ALICANTE. La declaración de los letrados de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Alicante en la tercera sesión del juicio por el supuesto fraccionamiento de contratos del llamado caso Comercio, celebrada este miércoles, viene a contradecir las apreciaciones formuladas por el interventor municipal en su testimonio del martes, lo que acrecienta aún más las dudas sobre si fue o no legal el procedimiento por el que se tramitaron los 25 encargos bajo sospecha, entre noviembre y diciembre de 2016, bajo el mandato del socialista Gabriel Echávarri (presentó su dimisión en abril de 2018).
El exprimer edil (que también ejercía como edil de Comercio en el momento de los hechos) y dos de sus asesores, Lalo Díez (jefe de Gabinete de Alcaldía) y Pedro de Egea (asesor de la concejalía de Comercio), se sientan en el banquillo de los acusados como supuestos responsables de un delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía solicita para los tres una pena de 10 años de inhabilitación, mientras que sus respectivas defensas plantean su absolución.
En la sesión de este miércoles se había programado la declaración de Manuel Cordón y Pablo Núñez de Cela, dos de los máximos responsables de la Asesoría Jurídica municipal. Es decir, el departamento adscrito jerárquicamente a la Alcaldía que se encarga de asistir para garantizar la seguridad jurídica de las decisiones municipales, por mandato directo del alcalde, del concejal en el que se delegue la competencia de Servicios Jurídicos, de la Junta de Gobierno o del pleno.
El primero en prestar testimonio ha sido Manuel Cordón, el letrado jefe del servicio que firmó el informe jurídico solicitado a instancias del interventor municipal en el momento en el que trascendieron las dudas sobre el presunto fraccionamiento. Dicho informe, según Cordón, se elaboró con el fin de que se aclarase cuál es el procedimiento requerido para tramitar contratos menores y determinar cuándo existe fraccionamiento. Cordón -que ha explicado que él no redactó el informe, pero que sí lo suscribió al compartir plenamente su contenido- ha confirmado que en ese documento no se incluían conclusiones definitivas sobre si existió o no fraccionamiento de contratos. No se incluían porque resolver sobre esa cuestión "era una competencia de la intervención" y no se podía interferir en el ámbito de las funciones de otro órgano municipal, según ha explicado. "La Ley de Haciendas Locales establece que la competencia de control y fiscalización de cuestiones financieras es del interventor, por lo que no podíamos invadir ese ámbito", ha apuntado Cordón.
Sea como fuere, además, ha señalado que, después, tras mantener una reunión para tratar sobre el asunto con el propio Echávarri, le expuso que, en su opinión, "no existió fraccionamiento" y que en todo caso podía haberse producido una "irregularidad administrativa". A preguntas del fiscal, Felipe Briones, Cordón ha añadido que llegó a esa impresión tras analizar la memoria elaborada por el asesor de Comercio, Pedro de Gea, en la que pudo comprobar que los contratos no tenían una relación de interdependencia entre sí y que, por lo tanto, no constituían una unidad funcional. Con todo, ha señalado que esa opinión no se plasmó por escrito en un informe porque no se le solicitó desde Alcaldía, ni desde la Junta de Gobierno.
En esta línea, ha apuntado que si el interventor hubiese apreciado que existía fraccionamiento, debió haber emitido un dictamen de reparo, lo que habría permitido que se emitiese un hipotético informe para tratar de levantar ese reparo con una argumentación jurídica. Sin embargo, ese supuesto (el dictamen de reparo del interventor) no se dio. Se optó por plantear una solución alternativa: la anulación del procedimiento de pago de los 25 contratos por el procedimiento ordinario, para que se abonasen por el trámite de reconocimiento de crédito extraordinario.
A preguntas de los letrados de la defensa, además, ha reafirmado que, en el momento en el que se tramitaron los contratos menores objeto de controversia, sólo se requería para su tramitación la presentación de la correspondiente factura. También ha sostenido que el jefe de servicio de Comercio, Diego Agulló, había explicado que los servicios contratados se habían prestado y, además, a precio de mercado. Y, por último, ha precisado que "absolutamente nadie" le presionó para que actuase de un modo u otro en relación a los encargos de la polémica. "Ninguno de los alcaldes me ha manifestado presión alguna a lo largo de mi trayectoria", ha dicho.
Los letrados de la Asesoría Jurídica alegan que no incluyeron conclusiones en su informe sobre los contratos bajo sospecha porque el control y fiscalización de cuestiones financieras "es competencia del interventor"
Tras Cordón, ha comparecido el letrado asesor Pablo Núñez de Cela: el autor material del informe de la Asesoría Jurídica. Y como su predecesor, ha confirmado que en su opinión tampoco existió un fraccionamiento. En esta línea, ha coincidido en que así lo manifestó en esa reunión con Echávarri en la que participó junto a Cordón. Y también ha ratificado que el informe que él elaboró no recogía conclusiones ni se pronunciaba sobre la existencia o no de fraccionamiento porque ese extremo era de la estricta competencia del interventor.
Además, también ha abundado en que el informe se realizó para favorecer "una solución" como procedimiento extraordinario, ya que lo solicitó el interventor municipal cuando no tenía capacidad jerárquica para solicitarlo. "La Asesoría Jurídica depende de Alcaldía", ha ratificado, en la línea de las manifestaciones de Cordón. En todo caso, ha recalcado que aunque el informe lo hubiese solicitado el alcalde de manera directa (como hubiese sido preceptivo), su contenido habría sido el mismo: no se habría concluido si había o no fraccionamiento de contratos puesto que eso correspondía decidirlo al interventor.
Respecto al papel de Echávarri, ha señalado que él era conocedor de que el interventor había pedido un informe a Asesoría Jurídica y que, cuando se planteó la solución de la anulación de los contratos, no puso ninguna objeción. En relación al procedimiento para tramitar contratos menores, ha señalado que la firma del concejal correspondiente es la última que sanciona el procedimiento y ha expuesto que un asesor municipal no puede firmarlos porque no tiene competencias para ello. En todo caso, "en el día a día de una concejalía se entiende que podría encargar su tramitación", ha dicho, "siempre que él fuese el vehículo transmisor de la orden del concejal".
Al ser preguntado sobre su opinión sobre la fórmula de los contratos menores ha señalado que debería aplicarse de forma "restrictiva". Eso sí, ha apuntado que se trata de un procedimiento de contratación "ágil, útil y legal". Y, por último, ha señalado que para que existiese fraccionamiento de contratos tendría que darse el supuesto de "conectividad absoluta" entre los encargos, sin que tuviese ninguna relación el hecho de que se tramitasen en una misma fecha o a un mismo proveedor.
