El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, prometió el viernes que su partido asumirá las responsabilidades políticas que le correspondan por la tragedia de la Dana cuando se llegue "al final" de la investigación. "¡Tan largo me lo fiáis!”, le podría haber respondido Mazón a la manera de Don Juan Tenorio. Era la constatación, por si nos quedaba alguna duda, de que Mazón no va a dimitir ni el PP le va a empujar a hacerlo.

La estrategia del PP, que se va aclarando después de tantos vaivenes, tiene una doble ventaja para Mazón: despeja su futuro a corto plazo y, lo que es más importante, lo liga al devenir del proceso judicial, donde es poco probable que acabe imputado y mucho menos condenado.

Como ya comenté en el último Billete, los partidos políticos y no pocos medios de comunicación caen en el error de vincular la responsabilidad política a la penal, de manera que si no hay imputación, apertura de juicio oral o condena –donde cada uno quiera poner la línea roja–, no habrá responsabilidad política. Y lo que no hay es vergüenza. Vergonya, senyors, vergonya!

Se entiende que esta sea la estrategia del político al que se pide la dimisión, porque a algo se tiene que agarrar, pero no que la oposición esté agitando autos judiciales para reclamar lo que no necesita más argumentos: miles de valencianos pedían auxilio el 29 de octubre y el presidente no estaba, y cientos de miles quedaron “desamparados” –como dijo el martes Juan Roig– los días siguientes porque la ayuda oficial no llegó. En lo que pasó días siguientes se pone menos énfasis a la hora de pedir la dimisión de Mazón, quizás porque el desamparo tuvo otros responsables políticos. Hasta la jueza lo dejó fuera de la investigación, decisión que merece un comentario al final de esta columna.

• Foto: ROBER SOLSONA/EP

Tampoco se entiende del todo la línea de investigación seguida por la jueza de Catarroja, aplaudida en sus primeras decisiones por la diligencia y la determinación mostradas –también aquí en una columna–, pero cuestionada cada vez más por los abogados de las acusaciones personadas en el caso. Cuestionan, sobre todo, determinadas conclusiones rotundas expresadas por la instructora en sus escritos cuando todavía está recabando informes y solo ha tomado declaración a las víctimas.

Por ejemplo, su empeño en atribuir la exclusiva responsabilidad de lo ocurrido a la Administración autonómica con la reiterada exculpación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, señalado por la Generalitat y por varias acusaciones, a quien no ha llamado ni como testigo para que explique, por ejemplo, si además de enviar los datos de caudal del barranco del Poyo por los conductos habituales como cualquier otro día, no pensó el 29 de octubre por la tarde que su deber era alertar verbalmente a quienes en el Cecopi no eran conscientes del peligro que representaban esos datos para los habitantes de los pueblos por donde pasa el barranco; o qué hizo y a quién llamó en la hora en que estuvo desconectado del Cecopi, y qué dijo, si es que dijo algo, cuando volvió a conectarse a las 19.05h y vio que la única preocupación en el centro de coordinación era la presa de Forata y no el barranco del Poyo.

La jueza ha concluido que Polo cumplió con sus obligaciones y que había “sobrada” información a disposición de la Generalitat pero que no se manejó bien. Ciertamente, por parte de la Aemet, señalada también por el Consell, ha quedado acreditado que avisó por tierra, mar y aire, y sirva como muestra este tuit del 29 de octubre a las 11.44 h.

Tras esa conclusión, la instructora parece convencida de que quien no manejó bien la información y no tomó las decisiones correctas fue exclusivamente el Gobierno autonómico porque ostenta el mando del Cecopi, del que forman parte 29 personas que saben mucho de Emergencias y a los que aún no ha tomado declaración.

Además, considera “extraño que se pretenda descargar en los técnicos el contenido del mensaje” de Es-alert enviado a las 20.11h, mensaje que ya calificó en otro auto de “tardío y erróneo”. Y uno quiere pensar que el mensaje no lo redactó en solitario Salomé Pradas –exconsellera que dirigía el Cecopi y ha sido citada como imputada–, ni el ex secretario autonómico Emilio Argüeso –único integrante del Cecopi citado como imputado además de Pradas–, ni Mazón –al que no puede imputar por ser aforado, pero ha señalado ofreciéndole ir a declarar asistido por un abogado–, sino que alguno de los otros integrantes del Cecopi, sobre todo los uniformados que están allí porque son especialistas en Emergencias, tendría algo que ver.

Atribuir la responsabilidad penal exclusivamente a los altos cargos de la Generalitat puede llevar a una instrucción politizada –no olvidemos que entre las acusaciones populares hay partidos políticos– cuyo resultado acabe decepcionando a las víctimas. La jueza apunta alto, pero no sería la primera vez que una instrucción queda en nada por querer cobrarse solo la pieza mayor. Por ejemplo, algunas de las que afectaron a Francisco Camps dirigidas por el ex fiscal anticorrupción Vicente Torres. Porque la responsabilidad política está muy clara pero la penal hay que probarla.

• Foto: DIEGO RADAMÉS/EP

Hablando de fiscales, cabe destacar la poca presencia de la Fiscalía en los autos de la jueza de Catarroja. El Ministerio Fiscal asignó a cinco profesionales a trabajar en el caso, pero, a diferencia de otros procesos complejos, no están teniendo protagonismo y es la instructora la que tira para delante sin esperar los escritos de la Fiscalía. Puede que eso explique la rapidez a la que avanza la investigación. Eso, y que la instructora, con buen criterio, haya rechazado la petición, precisamente de la Fiscalía, de un informe de la UCO de esos que tardan meses o años. Si hay que interrogar a alguien, ya lo hace ella, no le hace falta una instrucción policial paralela.

Otrosí: El 10 de marzo la jueza elevó la cifra de muertos por la Dana en Valencia a 225, además de los tres desaparecidos. Según el TSJCV, la última víctima es una mujer que “padecía leucemia, requería transfusiones periódicas de sangre y asistencia respiratoria con oxígeno y, después de quedar sin esa asistencia, falleció en el Hospital de La Fe el 12 de noviembre”. 

La decisión abre varios interrogantes: ¿Ha preguntado a la Conselleria de Sanidad antes de llegar a esa conclusión? ¿Cuánto tiempo quedó esta persona sin asistencia después de la Dana y quién es responsable de que no la recibiera? ¿Significa eso que la jueza sí va a indagar sobre la tardía ayuda oficial los días posteriores al 29 de octubre, que en uno de sus primeros autos dejó expresamente fuera de la investigación por no haber, según ella, “nexo causal” con las muertes?