ELCHE. Las recientes declaraciones del alcalde de Elche, Pablo Ruz, criticando la rigidez de los planes territoriales técnicos como el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) y el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL), llevan al debate político una cuestión que debería estar más que superada: el valor económico de la planificación técnica frente a la percepción ideológica.

El alcalde calificó estos planes de "castaña" en el contexto de la gestión de barrancos y la prevención de inundaciones, sugiriendo que la aplicación de criterios técnicos abstractos ignora la realidad y el peligro que afrontan los ciudadanos. Sin embargo, la evidencia económica y la experiencia de catástrofes recientes demuestran que ignorar o debilitar estos instrumentos técnicos es, de lejos, la decisión más costosa.

Marco normativo europeo y español: la fundamentación jurídica de la planificación técnica

La planificación técnica en materia de prevención de inundaciones no surge de la arbitrariedad administrativa, sino de un marco normativo europeo y estatal sólido y vinculante. La Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, estableció un nuevo paradigma en la gestión del riesgo hídrico en la Unión Europea, priorizando medidas preventivas y la coordinación entre administraciones.

Esta directiva fue transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que regula la elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo, y los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI).

En la Comunitat Valenciana, el PATRICOVA, aprobado inicialmente en 2003 y revisado mediante el Decreto 201/2015, de 29 de octubre, constituye el principal instrumento de ordenación territorial sectorial en materia de inundaciones. Su naturaleza es vinculante, lo que obliga tanto a la administración como a los particulares a cumplir sus disposiciones, y exige adaptar los planes urbanísticos a sus determinaciones. Desde su aprobación, el PATRICOVA ha tramitado más de 1.500 expedientes relacionados con riesgo de inundación, abarcando cerca de 300.000 hectáreas.

El PATIVEL, aprobado por Decreto 58/2018, de 4 de mayo, complementa esta arquitectura normativa protegiendo la infraestructura verde litoral y los ecosistemas costeros, esenciales para mitigar riesgos y conservar servicios ecosistémicos con valor económico, aunque a menudo invisibles en la política a corto plazo.

Por su parte, los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) 2022-2027, elaborados por las Demarcaciones Hidrográficas del Júcar, Segura y Ebro, identifican zonas de riesgo potencial significativo, elaboran mapas de peligrosidad con periodos de retorno de 10, 100 y 500 años, y priorizan medidas estructurales y no estructurales mediante rigurosos estudios coste-beneficio.

El valor económico de la prevención: evidencia cuantitativa del PATRICOVA y los PGRI

Los datos del PATRICOVA demuestran que la planificación preventiva genera ahorros económicos sustanciales. Según la Generalitat Valenciana, desde 2003 hasta 2015 el plan ha evitado la construcción de unas 100.000 viviendas en zonas inundables, lo que ha supuesto un ahorro estimado de 300 millones de euros en daños potenciales y la protección de 250.000 personas.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha realizado análisis coste-beneficio de las 30 principales obras de defensa frente a inundaciones. Entre 2018 y 2023 se modelizaron 90 escenarios hidráulicos sobre 154.000 hectáreas y 792 km de cauces.

El resultado: 175.000 personas dejarían de estar afectadas por inundaciones con periodo de retorno de 100 años, y 225.000 por las de 500 años, con un ahorro total de 600 millones de euros respecto a las propuestas iniciales gracias a la optimización técnica.

Estas evaluaciones usan criterios como el Valor Actualizado Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el ratio Beneficio/Coste (B/C). La reducción del Daño Anual Esperado (DAE), validada por el CEDEX en 2021, convierte la prevención en una inversión con retorno medible.

Ratios internacionales: la prevención como inversión rentable

La Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) estima que el coste de reaccionar ante un desastre es de 4 a 7 veces superior al de prevenirlo. Su informe Peligros naturales, desastres evitables señala que una inversión global de 1,6 billones de euros en prevención evitaría pérdidas de 6,4 billones, con un ratio 1:4.

