Estoy seguro de que, si estuviéramos en un mandato convencional en la Comunitat Valenciana, lo que pasa en Dénia se daría en muchas ciudades donde no coincide el signo político del Gobierno de la Generalitat y el del ayuntamiento de turno. Pero la Dana lo ha condicionado todo. Y el PP de Mazón, al que le gusta el choque político, mantiene en la capital de la Marina Alta un constante roce con los gobernantes de la ciudad. A veces porque puede, a veces porque se dan las circunstancias, y a veces porque los propios gobernantes locales caen en la trampa de la Generalitat.

La cuestión es que, desde que comenzara el mandato, la Generalitat y el consistorio dianense viven en una fricción permanente. Podría haber sido mayor si finalmente el Consell hubiera prorrogado la concesión a Marina Salud en la gestión del hospital comarcal. Pero el hartazgo social en la comarca era tal que ni los propios representantes del PP en la zona lo defendían. La vuelta del Hospital de Dénia al sistema público no ha calmado las relaciones; al contrario, el PP ha utilizado Dénia como un campo de batalla. Primero lo hizo con el nombramiento de la portavoz y lideresa de los populares, Pepa Font, como comisionada del Puerto de Dénia, y después con una serie de decisiones para cuestionar o enmendar distintas actuaciones proyectadas por el Botànic sobre suelo dianense y, especialmente, en la franja litoral.

Con el cambio de gobierno en la Generalitat, Dénia perdió el instituto de FP proyectado para los oficios del mar; como en otros municipios, algunos anuncios del Plan Edificant han pasado a segundo plano, y la segunda residencia para la Tercera Edad ha sido pospuesta a años venideros. En resumen: eso, en cuanto a obras públicas (seguro que hay más).

Si vamos al urbanismo, el campo de batalla es más amplio, también con el Puerto de Dénia como telón de fondo. Hace meses, el equipo de gobierno de la ciudad puso el grito en el cielo porque la Conselleria de Infraestructuras había modificado los parámetros de edificabilidad de la ronda de acceso al puerto, elevando las alturas y, por lo tanto, “cambiando el modelo diseñado por el consistorio”. También en las inversiones para mejorar el tráfico hacia la dársena hubo discrepancias: el departamento de Martínez Mus y el consistorio se enfrentaron públicamente sobre las soluciones para mejorar el acceso al puerto, que en los meses de verano se convierte en un punto negro donde conviven el tráfico de veraneantes con el de los usuarios que conectan con Baleares.

Y si quieren otro ejemplo: la gestión del litoral y la Ley de Costas. La regeneración de las playas del norte y el posterior deslinde ejecutado por el Ministerio de Transición Ecológica han supuesto otro capítulo más de esta fricción. El Gobierno hizo las obras en las playas, con las que se ganó anchura para hacer frente a la regresión, con una inversión millonaria (la ejecutada y la que está por llegar), y posteriormente continuó con el deslinde de la zona marítimo-terrestre, que fija qué terrenos pasan a ser de dominio público, con nuevas condiciones y bajo tutela estatal. La ejecución de este deslinde —y otros— llevó a la Generalitat a elaborar una nueva Ley de Costas Valenciana con el objetivo de preservar los núcleos etnológicos de alto valor cultural y patrimonial. Pero la decisión final depende de la Administración central: la Generalitat puede instar a su protección, pero es la Dirección General de Costas quien debe estimarlo. Si hay una demarcación que ha vivido esa batalla, ha sido Dénia, con manifestación incluida y con el director general de Costas del Gobierno valenciano, Marc García, megáfono en mano, envalentonando a las masas.

Y hay muchos más capítulos de esta batalla. El último, el de esta semana: sacar a concesión una zona litoral junto al puerto para un espacio de ocio y hostelería que empezó a gestarse en 2023, tras el cambio de Gobierno. Otra vez, las mismas reacciones: el PP defendiendo la actuación y el Botànic local denunciando que la iniciativa se hacía a espaldas del consistorio, o simplemente, contra el consistorio.

Por si alguien tiene dudas, la batalla está más que servida. Fundamentalmente en Dénia. Creo que es de los pocos sitios donde el PP de Mazón aún puede mantenerla. Si uno observa otros municipios gobernados por el mismo signo político, verá que esa cruenta pugna administrativa no se replica. El PP en Dénia tiene poco que perder y mucho que ganar, máxime si un sector del empresariado y de los propietarios le empuja a ello. Lo curioso es que, en estas escaramuzas, al Botànic local siempre lo pilla con el pie cambiado o condicionado por decisiones del Gobierno central. En todos los embates va por detrás de los acontecimientos. Sólo con el tranvía Dénia-Gandía ahora lleva la iniciativa en el discurso: ni está ni se le espera, dadas las circunstancias del mandato, pues la prioridad es otra (tampoco es que en la etapa de Ximo Puig tuviera mucha velocidad que digamos). Y así están muchos ayuntamientos, incluidos algunos del PP que confiaron que con el cambio de gobierno llovería el dinero del cielo. Pero en todo aquello que no cuesta dinero, da la sensación que el PP, al menos, en Dénia, va por delante (bien sea por el interés general, bien por buscar una solución a los puntos ciegos de la ciudad, bien por promover el capitalismo de amiguetes). Al menos, eso se percibe desde la distancia.