Supongo que lo sabrá, pero por si acaso lo recuerdo: el Ayuntamiento de Benidorm debe pagar, a fecha de julio, 344 millones de euros a dos empresas propiedad del empresario Francisco Murcia Puchades, con las que el consistorio convino, ahora hace 20 años, quedarse con el suelo del paraje de Serra Gelada para incluirlo en el parque natural, a cambio de cederles suelo urbano o urbanizable en otras zonas de la ciudad. El convenio no se cumplió, los propietarios acudieron a la justicia y esta les ha dado la razón en dos instancias. Al ayuntamiento que preside Toni Pérez no le ha quedado otro remedio que acudir al Tribunal Constitucional, no solo para buscar la anulación de las sentencias previas —algo que se antoja harto complicado—, sino también para pedir la suspensión de la ejecución. La interventora municipal ya lo ha dejado claro: de ejecutarse el fallo, el consistorio entraría en quiebra técnica y, por lo tanto, debería prescindir de servicios, inversiones, dejar de pagar la deuda a entidades bancarias y, quién sabe, quizá recortar personal. Ese es el panorama que presenta el gran icono turístico de la Comunitat Valenciana y de España.

Lo fácil aquí es buscar responsables. Bien. Considero que el Ayuntamiento de Benidorm, entonces presidido por Vicente Pérez Devesa, adoptó la decisión correcta: proteger suelo en una zona como la Serra Gelada y evitar que el cemento la cubriera. Posteriormente, el PP revisó esos acuerdos y anuló el convenio, con el aval del Consell Jurídic Consultiu, pero el desenlace ya lo conocemos: el consistorio debió cumplir con el empresario y, por tanto, ha sido condenado al pago de 288 millones, más los intereses, que ya suman 56 millones (hasta julio).

Lo más fácil es responsabilizar a Toni Pérez de la gestión, cuando es una cuestión que viene de lejos y que también tuvo que afrontar el PSOE en los años en los que estuvo en la Alcaldía. Creo que el fondo final —la preservación del suelo protegido— no se discute; quizá el debate esté en la forma de administración, en si el consistorio debió compensar de otra manera o buscar una fórmula para evitar la impugnación y posterior anulación del convenio.

Ahora solo queda una bala: conseguir que el Tribunal Constitucional encuentre cualquier resquicio para anular las sentencias que han dado la razón a los recurrentes. Pero, como es una opción muy remota, quizá lo deseable —no solo para esta ocasión, sino para otras que están bajo amenaza— sea un acuerdo entre los grandes partidos (ya sé que es complicado lo que propongo) para que, en este caso, el Estado asumiera este tipo de indemnizaciones. Digo el Estado porque la Generalitat no se lo puede permitir.

Es verdad que quizá sea un planteamiento injusto —por qué los ciudadanos del resto del país deben pagar una mala decisión o una mala gestión de otra institución—, pero el fin bien vale la pena. Se puede discutir la cantidad, si es excesiva o no, pero debería existir un catálogo de suelos medioambientalmente sensibles o de valor estratégico para que el Estado asumiera su propiedad. Es cierto que no todos los suelos tienen la misma calificación urbanística (ni el mismo dueño), y por tanto, el mismo valor, pero solo la Administración General del Estado puede ser garante de este tipo de terrenos. Debería existir un comité de expertos que hiciera una selección de suelos, evaluara su situación y propusiera su adquisición. Y, en caso de litigios desfavorables o para evitar males mayores, que fuera el Estado quien ejecutara esa compra. O que los Presupuestos Generales —prorrogados o no— contaran con una partida (o fondo) a la que pudieran acogerse los ayuntamientos u otras instituciones en caso de tener que afrontar este tipo de envites administrativos.

Insisto: posiblemente la medida sea injusta, pero el objetivo final sí lo merece. Esto le ha pasado a Benidorm, que no es un municipio rico (solo hay que ver sus presupuestos), aunque sí crea mucha riqueza. Pero si le ocurre a otro ayuntamiento de menor envergadura, lo puede arrasar por completo. Y, pese a ser injusta, la medida también abre otro debate: la fiscalidad interadministrativa. Pero eso lo dejamos para otro día. El peligro que corre Benidorm es evidente: si no suena la flauta constitucional, puede quedar mermado durante unos cuantos años, mientras sus calles, festivales y hoteles se llenan. Menuda paradoja.