El Banco Mundial cuantifica que cada dólar invertido en infraestructura resiliente genera 4 dólares de beneficio, y que los sistemas de alerta temprana pueden ahorrar entre 3.000 y 16.000 millones anuales con una inversión de 800 millones.

En América Latina, los países destinan apenas entre el 0,1% y el 2,5% de sus presupuestos a prevención, mientras el 78% se gasta en respuesta y reconstrucción, perpetuando el ciclo del desastre.

Exposición nacional: 122.000 millones en riesgo

Un estudio de la Universidad de Almería (Cánovas-García, 2024) cifra en 3,26 millones de personas (6,9% de la población española) las que viven en zonas inundables, con 122.000 millones de euros en activos expuestos, concentrados sobre todo en la Vega Baja del Segura, el Guadalquivir, Valencia y el Ebro medio.

El coste catastrófico de ignorar los planes técnicos: la DANA de octubre de 2024

La DANA de octubre de 2024 en la provincia de Valencia mostró el precio de la desatención técnica.

• - Según BBVA Research (2025), el impacto económico alcanzó el 0,65% del PIB nacional; el empleo provincial cayó 1,4 puntos.
• - CaixaBank Research estimó una contracción del 0,1–0,2% del PIB nacional, mientras el IVie cifró en 90 municipios los afectados.
• - Christian Aid incluyó el evento entre las 10 catástrofes climáticas más costosas del mundo en 2024, con pérdidas aseguradas de más de 4.000 millones de euros.

Lo más grave: muchas de las zonas afectadas estaban ya identificadas como inundables por el PATRICOVA y los PGRI. El desastre fue, en gran parte, evitable.

Por qué la “limpieza de cauces” no siempre es la solución

Otro punto importante a aclarar, malentendido por esta y otras muchas administraciones, es que la vegetación riparia cumple funciones esenciales: reduce la velocidad del agua, estabiliza márgenes y atenúa la erosión.

• - Investigadores como Margalef (1978), Pautou y Wuillot (1989) o Alfredo Ollero (2009, 2015) demuestran que eliminarla indiscriminadamente aumenta el riesgo aguas abajo.
• - Las crecidas son procesos naturales que recargan freáticas y regeneran hábitats, no anomalías que deban evitarse a toda costa.
• - Por eso los planes como el PATRICOVA exigen análisis hidrogeomorfológicos caso por caso, en lugar de limpiezas generalizadas sin criterio técnico.

Propuestas para fortalecer la aplicación de los planes técnicos

La frustración expresada por el alcalde de Elche ante la lentitud administrativa refleja un problema real en la gestión del riesgo: la distancia entre la urgencia política y el ritmo de la tramitación técnica. Sin embargo, esa tensión no debe resolverse debilitando los instrumentos de planificación, sino transformándola en una oportunidad para mejorar su aplicación práctica.

En este sentido, pueden señalarse una serie de acciones concretas que permitirían avanzar desde la queja hacia la solución, demostrando que la burocracia puede ser compatible con la eficacia si se gestiona con criterio técnico y voluntad política. Desde aquí se propone:

Refuerzo del cumplimiento del PATRICOVA

Promover la aplicación coherente y uniforme del PATRICOVA en nuevos desarrollos urbanísticos, especialmente en zonas clasificadas con alta peligrosidad de inundación. Se recomienda mantener una moratoria preventiva en la reclasificación de suelos inundables, salvo cuando existan estudios hidrológicos y de adecuación urbanística que acrediten la viabilidad técnica y la compatibilidad con el riesgo.

Aceleración coordinada de las medidas PGRI

Impulsar la ejecución de las actuaciones priorizadas en los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI), aprovechando los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Se propone reforzar la coordinación interadministrativa (Confederaciones Hidrográficas, Generalitat, Ayuntamiento) para asegurar su implementación en los plazos previstos.

Programa de monitorización integral de barrancos

Desarrollar un sistema permanente de observación y gestión de barrancos que combine eficacia hidráulica y sostenibilidad ecológica (ya anunciado). Las intervenciones deberían centrarse en puntos críticos identificados mediante análisis técnicos, evitando actuaciones generalizadas sin base hidrogeomorfológica.

