BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm se encuentra en una encrucijada: cumplir con el pago de los 288 millones de euros, más los intereses, de la sentencia sobre el suelo del parque natural de Serra Gelada podría afectar su viabilidad. Esto ha quedado claro este lunes, en la reunión de portavoces del ayuntamiento, donde los grupos políticos han sido informados del informe elaborado por la Intervención, que señala una posible quiebra técnica de las finanzas municipales. Tanto el alcalde como el PSOE han hecho referencia a este informe en comunicados separados. El alcalde Toni Pérez ha anunciado que ha solicitado al Tribunal Constitucional que detenga la ejecución de la sentencia a favor de los Puchades, los propietarios del suelo que impugnaron los acuerdos. ¿La razón? Si tuvieran que pagar la cantidad económica, el ayuntamiento se vería obligado a recortar muchos de sus servicios, su política de recursos humanos, inversiones y ayudas. Es decir, no podría funcionar como lo hace actualmente.

Y es que si el Constitucional no aceptara en este momento las demandas de Benidorm, el ayuntamiento tendría que pagar alrededor de 345 millones de euros a las empresas de los Puchades (Murcia Puchades Expasión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL). Esta cantidad resulta de la suma del principal, 283 millones, más los intereses, otros 60 millones, según han informado a Alicante Plaza fuentes municipales. El pago de la sentencia equivaldría a más de dos presupuestos municipales y medio. El presupuesto anual es de 124 millones; es decir, pagar esa cantidad de una sola vez significaría dejar al ayuntamiento sin actividad durante dos años y medio.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Benidorm, como todos, tiene obligaciones legales que cumplir. No solo por su población de alrededor de 75.000 habitantes, sino también por la generada por el turismo, que se estima en unas 250.000 personas si se incluye la población flotante. Ante la perspectiva de tener que pagar la deuda, la Intervención municipal sugiere que el ayuntamiento debería priorizar los servicios esenciales o gastos corrientes (limpieza, iluminación, recolección de residuos, etc.), que ascienden a unos 50 millones. También se deberían destinar 15 millones a inversiones reales. De estas partidas apenas se podrían hacer recortes, como en las ayudas a Cultura, Igualdad o Fiestas, pero en todo caso, serían sacrificios mínimos. Los servicios no obligatorios suman como máximo tres millones de euros, a los que se sumarían otros 4 millones en transferencias no obligatorias.

En otros aspectos, como en Personal o pago de la deuda municipal (estimada en 57 millones), la Intervención señala que los gastos también están ajustados. El gasto en Personal asciende a 41 millones; la deuda con los bancos debe ser pagada, especialmente después de la modificación de la Constitución en 2011, que obliga a todas las instituciones públicas a saldar sus deudas. Por lo tanto, la única cantidad que se podría sacrificar son las ayudas directas o los gastos de ciertos concejales. En resumen, la Intervención considera "imposible pagar la deuda de la sentencia", de lo contrario, el ayuntamiento estaría en quiebra técnica y no podría cumplir con los servicios obligatorios por ley.

¿Cuáles son las alternativas propuestas? Según ha informado a Alicante Plaza estas fuentes municipales, en caso de ser necesario, se podría establecer un calendario de pagos parciales; involucrar a otras administraciones estatales y autonómicas para obtener recursos adicionales, y mantener litigios abiertos para intentar revertir la sentencia, como ha hecho el ayuntamiento al acudir al Constitucional.