentido, la Conselleria subraya que su objetivo es "garantizar la inmediata puesta a disposición de las viviendas por parte de las personas demandantes de vivienda pública" y no considera que el tanteo y el retracto cumplan con este cometido.
"El Botánic ejerció una política de adquisición por tanteo sin coherencia ni rigor. Adquirieron viviendas ocupadas, muchas con graves problemas en elementos comunes, que han exigido de inversión en adecuación y reparación, alrededor de 300.000 euros en Alberic que este gobierno ha desbloqueado con el Ayuntamiento", señala. También, apunta a otras 78 viviendas en Moncada, adquiridas en marzo del 2022, y que "a día de hoy no se han podido poner a disposición", así como alude a problemas de "habitabilidad" en el caso de otras 9 unidades en Benidorm.
Por tanto, Vivienda considera que ha sido "una política intervencionista que derivó en un gasto de dinero público en bienes que no han podido cumplir su función". Por contra, destaca que "con cada inversión que realiza este gobierno se busca dar una solución", y por ello, "desde julio de 2023 ha formalizado la adquisición directa de 156 viviendas en perfecto estado que ya han sido puestas a disposición de personas demandantes de vivienda", defienden fuentes de este departamento.
De hecho, cabe recordar que los populares nunca estuvieron a favor de la normativa del Botànic. Tanto es así que 53 senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado la recurrieron ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias del Estado en materia de legislación civil, procesal, mercantil, civil o hipotecaria, señalando, a su vez, que vulneraba el derecho de propiedad. No obstante, el alto tribunal desestimó el recurso al considerar que existe una situación de extraordinaria y urgente necesidad de acceso a la vivienda por parte de colectivos más vulnerables.
Pese a esta oposición, en el Ayuntamiento de València, gobernado por la popular María José Catalá, han optado por una posición diferente y sí han decidido recurrir a estos mecanismos, aunque en casos muy concretos: únicamente para la adquisición de edificios compuestos por 10 viviendas o más, en virtud del principio de eficiencia en la gestión pública. De hecho, el consistorio ejerció el derecho de tanteo para comprar por 30 millones un edificio de 131 viviendas de nueva construcción en el barrio Safranar, que posteriormente destinó de forma temporal a realojar a las familias afectadas por el incendio de Campanar.
- Viviendas en València
- Kike Taberner
En cualquier caso, se trata de una opción más dentro del abanico de fórmulas existentes para ampliar el parque público. Ahora, Vivienda destaca que el compromiso del Consell ha sido centrar sus esfuerzos presupuestarios en "incrementar las ayudas al alquiler, en el apoyo a los ayuntamientos para la adquisición de viviendas para el parque municipal -a los que ya se ha transferido hasta 13 millones en tres subvenciones publicadas en diciembre y enero-, y, en definitiva, optimizar y gestionar los recursos públicos para responder eficazmente a las necesidades de viviendas".
Además, el proyecto estrella de la Conselleria para ampliar las viviendas públicas y buscar una solución a la emergencia habitacional es la construcción 10.000 nuevas viviendas en la Comunitat en esta legislatura. Bautizado como 'Plan Vive', arrancó movilizando suelos públicos a través del modelo de la cesión de derechos de superficie a promotores, pero el poco éxito cosechado, solo 169 viviendas de las 700 previstas, llevó al equipo de Camarero a optar por la fórmula de las permutas. Y, por el momento, se han licitado solares para 1.600 unidades de vivienda VPO en la autonomía valenciana. En concreto, en Alicante se van a desarrollar en las localidades de Elche (73), Alicante (191), Sant Joan (70), San Vicente del Raspeig (126 viviendas), Torrevieja (629), Vila Joiosa (33), y Xàbia (64). Por su parte, en la provincia de Valencia el número es de 386 viviendas en los municipios de Albal (37), Gandía (37), València (61) y Sagunt (233), mientras que en Castelló de la Plana se han licitado 121 viviendas.