Informes públicos de seguimiento con indicadores medibles

Potenciar la transparencia mediante informes bienales que incluyan indicadores cuantitativos de aplicación (superficie adaptada, obras ejecutadas, población protegida, inversiones realizadas), en línea con lo previsto en el artículo correspondiente del PATRICOVA.

Revisión de los mecanismos de cumplimiento normativo

Evaluar la conveniencia de establecer instrumentos de responsabilidad y control para los casos de incumplimiento de la normativa sobre riesgo de inundación, garantizando que los costes derivados no recaigan exclusivamente en la ciudadanía.

Creación de una ventanilla única de tramitación

Promover la simplificación administrativa mediante una ventanilla única que permita la tramitación simultánea y coordinada de actuaciones en cauces entre Confederaciones Hidrográficas, Generalitat y Ayuntamientos, reduciendo plazos sin comprometer el rigor técnico.

Conclusión: el coste de no actuar

El debate suscitado por las palabras del alcalde de Elche no trata solo de trámites, sino de gobernanza del riesgo: ¿invertimos hoy en prevención o pagamos mañana por catástrofes evitables? Cada euro invertido en prevención ahorra entre cuatro y siete euros en reconstrucción.

Los 300 millones de euros ahorrados por el PATRICOVA y los 600 millones optimizados por los PGRI no son cifras abstractas, sino recursos reales que permanecen en la economía. Por el contrario, los más de 4.000 millones perdidos en la DANA de 2024 son el precio de la desatención técnica.

El reto no es tener menos planificación, sino una planificación más ágil y rigurosa. En una era de cambio climático, PATRICOVA, PATIVEL y PGRI no son obstáculos, sino nuestra primera línea de defensa racional. Ignorarlos no es valentía política: es irresponsabilidad fiscal y un riesgo para vidas humanas.

 

 

Referencias

BBVA Research. (2025, octubre). Quantifying the economic impact of extreme climate events: evidence from the Valencia floods. Madrid: BBVA Research.

CaixaBank Research. (2024, diciembre). Impacto económico de las inundaciones en la provincia de Valencia. Barcelona: CaixaBank.

Cánovas-García, F., & Vargas Molina, J. (2024). An exploration of exposure to river flood risk in Spain using the National Floodplain Mapping System. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 16(1). https://doi.org/10.1080/19475705.2024.2421405

CEDEX. (2021). Guía metodológica para el análisis coste-beneficio de actuaciones estructurales de defensa frente a inundaciones. Madrid: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (MITECO).

Christian Aid. (2024). Counting the Cost 2024: A year of climate breakdown. Londres: Christian Aid.

Consell de la Generalitat Valenciana. (2015, 29 de octubre). Decreto 201/2015 por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA). València: DOGV.

Consell de la Generalitat Valenciana. (2018, 4 de mayo). Decreto 58/2018 por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL). València: DOGV.

Parlamento Europeo y Consejo. (2007, 23 de octubre). Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. Diario Oficial de la Unión Europea, L 288, 27–34.

Margalef, R. (1978). Life-forms of phytoplankton as survival alternatives in an unstable environment. Oceanologica Acta, 1(4), 493–509.

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). (2007). Las alteraciones geomorfológicas de los ríos. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente.

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). (2023). Resumen ejecutivo de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) de segundo ciclo (2022–2027) en las cuencas intercomunitarias. Madrid: MITECO.

Ollero, A. (2015). Guía metodológica sobre buenas prácticas en restauración fluvial. Manual para gestores. Zaragoza: Contrato del río Matarraña.

Ollero, A., Ibisate, A., & Elso, J. (2009). El territorio fluvial y sus dificultades de aplicación. Geographicalia, 55, 37–62.

Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. (2010, 15 de julio). Boletín Oficial del Estado, núm. 171.

UNDRR (Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres). (2020). Peligros naturales, desastres evitables: la economía de la inversión en reducción del riesgo de desastres. Ginebra: UNDRR.

IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). (2025, enero). Alcance e impacto de la DANA en la Comunitat Valenciana. València: IVIE.