Alicante Plaza publicó el pasado domingo una entrevista al presidente de la Cámara de Comercio de Orihuela, Mario Martínez, en la que denunciaba la pésima gestión del Ayuntamiento de Orihuela en materia empresarial y la pérdida de peso económico respecto al resto de la comarca; la falta de grandes proyectos en la Vega Baja y, sobre todo, la ausencia de liderazgo comarcal que permita tener una voz —sea del signo que sea— que lleve las reivindicaciones a los lugares de influencia. No es que fuera una reivindicación fuera de lugar; es más, cualquier reivindicación empresarial tiene unas asignaturas coincidentes, pero es significativo que el diagnóstico sea tan cercano como contundente.

De esta manera, Martínez pone voz y rostro a las carencias de su comarca. Y lo hace de primera mano, conocedor del terreno y del tejido empresarial. No creo que sea sospechoso de pertenecer a la izquierda más radical por cantar las verdades del barquero sobre la situación de una comarca y su capital que sufre la falta de inversiones como otras, pero que además paga el peaje de la lejanía respecto a los centros de poder. Sin embargo, su fusión con el mensaje político de la fuerza dominante —el PP— le resta visibilidad a otras necesidades o difumina la gestión de algunos de sus políticos, que es precisamente lo que viene a decir Martínez.

El mensaje político de la Vega Baja se relativiza siempre con los mismos temas: la falta de agua, los recortes al trasvase o el rechazo al valenciano. ¿Y después qué? Eso es lo que trata de poner sobre la mesa el presidente de la Cámara y, en concreto, en el caso de Orihuela, que debería ejercer la capitalidad, cuando menos económica y política, y no lo hace. Su inmovilismo es tal que se podría decir que pierde más tiempo en defenderse de un enemigo teórico que en enarbolar proyectos de futuro que le confieran peso e influencia. Un amigo del PP siempre me dijo que los curas no querían líos ni conflictos y que, por eso, no facilitaban —en caso de tener algo que decir— la llegada de una hipotética industria que pudiera contrarrestar la agricultura, la actividad dominante en el pasado.

Quizás eso explique el esplendor de otros núcleos económicos, como bien señala Martínez: Almoradí, con su industria auxiliar y de servicios; Torrevieja, con el turismo residencial; o San Isidro, con su centro logístico. Orihuela sí es fuerte en algo: en el sector inmobiliario, pero el negocio está a 30 kilómetros de su núcleo urbano, mientras el centro histórico languidece los fines de semana o tras la fiesta del Oriol.

La Vega Baja vivió un momento de esplendor con la llegada de Zaplana al Gobierno de la Generalitat. Sin tanta deuda como ahora, el Gobierno valenciano trazó una importante y sólida red de carreteras; se construyeron colegios y centros de salud, y se puso una universidad; se resolvió la crisis del río Segura y su contaminación con fondos europeos destinados a depuradoras y nuevos canales de riego. Más tarde, con Camps, se edificó el segundo hospital de la comarca bajo el modelo de gestión indirecta, así como el Auditorio de Torrevieja, no sin problemas para su puesta en marcha. Es decir, se solventó lo básico en los primeros mandatos del PP, pero con el tiempo y la llegada de las sucesivas crisis, las inversiones menguaron —como en otras comarcas— y quedaron en el cajón otros proyectos básicos, cuya falta ha dejado en evidencia el aumento del flujo turístico o los efectos de los temporales.

Tres ejemplos de obras pendientes que afectan a todas las administraciones: el cauce del río Segura no se desvía a su paso por Orihuela —las malas lenguas dicen que a algún empresario no le conviene que le expropien ese suelo—; la duplicación de la N-332 a su paso por Torrevieja, que se ha convertido en una pelota de tenis entre el Gobierno local y el Ministerio de Transportes —unos por otros, la casa sin barrer—, también con expropiaciones pendientes a algún empresario de pasado esplendoroso.

Y, por último, la carretera autonómica CV-95, que debe conectar Orihuela con el litoral de Torrevieja. El Botànic se despistó con su ejecución, pero el PP actual la ha prometido y no acaba de arrancar. A los empresarios les duele que el tramo entre la autopista y el hospital no acabe de ejecutarse. Y les duele aún más que el desdoble de la N-332, que debería mejorar las conexiones viarias con el aeropuerto, tampoco complete sus tramos pendientes.

Esa es la situación que no menciona Mario Martínez, pero que cualquier gestor público conoce. Resulta que la ciudad que es cabeza de comarca no es capaz de poner en orden un polígono que, desde la DANA de 2019 —hace ya seis años—, no levanta cabeza ni aprovecha los flujos de ser la huerta de Europa. Y la ciudad que tiene uno de los precios de la vivienda más altos de la Comunitat y de España —la costa de Orihuela— tampoco tiene la influencia suficiente para lograr la finalización de la CV-95, de las que debería y podría beneficiarse. ¿Que el Gobierno tiene parte de responsabilidad en algunas infraestructuras? También. Pueden existir matices, pero el presidente de la Cámara de Comercio tiene parte de razón.

Sin embargo, no basta con decir que nos quieren recortar el trasvase o imponer el valenciano. Hay otras cosas que podrían hacerse desde la Vega Baja aprovechando los flujos económicos creados. Incluso políticas preventivas ante el cambio climático —solo hay que ver qué pasa en cada Dana que azota ese territorio—. Pero para eso hay que hacer, y a veces molestar. Y eso puede costar votos... aunque el temor es que vayan al actual enemigo del PP. Esa es la pesadilla: que la inacción popular la rentabilice otro. Y ese no es precisamente Pedro Sánchez.